Hay territorios donde defender un río, un bosque, una montaña, una semilla o el derecho colectivo a permanecer puede convertirse en una sentencia de muerte. El nuevo informe de Global Witness muestra que la violencia contra quienes defienden el ambiente y el territorio no constituye una suma de hechos aislados, dibuja una verdadera geografía global del despojo, concentrada allí donde convergen intereses extractivos, economías ilegales, disputas por la tierra y formas de control territorial.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*. DESINFORMEMONOS
Durante 2025 fueron asesinadas al menos 124 personas defensoras del ambiente y el territorio en el mundo. Con ello, Global Witness eleva a 2.375 los asesinatos y desapariciones de larga duración documentados desde 2012. La propia organización advierte que estas cifras probablemente subestiman la dimensión real del fenómeno debido a las dificultades para documentar los casos en contextos de violencia, represión y ausencia institucional.
La concentración territorial es contundente, 85 % de los asesinatos documentados en 2025 ocurrió en América Latina, región que ocupa este lugar desde que Global Witness comenzó su registro. Más de tres cuartas partes de las víctimas fueron campesinas, indígenas o afrodescendientes; 44 de las personas asesinadas pertenecían a pueblos indígenas.
No es una casualidad geográfica, es la expresión de una disputa por territorios estratégicos, una guerra contra los pueblos que bajo otra comisión cuidan la madre tierra..
Colombia: el epicentro de una violencia territorial
Colombia volvió a ocupar, por cuarto año consecutivo, el primer lugar mundial en asesinatos documentados de personas defensoras del ambiente y el territorio: 39 homicidios durante 2025. Casi la mitad de las víctimas eran indígenas y otras 15 eran campesinas. En 35 de los 39 casos existía relación con conflictos por la tierra. Global Witness identificó además vínculos presuntos con el crimen organizado en 17 asesinatos y con sicarios en otros cinco.
El Cauca constituye el principal epicentro nacional. Allí fueron asesinadas 13 personas defensoras en 2025, entre ellas cuatro integrantes de la Guardia Indígena. Desde 2012, Global Witness ha documentado 171 asesinatos en este departamento, la cifra más alta entre los departamentos colombianos.
La explicación no puede reducirse a la presencia de grupos armados, Cauca reúne una localización estratégica para economías ilegales, cultivos de coca, rutas hacia el Pacífico, minería ilegal y una enorme riqueza ambiental y territorial. Global Witness señala que estas dinámicas están contribuyendo también a la degradación de bosques y fuentes hídricas.
La violencia, entonces, cumple una función, desarticular las capacidades comunitarias que obstaculizan el control y apropiación de los territorios.
Más allá del asesinato, el iceberg del despojo
El homicidio es apenas la expresión más extrema de una estructura de intimidación mucho más amplia. Amenazas, desplazamientos, estigmatización, persecución judicial, campañas de desprestigio, acoso digital y criminalización forman parte de un repertorio destinado a aislar a quienes resisten.
Global Witness advierte sobre este “iceberg oculto” de agresiones no letales donde el objetivo no siempre es matar. A veces basta con generar miedo, dividir una comunidad, judicializar a sus dirigentes o destruir su legitimidad pública para facilitar la imposición de un proyecto económico o un régimen de control territorial.
Por eso, hablar solamente de “seguridad para líderes sociales” resulta insuficiente, el problema no es exclusivamente individual; la violencia busca quebrar tejidos colectivos.
Extractivismo, economías ilegales y control territorial
Los datos permiten observar una convergencia compleja, más de la mitad de los asesinatos documentados globalmente en 2025 estuvieron relacionados con disputas territoriales. Global Witness vinculó además casos con minería y actividades extractivas, explotación forestal y agroindustria.
Esto obliga a superar una lectura fragmentada que separa artificialmente “violencia criminal”, “conflicto territorial” y “extractivismo”.
En muchos territorios estas dinámicas se superponen. La economía ilegal puede abrir caminos para el despojo; la infraestructura puede facilitar la apropiación; la minería ilegal puede contaminar ríos; una actividad empresarial puede presionar por la tierra; y los grupos armados pueden ejercer el control social necesario para impedir la resistencia.
No significa afirmar que toda empresa, Estado o actor económico participe directamente de un asesinato. Significa reconocer que existen estructuras económicas y territoriales cuyos beneficios pueden coexistir con escenarios de violencia, podría tratarse de una perfecta convivencia entre criminalidad-empresa-estado, investigar esas conexiones resulta indispensable para enfrentar la impunidad.
