El bombardeo en el Catatumbo vuelve a poner la guerra en el centro mientras Colombia enfrenta una emergencia sísmica. Entre la militarización, la incertidumbre y el riesgo para la población civil, las acciones desarrolladas exigen verdad, derechos y vidas protegidas.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*
En la madrugada del 11 de agosto, las Fuerzas Militares realizaron una operación aérea contra estructuras atribuidas al ELN en el Catatumbo, en jurisdicción de San Calixto, utilizando aeronaves Kfir y A-29 Super Tucano. La información preliminar habla de cinco campamentos y dos búnkeres impactados, además de armamento y equipos de comunicación incautados.
Paralelamente, la Defensoría del Pueblo confirmó que se encontraba verificando posibles afectaciones a la población civil. En particular, reportó preliminarmente tres personas campesinas heridas y posibles desplazamientos hacia la cabecera de El Tarra. Pero no hay aún reporte de campamentos impactados.
La propia institucionalidad local, sin embargo, muestra algo más inquietante, la Alcaldía de El Tarra reconoció que, al momento de su comunicado, circulaban versiones sobre personas afectadas y que todavía no existía información plenamente verificada sobre su situación. Es decir, mientras desde los centros de poder se habla de objetivos militares, neutralizaciones y resultados operacionales, en el territorio persiste la incertidumbre sobre algo mucho más elemental, qué ocurrió con la población civil.
Comunidad del Catatumbo denuncia que civiles resultaron heridos tras acciones de la fuerza pública realizadas anoche y en la madrugada de hoy en San Calixto. El personero de El Tarra encontró "una vivienda afectada y tres personas graves por un artefacto explosivo". 🧵 https://t.co/O8xyOP23GO
— Rutas del Conflicto (@RutasConflicto) August 11, 2026
Ese debería ser el primer interrogante de cualquier democracia.
No se trata de desconocer la existencia del ELN ni la obligación estatal de proteger a la población frente a las acciones de los grupos armados. Tampoco de negar el derecho del Estado a actuar dentro del marco constitucional y del derecho internacional humanitario. El problema comienza cuando la eficacia militar se convierte en sustituto de la política, cuando el bombardeo vuelve a presentarse como demostración de autoridad y cuando la vida campesina termina convertida en una variable secundaria de la operación.
La Defensoría, de hecho, ha recordado precisamente la obligación de la Fuerza Pública de reforzar la planeación y evaluación de estas operaciones a la luz de los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad del derecho internacional humanitario.
Hemos tenido conocimiento, a través de autoridades y medios de comunicación locales, de un bombardeo registrado en la noche del lunes 10 de agosto en jurisdicción de la vereda El Sinaí, municipio de San Calixto, en límites con El Tarra, Norte de Santander.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) August 11, 2026
De manera preliminar,… pic.twitter.com/jkBXEkcnNo
El Catatumbo conoce demasiado bien esta historia.
Durante décadas, la respuesta estatal frente a territorios atravesados por pobreza, economías ilegales, abandono institucional y presencia de actores armados ha oscilado entre la militarización, la erradicación forzada y operaciones ofensivas. El resultado no ha sido la desaparición de las causas que alimentan el conflicto, sino su transformación y reproducción.
Por eso resulta legítimo preguntar: ¿qué proyecto de sociedad está construyendo el nuevo gobierno si su primera respuesta frente a una región históricamente abandonada vuelve a ser el lenguaje de la guerra y el abandono sigue y se profundiza?
La acción del estado no puede ser mediada por la propaganda, ni reducirse a una fotografía de acciones de devastación difusa cuando conviene. Las acciones eficaces, exige transformar las condiciones que hacen posible la guerra, desigualdad territorial, economías ilegales, ausencia de oportunidades, concentración de la tierra, precariedad institucional, exclusión campesina y disputa violenta por el control territorial.
El propio Acuerdo Final de 2016 reconoció que Colombia requería transformar las condiciones rurales que históricamente alimentaron el conflicto. El Catatumbo constituye precisamente uno de esos territorios donde resulta imposible separar seguridad, tierra, economía campesina, sustitución de economías ilegales, infraestructura, participación política y derechos humanos.
Cuando se habla de operaciones militares y de resultados operacionales, la sociedad colombiana tiene razones históricas para exigir evidencia, transparencia, identificación rigurosa de los objetivos y verificación independiente de las víctimas. Esto pues, la historia reciente demuestra el enorme costo de permitir que la presión por mostrar resultados termine degradando los estándares de verdad y responsabilidad.
