México será sede del Mundial de fútbol en 2026, junto con Canadá y Estados Unidos. La celebración global contrasta con la persistente realidad de las desapariciones forzadas en el país y la incapacidad de procesar socialmente una guerra cuyos impactos escapan a las estadísticas, advierte el investigador David Barrios Rodríguez de la UNAM.
Por David Barrios Rodríguez / Instituto de Investigaciones Económicas – Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
15 agosto 2025 0
El 11 de junio pasado inició la cuenta regresiva para el comienzo de la Copa Mundial de Futbol dentro de un año, organizada por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) en Canadá, Estados Unidos y México. En este último, las tres ciudades seleccionadas fueron Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que son las de mayor tamaño y consideradas también como de mayor relevancia económica. El lema del Mundial acorde a los tiempos que corren es #Somos26 lo que ha servido para introducir las 16 ciudades que en los tres países acogerán los partidos de fútbol.
Otro conteo regresivo para México iniciará el 11 de diciembre, y que en 2026 señalará los 20 años del inicio de la estrategia de militarización de la seguridad pública conocida como Guerra contra el narcotráfico, iniciada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Los saldos de la misma son inconmensurables; en parte, porque lo ocurrido no se puede medir a partir de las estadísticas de violencia que invisibilizan diversas vertientes de la problemática, así como las implicaciones culturales y subjetivas, y porque una de las principales herencias consiste en que hemos atravesado por sucesivos umbrales de tolerancia y habituación a la barbarie.
En un recuento social que pone de relieve el cruce de este tipo de límites, distintos nombres aparecen en la memoria: Centro nocturno “Sol y sombra”, Casino Royale, San Fernando, Villas de Salvárcar, Tlatlaya, Allende, Tanhuato, Iguala, Teuchitlán, entre cientos de otros casos. Estos episodios de violencia resultan, en conjunto, dispositivos que han contribuido a la conformación de una combinación de anestesia social y estrés postraumático generalizado en México. Es en ese marco que considero importante tomar un momento para reflexionar sobre la superposición de calendarios.
Por un lado, los balances respecto a un país que es muy distinto al que existía antes de 2006 y por el otro la realización del Mundial de futbol, actividad que de acuerdo con lo ocurrido en las últimas décadas en otros países, ha funcionado como una coyuntura excepcional para desplegar mecanismos de reordenamiento urbano y social que permiten profundizar procesos de acumulación en el capitalismo contemporáneo. En el caso de las ciudades mexicanas que serán sede de los partidos de fútbol, debemos agregar las dinámicas de violencia relacionadas con las actividades de la economía criminal y en particular respecto al fenómeno de desaparición forzada y cometida por particulares, toda vez que en los tres casos se encuentran entre las 10 ciudades con mayor incidencia dentro de un país donde esto ocurre de manera sistemática.
La Copa del Mundo en el país de la desaparición forzada generalizada
La decisión tomada por la FIFA sobre las sedes de la cita mundialista del año próximo dada a conocer el 13 de junio de 2018, generó en México preocupaciones en torno al tipo de afectaciones que suelen estar asociadas con su realización: generación de deuda pública como auténtico legado de las competencias, desalojo de vivienda para la construcción de infraestructura, expulsión del espacio público de ciertos actores sociales (comercio popular y habitantes de calle para “mejorar” la imagen de las urbes) y procesos de gentrificación, así como el reforzamiento de los mecanismos de vigilancia y los procesos de militarización. En el caso de las ciudades mexicanas, han sido identificadas problemáticas específicas, como aquellas derivadas de la escasez de agua para el consumo cotidiano de la población. Si bien todas estas variables son importantes para las y los habitantes de las tres ciudades del país, hay una que se colocará en el centro en este texto.
Una de las expresiones más lesivas de nuestro recorrido contemporáneo se manifiesta en la crisis de desaparición forzada. A mediados de julio de 2025 y de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO), se estableció la cifra de 130 mil 341 personas desaparecidas y no localizadas, al mismo tiempo que se han instaurado marcas históricas en la incidencia de este fenómeno respecto a jóvenes. Como ha sido señalado en múltiples ocasiones, el registro de las desapariciones se remonta al 31 de diciembre de 1952, pero más del 90% de la cifra total ocurrió a partir de 2006, es decir, a partir del lanzamiento de la estrategia de militarización de la seguridad pública. A esto hay que agregar que la base se actualiza de manera constante y que en cada estado del país el proceso puede variar de acuerdo con determinantes específicas, entre ellas la carga de datos que se realiza con distintos ritmos o inclusive omisiones por parte de las autoridades responsables en la materia.
