Por: Alfonso Insuasty Rodriguez*

El informe presentado en septiembre de 2026 por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios coloca a Colombia ante un fenómeno que ya desbordó sus fronteras. Tras su visita al país, realizada en marzo, el organismo advirtió que más de 10.000 colombianos podrían haber sido reclutados durante la última década para participar en conflictos o desempeñar funciones de seguridad en distintos países. La cifra es aproximada, precisamente porque las fronteras entre mercenarios, contratistas privados, voluntarios y personas reclutadas mediante engaño son cada vez más difusas.

La expansión tampoco es exclusivamente colombiana, el Grupo de Trabajo señala presencia de colombianos en conflictos de Ucrania, Sudán, Yemen, Somalia y República Democrática del Congo, así como en servicios de seguridad y operaciones vinculadas al crimen organizado en América Latina y el Caribe. La proliferación mundial de guerras ha incrementado la demanda de personal con experiencia militar, mientras plataformas digitales, intermediarios y empresas facilitan nuevas formas de reclutamiento transnacional.

El informe dimensiona el fenómeno con cifras contundentes: Colombia cuenta con unos 440.000 militares y policías activos y se estima que más de 10.000 colombianos han sido reclutados para funciones de seguridad, combate o logística en el exterior. En Ucrania se reportan 343 desaparecidos y al menos 121 fallecidos; en 2025 fueron identificados 69 casos de reclutamiento de indígenas para conflictos extranjeros. A ello se suma un sector privado de seguridad de unas 1.370 empresas y 390.000 trabajadores, mientras 31 compañías fueron suspendidas en 2026 por presunta infiltración criminal. El hallazgo central es que detrás de estas cifras opera un entramado de reclutadores, empresas, intermediarios y redes criminales transnacionales, donde convergen mercenarismo, trata de personas, explotación laboral y circulación internacional de capacidades militares.

El caso colombiano tiene una particularidad histórica, más de cinco décadas de conflicto armado, contrainsurgencia, narcotráfico y cooperación militar internacional produjeron una amplia reserva de personal entrenado en combate, inteligencia, operaciones especiales y seguridad. El Plan Colombia, iniciado en 1999, profundizó esta arquitectura. Entre 2000 y 2008, Estados Unidos destinó más de 6.000 millones de dólares a programas militares y no militares asociados al Plan, mientras cientos de militares y contratistas estadounidenses operaban en el país.

El problema actual es que esa experiencia militarizada puede convertirse en mercancía global. El informe de Naciones Unidas identifica ofertas económicas muy superiores a los ingresos disponibles en Colombia, reclutamiento por redes sociales y antiguos contactos militares, contratos poco transparentes y casos que pueden constituir explotación laboral o trata de personas.

Así, el Plan Colombia puede ser leído también desde otra perspectiva, como uno de los procesos que contribuyeron a producir capacidades militares altamente profesionalizadas que posteriormente encontraron demanda en un mercado internacional de seguridad, una cantera para el extractivismo humano para la guerra y el horror.

De mercenarios a un lucrativo complejo transnacional de guerra

Aquí aparece una transformación sustancial. El mercenarismo contemporáneo ya no consiste solamente en contratar combatientes. Alrededor de la guerra crece un ecosistema que incorpora empresas militares y de seguridad, drones, inteligencia, vigilancia, ciberseguridad, logística, entrenamiento, análisis de datos, fabricación y financiación privada.

La OTAN está institucionalizando una parte de esta transformación, en Ankara, en julio de 2026, la Alianza creó mecanismos para facilitar el acceso de empresas a sus procesos de contratación, ampliar la producción mediante el NATO Engine y movilizar capital privado hacia defensa y seguridad. Su nuevo paquete de innovación llama explícitamente a bancos, fondos de inversión, aseguradoras, capital privado y capital de riesgo a incrementar su participación en la industria de defensa.

La dimensión financiera es reveladora, la propia OTAN informó que instituciones financieras ya habían movilizado 217.000 millones de dólares para defensa y seguridad y llamó a incrementar esos flujos. El modelo incluye incluso fábricas privadas o público-privadas disponibles bajo esquemas de producción flexible para atender necesidades militares.