Por eso, hablar hoy de riesgo de un nuevo falso positivo no significa afirmar que el bombardeo de San Calixto lo sea. Significa exigir que ninguna operación sea presentada como éxito militar antes de que existan pruebas suficientes sobre quiénes fueron realmente impactados.
La diferencia es fundamental.
Un Estado democrático no puede pedir confianza ciega. Debe ofrecer información verificable. Y mucho menos puede permitir que la categoría de “guerrillero abatido” se convierta automáticamente en una estadística de éxito mientras las comunidades campesinas tienen que demostrar después que también estaban allí, que también fueron afectadas y que sus vidas importan.
Además, Colombia enfrenta simultáneamente una emergencia sísmica de enorme magnitud y una crisis territorial que exige atención humanitaria. El terremoto del 10 de agosto dejó al país enfrentando muertos, heridos, viviendas destruidas, interrupción de servicios y comunidades enteras necesitadas de rescate y asistencia. n medio de semejante tragedia, la prioridad del Estado debería ser inequívoca: salvar vidas.
Eso exige capacidad de coordinación, conocimiento territorial, logística, presencia institucional, información pública confiable y atención inmediata. No propaganda. No espectáculo. No una competencia de declaraciones. Mucho menos una política reducida a mostrar músculo militar.
La emergencia está revelando, además, la importancia de algo que suele permanecer invisible, la capacidad real del Estado para gobernar una crisis. Gobernar no es solamente ordenar; es saber qué ocurre, dónde ocurre, quién necesita ayuda y cómo hacer que esa ayuda llegue.
En territorios como el Catatumbo, esa capacidad resulta todavía más compleja. El Estado no puede pretender descubrir el territorio únicamente desde mapas militares o informes de inteligencia. Necesita escuchar a las comunidades, a las organizaciones campesinas, a las autoridades locales, a las personerías, a las organizaciones de derechos humanos y a quienes conocen cotidianamente los caminos, las dinámicas y los riesgos.
Cuando las instituciones fallan, la sociedad debe organizarse. No para sustituir al Estado, sino para exigir que cumpla su obligación constitucional de proteger la vida y garantizar derechos.
El momento exige activar redes de solidaridad con las comunidades afectadas, apoyar a quienes han sido desplazados, acompañar a las familias, documentar las afectaciones, exigir información pública y reclamar mecanismos independientes de verificación. Las universidades, organizaciones sociales, iglesias, colectivos de derechos humanos, organizaciones campesinas y medios comunitarios tienen aquí una responsabilidad enorme: ayudar a construir una infraestructura ciudadana de verdad, solidaridad y vigilancia democrática.
Porque hay una diferencia profunda entre propaganda y comunicación pública; entre espectáculo y gobierno; entre mostrar fuerza y ejercer autoridad democrática. La primera busca producir una imagen. La segunda busca proteger la vida. Colombia no necesita regresar al pasado.
No necesita volver a una política donde cada crisis territorial sea respondida con más guerra, donde cada bombardeo sea presentado como victoria y donde los campesinos aparezcan únicamente como población en riesgo colateral. Necesita aprender de su propia historia.
El horizonte debe ser una presencia estatal integral, justicia territorial, derechos campesinos, soberanía alimentaria, oportunidades para los jóvenes, sustitución concertada de economías ilegales y garantías para quienes defienden sus territorios. La fuerza legítima del Estado debe estar sometida estrictamente a la Constitución, al derecho internacional humanitario, a la protección de la población civil y a mecanismos efectivos de control.
Lo ocurrido en San Calixto debe ser investigado con rigor. Las personas heridas deben ser atendidas; los posibles desplazamientos, registrados y acompañados; las circunstancias de la operación, esclarecidas; y cualquier responsabilidad individual o institucional, determinada con evidencia.
Ni el ELN ni ningún actor armado puede colocar a la población civil en medio del fuego. Pero tampoco el Estado puede pedirle a esa misma población que soporte nuevamente las consecuencias de una guerra que lleva décadas prometiendo terminar.
Mientras Colombia cuenta sus muertos bajo los escombros, el Catatumbo nos recuerda otra vez que hay vidas que no pueden convertirse en estadísticas. La tarea inmediata es sencilla de formular, aunque difícil de cumplir: salvar vidas, proteger comunidades, decir la verdad y exigir derechos. Lo demás puede esperar. La propaganda también.
*Docente invetigador Universidad de San Buenaventura Medellin, parte de REDIPAZ.
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