Mientras Washington reconoce la financiación de más de 120 biolaboratorios en el mundo, resurgen preguntas incómodas sobre ciencia, poder y guerra. De Guatemala a Vietnam, la historia muestra que cuando la investigación se militariza, los pueblos suelen pagar el precio ¿quién responde?.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*
Las recientes declaraciones de la Directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard (12 de junio de 2026), sobre la existencia de más de 120 biolaboratorios financiados por el gobierno estadounidense en más de treinta países, reabren un debate histórico que trasciende la coyuntura política norteamericana: la relación entre ciencia, poder, seguridad nacional y dominación geopolítica.
Today, I’m releasing never before seen intelligence revealing new evidence of past US government funding for more than 120 biolabs in over 30 countries, including Ukraine.
— DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) June 12, 2026
In support of President Trump‘s Executive Order to end federal funding of dangerous gain of function… pic.twitter.com/RkPHnAbka9
Según la información divulgada por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, varios de estos laboratorios habrían desarrollado investigaciones con patógenos peligrosos, incluyendo estudios de "ganancia de función", orientados a modificar microorganismos para comprender o aumentar determinadas capacidades biológicas. Más allá de la controversia sobre el alcance real de estas investigaciones, la cuestión central es otra: la opacidad que rodea este tipo de programas y las profundas asimetrías de poder que caracterizan su despliegue global.
A las formas tradicionales de confrontación se han sumado dimensiones económicas, mediáticas, tecnológicas, cibernéticas, cognitivas y biológicas. En este contexto, el control del conocimiento científico y de los recursos biológicos se convierte en un componente estratégico del poder global.
América Latina conoce bien los riesgos de esta lógica. Entre 1946 y 1948, en Guatemala, investigadores vinculados al Servicio de Salud Pública de Estados Unidos infectaron deliberadamente a cientos de personas con sífilis y gonorrea sin su consentimiento. Prisioneros, soldados, pacientes psiquiátricos y sectores empobrecidos fueron utilizados como sujetos experimentales en nombre de la ciencia. Durante décadas estos hechos permanecieron ocultos, evidenciando una práctica donde determinadas poblaciones podían ser tratadas como material disponible para la experimentación debido a su posición subordinada en la geografía mundial del poder.
Este antecedente no constituye un caso aislado, sino una expresión extrema de una racionalidad colonial que históricamente ha convertido cuerpos, territorios y poblaciones periféricas en espacios de intervención, extracción y control. Cuando la ciencia se articula con intereses militares o geopolíticos, la frontera entre investigación defensiva y capacidad ofensiva se vuelve difusa.
La Convención sobre Armas Biológicas de 1972 intentó limitar estos peligros. Sin embargo, el carácter dual de muchas investigaciones contemporáneas mantiene abiertas zonas grises difíciles de supervisar. Un laboratorio puede presentarse como una instalación destinada a la prevención epidemiológica y, simultáneamente, producir conocimientos susceptibles de aplicaciones militares. Es precisamente en esa ambigüedad donde surgen las mayores preocupaciones éticas y políticas.
Este antecedente no constituye un caso aislado, sino una expresión extrema de una racionalidad colonial que históricamente ha convertido cuerpos, territorios y poblaciones periféricas en espacios de intervención, extracción y control.
La historia reciente muestra además cómo el conocimiento biológico y químico ha sido incorporado a estrategias de guerra y dominación, durante la guerra entre Irán e Irak, diversas investigaciones han documentado que Estados Unidos facilitó a Irak materiales biológicos de doble uso y apoyo tecnológico que posteriormente coexistieron con el empleo de armas químicas por parte del régimen de Saddam Hussein, utilizadas tanto contra fuerzas iraníes como contra población kurda en Halabja. De igual manera, durante la guerra de Vietnam, el uso masivo de defoliantes como el Agente Naranja dejó secuelas ambientales, sanitarias y genéticas que persisten hasta hoy. Estos antecedentes evidencian que la militarización de la ciencia no es una hipótesis abstracta, sino una realidad histórica cuyos impactos han recaído, de manera desproporcionada, sobre pueblos y territorios convertidos en escenarios de experimentación y confrontación geopolítica.
Para América Latina, las revelaciones recientes reactivan preguntas fundamentales ¿quién financia y controla estas investigaciones?, ¿qué tipo de agentes biológicos se estudian?, ¿qué mecanismos de supervisión existen?, ¿qué derechos tienen las poblaciones potencialmente afectadas? Estas preguntas son especialmente relevantes en una región marcada por una larga historia de intervenciones extranjeras, dependencia tecnológica y subordinación científica.