En Perú, Global Witness documentó cuatro asesinatos en 2025, en un contexto de creciente presión sobre pueblos amazónicos como los Kakataibo, Shipibo y Asháninka, donde narcotráfico, tala ilegal y deforestación avanzan sobre territorios ancestrales. En Brasil fueron asesinadas 26 personas defensoras, principalmente en zonas amazónicas de Pará y Rondônia, mientras que Honduras registró 12 asesinatos, muchos asociados a disputas por la tierra en el Bajo Aguán y a la expansión de la agroindustria de palma. México, con 10 asesinatos y más de un centenar de casos de criminalización, evidencia igualmente la combinación entre conflictos territoriales, minería, tala ilegal y crimen organizado. Estos casos muestran que la violencia se concentra allí donde la tierra, los bosques, el agua y otros bienes comunes adquieren creciente valor económico.
Fuera de América Latina, el patrón se repite bajo distintas formas. En Filipinas se registraron 12 asesinatos, en un escenario marcado por militarización, red-tagging y conflictos alrededor de proyectos extractivos y de infraestructura que afectan a comunidades indígenas y campesinas. En Indonesia, aunque se documentó un asesinato en 2025, Global Witness registró un fuerte incremento de la criminalización contra defensores, especialmente entre comunidades Dayak que enfrentan la expansión de la industria maderera sobre bosques, turberas y sitios sagrados. En la República Democrática del Congo, la violencia alrededor de la minería ilegal muestra la conexión entre control armado y extracción de minerales estratégicos. También aparecen casos de desaparición y persecución en Chile y de criminalización de guardianes comunitarios de los bosques en Nigeria. Cambian los territorios y los actores, pero la lógica se repite: allí donde comunidades defienden bienes comunes frente a intereses extractivos, aumenta la presión para desarticular su resistencia.
La disputa de fondo es civilizatoria
Para la lógica dominante, la tierra, que no el territorio, puede convertirse en concesión, activo financiero, zona minera, corredor logístico, frontera agroindustrial o espacio disponible para inversión. Para los pueblos indígenas, campesinos y comunidades negras, en cambio, se trata del territorio, no de la tierra de manera simple, sin de esa red donde se constituye una trama de relaciones sociales, culturales, espirituales y ecológicas de la cual depende la reproducción de la vida, la existencia de los pueblos y sus culturas.
No son dos simples opiniones sobre el mismo espacio, son formas distintas de comprender la existencia y el valor de la naturaleza.
De allí que la defensa territorial sea también una defensa del agua, de la biodiversidad, de la soberanía alimentaria y de las condiciones materiales para enfrentar la crisis climática.
Cada asesinato de una persona defensora supone, la pérdida de una vida pero también la eliminación de un conocimiento, una experiencia organizativa y una capacidad colectiva de proteger un territorio.
Del esquema individual a la protección colectiva
La respuesta estatal no puede agotarse en escoltas, teléfonos de emergencia o medidas individuales, esas herramientas pueden resultar necesarias, pero son insuficientes cuando la amenaza se dirige contra comunidades enteras.
La propia experiencia documentada por Global Witness muestra la importancia de fortalecer formas colectivas de protección. En Colombia, las Guardias Indígenas constituyen una expresión concreta de esa capacidad comunitaria de cuidado, alerta, movilidad, mediación y defensa territorial.
La protección efectiva exige garantizar derechos territoriales, acelerar la formalización y titulación colectiva, investigar no solamente a los autores materiales sino a quienes ordenan y financian los ataques, garantizar la participación efectiva de las comunidades y respetar el consentimiento libre, previo e informado cuando corresponda.
También exige enfrentar las economías ilegales sin convertir nuevamente a las comunidades en objetivo de políticas militarizadas y punitivas.
Guardar el territorio para salvar la vida
La geografía de los asesinatos revela una paradoja, quienes protegen algunos de los ecosistemas más importantes del planeta están entre quienes enfrentan mayores riesgos.
Mientras gobiernos y corporaciones hablan de transición energética, desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático, en muchos territorios se persigue a quienes defienden bosques, ríos y tierras.
Por eso la defensa ambiental no puede ser reducida a una agenda sectorial, sino a una lucha por las condiciones mismas de la vida.
Frente al despojo, necesitamos más organización; frente a la criminalización, más solidaridad; frente al extractivismo, más defensa territorial; frente a la violencia, más protección colectiva.
Porque defender el territorio es defender el agua; defender el agua es defender la vida.
Y quienes hoy resisten en los territorios no necesitan discursos de reconocimiento después de ser asesinados, necesitan garantías para continuar vivos, organizados y defendiendo aquello que pertenece a las generaciones presentes y futuras.
El territorio no se vende. La vida no se negocia. Se defiende!!!.
- La lucha por la protección de las personas defensoras del territorio y el ambiente
*docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellín parte de REDIPAZ y Grupo Autónomo Kavilando.
__________