En Medellín, una ciudad que se jacta de ser "innovadora" y "desarrollada", 149 familias del barrio La Divisa (entre San Javier y San Cristóbal) enfrentan el anuncia de desalojo y la demolición de sus casas.
La Alcaldía puso sellos en abril y anunció el desalojo el 8 de octubre, sin debido proceso, sin caracterización, sin reubicación y sin diálogo. Las lideresas Olga y Gloria denuncian que la comunidad construyó el barrio con su propio esfuerzo: hicieron las calles, el alcantarillado, la red de servicios públicos.
Y hoy les quieren arrebatar todo. El argumento oficial es "zona de alto riesgo", pero la comunidad lo desmiente, justo abajo se construyen torres de 26 pisos.
La verdadera razón parece ser la presión urbanística, expandir los edificios y sacar a los pobres del territorio. Mientras tanto, hay 89 niños, 189 adultos mayores, 107 desplazados y 22 locales comerciales que generan sustento diario.
La Alcaldía no ha hecho censo, no ha ofrecido alternativas, y los funcionarios que llegan a tomar fotos ni siquiera se identifican.
La comunidad está organizada, alerta y resistiendo. Han viralizado su situación, buscan apoyo de universidades, de la Defensoría, de la Personería y de la sociedad en general.
Como dice Olga: "Nos podrán quitar la casa, pero la dignidad nunca". El modelo de ciudad excluyente avanza, pero La Divisa no se rinde. La lucha apenas comienza.
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