Inicia un nuevo día en la ciudad, rodeado de las mismas actividades que agobian y se convierten en una monotonía. Son las 2 de la mañana y Emilio se despierta entre una batalla con sus cobijas y la cama, para empezar a laborar al otro lado de la ciudad y traer el diario para sus hijos: Laura de 15 años, Andrés de 11 años y Carlos que es el menor, tiene 4 años, todos con problemas de educación y salud.
El Día Internacional de los Trabajadores o Primero de Mayo, es la fiesta por antonomasia del movimiento obrero mundial. Desde su establecimiento en la mayoría de países (aunque la consideración de día festivo fue en muchos casos tardía) por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los Mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por su participación en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido tres días más tarde, el 4 de mayo, en la Revuelta de Haymarket. En la actualidad es una fiesta reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general, se celebra muchos de los países.
Recientemente, la sociedad colombiana vivió con alegría y alivio la liberación de las diez personas en poder de las FARC desde hace una década, por decisión unilateral de esta guerrilla y poco después de que dicha organización decidiera prohibir el secuestro con fines extorsivos. Estamos por tanto ante dos grandes noticias que pueden ser la antesala de un nuevo período con expectativas de paz. Todo hace suponer que el presidente Santos ya habrá empezado a tantear la posibilidad de abrir un diálogo con la insurgencia colombiana, o al menos con las FARC, que es la guerrilla más grande y la más fuerte a nivel militar.
La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño - CAHUCOPANA denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, instituciones, organismos gubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos, los hostigamientos por parte de grupos paramilitares a las comunidades campesinas de la región del Nordeste Antioqueño.
Por estos días se vuelve a hablar de paz, de acuerdos humanitarios y de solución política. Numerosas organizaciones sociales, las plataformas de derechos humanos, excombatientes de las guerrillas, grupos de académicos, la iglesia, la insurgencia, hablan de paz. Pero, paradójicamente, el principal actor del conflicto social y armado que vive Colombia, el Estado, en cabeza del Presidente de la República y sus fuerzas militares, se muestra reticente a emprender alguna acción al respecto.
Las laderas de nuestra ciudad han sido pobladas históricamente por hombres, mujeres, abuelos, abuelas, jóvenes, niños y niñas, población campesina, mestiza, indígena y afro expulsados de sus territorios, desplazados, desterrados, desarraigados... Quienes al llegar después de ser desterrados de su lugar natal se encuentran que la ciudad no les brinda más lugar para habitar que empinadas laderas, en los que se encuentran los barrios mas empobrecidos de Medellín. Lo anterior ha sido en gran parte la manera como se fue poblando el barrio La Cruz, Bello Oriente, María Cano Carambolas, entre otros, ubicados en la Comuna Tres Manrique.
Al acercarse el 15 de mayo, luce peor el TLC con Estados Unidos. Porque se conocen mejor sus efectos y el gobierno toma medidas que van más allá del texto del Tratado, según lo denunciaron distinguidos académicos estadounidenses sobre la Ley Lleras 2.0, que reglamenta el internet () o el aumento de cinco a diez años de la protección de los datos de prueba en agroquímicos, alargando el monopolio extranjero. La revista Dinero señaló la preocupación de las compañías de seguros colombianas porque las aseguradoras norteamericanas podrán vender seguros en el país sin siquiera instalar una sucursal, exceptuando –¿hasta cuál nuevo acuerdo?– los del sector público. Algo parecido preocupa a UNE y a la ETB, víctimas de uno de los capítulos más leoninos del TLC, que las obliga a alquilarle sus equipos, y a precios “razonables”–es decir, a menos precio–, a cualquier norteamericano que se instale en Estados Unidos a vender llamadas entre los dos países.