Por estos días se vuelve a hablar de paz, de acuerdos humanitarios y de solución política. Numerosas organizaciones sociales, las plataformas de derechos humanos, excombatientes de las guerrillas, grupos de académicos, la iglesia, la insurgencia, hablan de paz. Pero, paradójicamente, el principal actor del conflicto social y armado que vive Colombia, el Estado, en cabeza del Presidente de la República y sus fuerzas militares, se muestra reticente a emprender alguna acción al respecto.
Recientemente, la sociedad colombiana vivió con alegría y alivio la liberación de las diez personas en poder de las FARC desde hace una década, por decisión unilateral de esta guerrilla y poco después de que dicha organización decidiera prohibir el secuestro con fines extorsivos. Estamos por tanto ante dos grandes noticias que pueden ser la antesala de un nuevo período con expectativas de paz. Todo hace suponer que el presidente Santos ya habrá empezado a tantear la posibilidad de abrir un diálogo con la insurgencia colombiana, o al menos con las FARC, que es la guerrilla más grande y la más fuerte a nivel militar.
La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño - CAHUCOPANA denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, instituciones, organismos gubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos, los hostigamientos por parte de grupos paramilitares a las comunidades campesinas de la región del Nordeste Antioqueño.
Comparto la conclusión de Jorge Orlando Melo: “si en Colombia la izquierda es débil e impotente es porque hay guerrilla”.
Las laderas de nuestra ciudad han sido pobladas históricamente por hombres, mujeres, abuelos, abuelas, jóvenes, niños y niñas, población campesina, mestiza, indígena y afro expulsados de sus territorios, desplazados, desterrados, desarraigados... Quienes al llegar después de ser desterrados de su lugar natal se encuentran que la ciudad no les brinda más lugar para habitar que empinadas laderas, en los que se encuentran los barrios mas empobrecidos de Medellín. Lo anterior ha sido en gran parte la manera como se fue poblando el barrio La Cruz, Bello Oriente, María Cano Carambolas, entre otros, ubicados en la Comuna Tres Manrique.
Al acercarse el 15 de mayo, luce peor el TLC con Estados Unidos. Porque se conocen mejor sus efectos y el gobierno toma medidas que van más allá del texto del Tratado, según lo denunciaron distinguidos académicos estadounidenses sobre la Ley Lleras 2.0, que reglamenta el internet () o el aumento de cinco a diez años de la protección de los datos de prueba en agroquímicos, alargando el monopolio extranjero. La revista Dinero señaló la preocupación de las compañías de seguros colombianas porque las aseguradoras norteamericanas podrán vender seguros en el país sin siquiera instalar una sucursal, exceptuando –¿hasta cuál nuevo acuerdo?– los del sector público. Algo parecido preocupa a UNE y a la ETB, víctimas de uno de los capítulos más leoninos del TLC, que las obliga a alquilarle sus equipos, y a precios “razonables”–es decir, a menos precio–, a cualquier norteamericano que se instale en Estados Unidos a vender llamadas entre los dos países.
Hay que atravesar el barrio Belén, uno de los más grandes de Medellín y pasar por las Violetas; de un momento a otro el paisaje urbano se torna verde y después de transitar cinco minutos por una carretera empinada, surcada por casas pobres, se llega al corregimiento de Altavista, un bello paraje rural rodeado de montañas y viento fresco, en el sur occidente de la capital de Antioquia. Pero, a pesar del ambiente campestre y la aparente tranquilidad, el pasado jueves 19 de abril de 2012 cientos de niños y niñas se encontraban frente a la casa de gobierno de Altavista, realizando una actividad en contra de los asesinatos de más de 15 jóvenes del sector en lo que va de este año.