En abril de 2026, el ELN presentó su propuesta para superar el narcotráfico en Colombia. El grupo armado niega vínculos directos con el negocio, admite el cobro de impuestos y propone la legalización de las drogas bajo un enfoque de salud pública. Relacionamos dicha propuesta completa:
Por: Alfonso Insuasty Rodriguez* / En un mundo donde la guerra se terceriza y se vuelve negocio, Colombia emerge como proveedor de combatientes para conflictos globales. Entre vacíos legales, doctrinas militares y mercados privados, se configura una economía de la violencia que desplaza costos humanos al sur global y redefine el sentido de la soberanía y la guerra.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez* / Las recientes movilizaciones en Israel contra la escalada bélica hacia Irán evidencian tensiones internas frente a un modelo de seguridad basado en la confrontación permanente. Cada vez más la sociedad civil aún la censura, se delinea como actor que disputa el rumbo político en contextos de militarización.
Por: Defensoría del Pueblo. Colombia. / El incremento de la violencia, la presencia de grupos armados ha agudizado los riesgos para comunidades en varios municipios de la región. También se evidencian problemas en el sistema de salud, los servicios públicos, la educación y otros factores que vulneran los derechos de las comunidades.
Este 27 de marzo del 2026, el gobierno de Daniel Noboa cruzó una nueva línea roja más en la profundización de un régimen autoritario y antidemocrático que sigue avanzando en el Ecuador. En efecto, el adelanto del calendario electoral de las próximas elecciones seccionales es un grave golpe para la democracia y el Estado de derecho en el Ecuador.
El CPDH denuncia la toma de bienes civiles en Tibú por el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques. El desalojo forzado de la Escuela de Campo Dos y el control de vías ponen en riesgo inminente a menores y docentes, vulnerando el derecho a la educación.
Comunidades del Pacífico Caucano denuncian ráfagas y bombardeos de la Armada Nacional en zonas civiles de Timbiquí. La Red de DD.HH. señala graves infracciones al DIH que ponen en riesgo la vida de 6,000 personas en territorios colectivos de MESPA.