Estamos, por tanto, ante algo mayor que la privatización de una función militar. Se perfila un mercado integral de la guerra, donde Estado, industria, tecnología y capital financiero se articulan para sostener capacidades permanentes de defensa y seguridad.

Del Plan Colombia al “Plan América”

Si el Plan Colombia convirtió a Colombia en un nodo privilegiado de cooperación militar con Estados Unidos y contribuyó a formar una amplia reserva de personal con experiencia militar y de seguridad, cabe preguntarse si asistimos hoy a la reproducción de una matriz semejante a escala continental.

Ecuador, Perú y otros países han profundizado la cooperación militar, el entrenamiento, la interoperabilidad y la incorporación de capacidades tecnológicas con Estados Unidos. Esto no significa que todos estos procesos sean equivalentes ni que exista formalmente un “Plan América”. La expresión puede operar, sin embargo, como una categoría crítica de análisis para examinar la posible conformación de una arquitectura regional de seguridad articulada alrededor de militarización, inteligencia, tecnología, infraestructura y contratación privada.

El asunto no se reduce a quién porta las armas. El cambio más profundo está en la formación de un circuito en el que los Estados definen amenazas, las empresas proveen capacidades, el capital financiero sostiene su expansión y los territorios latinoamericanos se convierten simultáneamente en escenarios, proveedores y mercados de seguridad.

¿Hacia dónde vamos?

La pregunta adquiere mayor gravedad frente a las tensiones que atraviesan el orden jurídico internacional. En el caso de Gaza, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó medidas provisionales vinculantes contra Israel en enero de 2024, ordenó medidas adicionales en marzo y, en mayo, reafirmó las anteriores e indicó nuevas medidas respecto de Rafah.

Por su parte, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Se trata de actuaciones judiciales que evidencian la gravedad de las alegaciones sometidas a examen internacional.

Estos hechos muestran, en cambio, una disputa profunda sobre la capacidad efectiva de las instituciones jurídicas internacionales para contener el uso de la fuerza, incluso cuando están involucrados Estados militarmente poderosos y sus aliados, se rompe así, el orden basado en reglas.

En este escenario, la alerta de Naciones Unidas sobre el mercenarismo colombiano adquiere otra dimensión. No habla únicamente de ciudadanos que son reclutados para participar en guerras extranjeras; revela la expansión de un mercado transnacional que demanda cuerpos, experiencia militar, tecnología, logística y capacidades de violencia para un amplio sector de demanda.

Por eso, es necesario preguntarse qué modelo de mundo se configura cuando la guerra produce mercados, empleos, inversiones, innovación tecnológica y rentabilidades crecientes. Cuando la guerra deja de ser una excepción y comienza a funcionar como infraestructura económica permanente, también se transforma la relación entre Estado, empresa, capital y violencia, la seguridad se privatiza, la experiencia militar se convierte en mercancía y la fuerza de trabajo especializada entra en los circuitos transnacionales de la guerra.

América Latina enfrenta entonces un desafío que trasciende la defensa de sus fronteras. Está en juego su soberanía, su autodeterminación y la capacidad de sus pueblos para decidir sobre sus territorios y recursos, sin convertirse en proveedores de fuerza de trabajo para guerras ajenas ni alimentar un mercado que mercantiliza la experiencia militar, subordina la lealtad constitucional al incentivo económico y erosiona los principios éticos que históricamente han acompañado el servicio y ser militar.

La región será capaz de construir capacidades propias de seguridad y cooperación, sustentadas en soberanía estratégica, derechos humanos, derecho internacional humanitario y autodeterminación, o terminará integrada a una arquitectura transnacional en la que la guerra, sus tecnologías y sus capacidades humanas se conviertan, cada vez más, en un negocio permanente, en una pujante industria global de horror y la muerte.

*Docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellin, parte de REDIPAZ y Red-Observatorio latinoamericano en geopolitica, doctrina, conflictos y bienes estratégicos

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