El problema central no es solo un tema sanitario, sino también democrático y civilizatorio. La concentración de capacidades biotecnológicas en manos de grandes potencias, corporaciones o complejos militar-industriales incrementa los riesgos de accidentes, fugas, militarización del conocimiento y conflictos geopolíticos. Más aún, debilita la capacidad de las sociedades para deliberar sobre decisiones que afectan directamente la vida colectiva.
Las afirmaciones realizadas por la inteligencia estadounidense exigen una investigación rigurosa, independiente y transparente. No para alimentar narrativas conspirativas ni disputas partidistas, sino para fortalecer el escrutinio público sobre actividades cuyas consecuencias podrían trascender fronteras y generaciones.
La historia enseña que cuando el secreto se impone sobre la transparencia y la seguridad nacional se coloca por encima de la dignidad humana, los pueblos terminan pagando los costos. Por ello, la defensa de la vida exige verdad; la defensa de la salud exige control democrático; y la defensa de la paz exige impedir que la ciencia sea subordinada a lógicas de dominación o guerra.
Los pueblos tienen derecho a saber qué investigaciones se desarrollan en sus territorios, quién las financia y cuáles son sus riesgos. La soberanía científica, el cuidado de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier interés estratégico. Solo así será posible construir una ciencia orientada al bienestar común y no a la administración biopolítica de la guerra.
*docente investigador, integrante de la red Observatorio Latinoamericano en Geopolítica, Seguridad y Bienes Estratégicos.
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LEER COMUNICADO:
La directora de Inteligencia Nacional, Gabbard, revela pruebas de un programa global de biolaboratorios financiado por los contribuyentes estadounidenses.
WASHINGTON D.C. — Tras meses de investigación en archivos y registros de la Comunidad de Inteligencia, la Directora de Inteligencia Nacional (DNI), Tulsi Gabbard, ha revelado nuevas pruebas de la financiación de larga data por parte del gobierno de Estados Unidos a más de 120 laboratorios biológicos en más de 30 países. Estos laboratorios incluyen algunos en Ucrania, que podrían estar en riesgo de verse comprometidos debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Por ejemplo, la Comunidad de Inteligencia advirtió previamente que un laboratorio biológico financiado por Estados Unidos en Ucrania probablemente albergaba patógenos peligrosos y seguía siendo vulnerable a las amenazas de ataques, incautaciones o daños por parte de Rusia.
Las pruebas recientemente desclasificadas pueden encontrarse AQUÍ .
Hasta ahora, se había ocultado deliberadamente al pueblo estadounidense la información sobre la existencia y financiación de estos laboratorios. Personas poderosas han encubierto intencionadamente la información relativa a la existencia, la historia, la ubicación y la financiación de estos biolaboratorios financiados por Estados Unidos, afirmando falsamente que no existen y acusando a cualquiera que diga lo contrario de ser un agente extranjero y un traidor a Estados Unidos.
Muchos de estos laboratorios biológicos financiados por el gobierno estadounidense participan actualmente o han participado anteriormente en investigaciones que utilizan patógenos peligrosos y altamente contagiosos, en algunos casos incluyendo investigaciones peligrosas de ganancia de función, con muy poca visibilidad o supervisión.
El presidente Trump comprende la grave amenaza que supone para el pueblo estadounidense la peligrosa investigación de ganancia de función, razón por la cual tomó medidas decisivas el 25 de mayo de 2025, firmando la Orden Ejecutiva 14292 para poner fin a la financiación federal de la investigación de ganancia de función en todo el mundo.
A pesar del evidente potencial de impacto global catastrófico que puede tener la investigación sobre patógenos peligrosos en laboratorios biológicos, políticos, supuestos profesionales de la salud como el Dr. Fauci y entidades del equipo de seguridad nacional de la administración Biden mintieron al pueblo estadounidense sobre la existencia de laboratorios biológicos financiados y apoyados por Estados Unidos, y amenazaron a quienes intentaron revelar la verdad. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) continuará trabajando estrechamente con socios de todo el gobierno para identificar dónde se encuentran estos laboratorios y qué patógenos contienen, con el fin de poner fin a la peligrosa investigación de ganancia de función que amenaza la salud y el bienestar del pueblo estadounidense y de las personas en todo el mundo, declaró la Directora de Inteligencia Nacional, Gabbard.
La directora de Inteligencia Nacional, Gabbard, emitió nuevas directrices a la comunidad de inteligencia ordenando una mayor recopilación de información sobre estos laboratorios e instalaciones en el extranjero. Esta directiva ya está proporcionando nuevos detalles sobre los ensayos clínicos que se llevan a cabo en dichas instalaciones, lo que suscita importantes preocupaciones éticas, financieras y de seguridad con respecto a estas supuestas iniciativas de salud pública y la seguridad nacional de Estados Unidos. En: https://www.odni.gov/index.php/newsroom/press-releases/press-releases-2026/4163-pr-10-26
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