La alerta de la Defensoría sobre 293 casos vinculados a la guerra Rusia-Ucrania revela una transformación mayor: el mercenarismo se articula con empresas, tecnología, inteligencia y finanzas, mientras América Latina se incorpora a un mercado global de seguridad y guerra.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*
La advertencia formulada por la Defensoría del Pueblo de Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas obliga a mirar el mercenarismo más allá del combatiente reclutado para una guerra extranjera. Entre enero y agosto de 2026, la entidad recibió 293 casos relacionados con el conflicto entre Rusia y Ucrania. El 76,9 % de los combatientes reportados era cabeza de hogar y el 92,3 % de quienes acudieron a la Defensoría eran mujeres. La institución identificó denuncias relacionadas con falsas promesas laborales, engaño, explotación, restricciones a la libertad y confiscación de documentos.
La propia Defensoría reclama investigar las conexiones entre mercenarismo, trata de personas y explotación laboral, así como regular y supervisar empresas, agencias e intermediarios involucrados en el reclutamiento transnacional. No estamos, por tanto, únicamente ante un problema penal, estamos frente a una economía política de la guerra que utiliza desigualdades sociales, experiencia militar y mercados transnacionales de trabajo.
Del Plan Colombia al mercado integral de seguridad
Colombia constituye un caso privilegiado para observar esta transformación. El Plan Colombia profundizó desde comienzos del siglo XXI la cooperación militar y de seguridad con Estados Unidos, incluyendo entrenamiento, inteligencia, equipamiento y contratación de servicios privados. Aquella experiencia contribuyó a consolidar una arquitectura en la que Estado, cooperación internacional, industria militar y empresas privadas comenzaron a operar de manera crecientemente articulada.
Hoy asistimos a una nueva etapa que puede ser analizada, provisionalmente, como un “Plan Colombia 2.0”. No porque ese sea su nombre oficial, sino porque permite preguntar si se está configurando una segunda generación de cooperación militar caracterizada por mayor integración tecnológica, inteligencia, interoperabilidad y participación empresarial.
Los hechos recientes permiten formular esa hipótesis. Tras su encuentro con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, el presidente Abelardo De La Espriella anunció el Plan Patriota Siglo XXI, que contempla modernización de aviones, radares, drones, sistemas antidrones, defensa aérea, movilidad, inteligencia, ciberdefensa y fuerzas especiales. También planteó que Colombia busca consolidarse nuevamente como “principal socio de seguridad” de Estados Unidos en Suramérica.
La discusión, entonces, no debería limitarse a cuánto armamento se compra. La pregunta estratégica es ¿qué arquitectura de seguridad se está construyendo y quiénes participan en ella y a quienes en realidad beneficia? ¿Un gran negocio de la muerte se fortalece a costa de la vida y futuro de los jóvenes y territorios?
Del mercenario al ecosistema de guerra
El mercenarismo contemporáneo ya no puede pensarse únicamente alrededor de combatientes, el mercado incorpora entrenamiento, logística, inteligencia, vigilancia, drones, sistemas antidrones, ciberseguridad, análisis de datos, mantenimiento y tecnologías de control.
Esta transformación tiene una dimensión internacional, el Documento de Montreux y los trabajos de Naciones Unidas sobre empresas militares y de seguridad privadas han advertido desde hace años sobre los problemas jurídicos y de derechos humanos derivados de la externalización de funciones vinculadas con conflictos armados.
Pero ahora se observa una aceleración.
En la Cumbre de Ankara de la OTAN, realizada en julio de 2026, la Alianza impulsó nuevas formas de cooperación con la industria, creó una plataforma para facilitar el acceso de empresas a oportunidades de contratación y puso en marcha el NATO Engine, orientado a ampliar la capacidad productiva mediante cooperación transfronteriza. También llamó explícitamente a las instituciones financieras a aumentar el capital privado destinado a defensa, seguridad y resiliencia.
Más de cien empresas participaron en el Foro de Industria de Defensa de Ankara y se anunciaron nuevos procesos de adquisición y coproducción, la OTAN presentó además iniciativas específicas para drones, vigilancia, defensa aérea y otras capacidades.
Aquí emerge una hipótesis que América Latina debería discutir con seriedad, el tránsito desde una economía de guerra episódica hacia un mercado permanente de capacidades militares, tecnológicas, financieras y logísticas. Un capitalismo de guerra permanente; un modelo en el cual la amenaza constante sostiene inversiones, industrias, tecnologías, contratación pública y circuitos financieros especializados.
América Latina: del laboratorio de seguridad al mercado de la guerra
América Latina no parte de cero. Colombia, Ecuador, Perú y otros países acumulan décadas de cooperación militar, entrenamiento extranjero, contratación de seguridad privada y militarización de territorios. Lo que cambia ahora es la escala, esas experiencias pueden articularse con inteligencia artificial, drones, vigilancia, ciberseguridad, empresas militares y tecnológicas y capital financiero, integrándose a nuevas cadenas transnacionales de seguridad.
Aquí resulta pertinente explorar la categoría de “extractivismo criminal”, no para equiparar extractivismo y criminalidad, sino para investigar aquellos circuitos donde actividades económicas legales pueden converger con despojo, violencia, corrupción, estructuras armadas, captura institucional y mercados ilícitos.
Seguir esa trama, tierra, infraestructura, seguridad, financiación, tecnología, transporte y comercialización, permite observar la violencia como algo más que un hecho localizado, puede funcionar como mecanismo de una cadena transnacional de acumulación.
La defensa de la vida frente al mercado de la guerra
La alerta de la Defensoría introduce aquí una dimensión que no puede perderse, detrás de las categorías jurídicas existen personas, familias y comunidades que requieren protección efectiva. Prevenir el reclutamiento, investigar a intermediarios, regular empresas y garantizar asistencia a las víctimas son obligaciones estatales, no servicios que puedan delegarse al mercado.
Por eso, la discusión sobre el nuevo mercado de la guerra es también una discusión sobre soberanía. No basta con adquirir capacidades militares o aumentar la interoperabilidad con otras fuerzas. Es necesario preguntarse quién termina beneficiándose de la expansión permanente de la “seguridad”.
El desafío para América Latina es no aceptar como inevitable una arquitectura regional organizada alrededor de la amenaza, la militarización y la rentabilidad de la guerra. Frente a ello, reivindicar la seguridad humana, la autodeterminación, el control democrático de la fuerza y la defensa de los territorios no es una postura abstracta: es disputar el sentido mismo de la soberanía.
La dignidad no se terceriza. La soberanía no se contrata. Y la vida de los pueblos no puede convertirse en mercancía de un mercado global de la guerra.
*docente investigador universidad de San Buenaventura Medellin, parte de REDIPAZ e integrante grupo autónomo Kavilando.
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