A esto se agregan profundas transformaciones respecto a la convivencia cotidiana con el fenómeno de la desaparición. Los límites atravesados se relacionan con episodios reiterados de represión y asesinato de personas buscadoras, la administración gubernamental de los casos, lo que incluye tortura psicológica a familiares y colectividades solidarias, así como la banalización y negación de lo que sucede en distintas regiones del país. Esta trayectoria incluye lo ocurrido con las desapariciones y los feminicidios en Ciudad Juárez desde la década de los noventa, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en 2014, los hallazgos de miles de fosas clandestinas así como la difusión de técnicas para hacer desaparecer cuerpos entre las que se cuentan procesos de incineración o disolución de personas.
Las distancias del horror y el dolor
Uno de los principales efectos de las estrategias gubernamentales que se emplearon a partir de 2006 está relacionado con la pulverización de los grupos de la economía criminal (en parte por la ineficaz estrategia kingpin basada en el encarcelamiento o asesinato de liderazgos de la economía criminal) y la correlativa fragmentación del territorio como resultado de las disputas que se dan en este. Estimaciones realizadas plantean que, al inicio del sexenio de Calderón, había 8 cárteles dedicados a los tráficos ilícitos, mientras que a finales del 2020 se contabilizaron más de 550, a lo que se agregó un enorme proceso de diversificación en sus actividades. En la actualidad, estas modalidades incluyen el tráfico y trata de personas, armas, así como una variedad de rentas ilegales entre las que se cuentan monopolio de productos y servicios, cobros por protección que remiten a procesos ilícitos de recaudación fiscal, así como su participación en actividades extractivas. Se trata de un proceso en que el capitalismo contemporáneo encuentra en las actividades de la economía criminal, una forma de reproducirse traspasando las fronteras constituidas de manera previa y que se esparce en diversos ámbitos. Esto nos coloca frente a nuevas cartografías determinadas por la disputa de territorios y poblaciones con objetivos de expoliación y que explica las dinámicas de violencia, entre ellas las de las desapariciones cometidas por particulares con la acción, omisión o aquiescencia por parte del Estado. Se trata de un orden de cosas en el que a través de las armas se controla, pierde o recupera una cuadra dentro de un barrio, una tiendita o punto o en escalas mayores, un cerro, una colonia popular, zonas dentro de una ciudad o una región específica o plaza que conecta con vías de trasiego y contrabando, o bien con parte de la infraestructura del Estado y de la economía formal como aeropuertos, ferrocarriles o puertos.
Si miramos algunos indicadores respecto a la desaparición de personas en las tres sedes que en México albergarán partidos de la Copa del Mundo, encontramos lo siguiente. Con datos de mayo de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) es el sitio con mayor incidencia en este fenómeno dentro del Estado del país; dentro de ella destacan los municipios de Guadalajara (3,055 personas desaparecidas), Zapopan (2,451), Tlajomulco de Zúñiga (1,393 personas desaparecidas), Tlaquepaque (1,175 personas desaparecidas) y Tonalá (699 personas desaparecidas). En Zapopan se encuentra el Estadio Akron que albergará 4 encuentros de la justa. Si lo pensamos en términos espaciales y respecto al tiempo de trayectos en un radio que no excede los 50 kilómetros de distancia, se encuentran lugares de reclutamiento forzado y secuestro de personas (Central de autobuses de Tlaquepaque), centros de esclavitud, entrenamiento y exterminio (Sierra de Navajas-Ahuisculco, Rancho Izaguirre), fosas clandestinas (San Isidro Mazatepec) o como ha sido planteado por lxs investigadores Camilo Vicente y Alejandra Guillén, donde operan circuitos de desaparición forzada/circuitos desaparecedores.
Mapa de Guadalajara
Cartel intervenido de la sede mundialista
Nuevo León, cuya capital será otra de las sedes del Mundial, es el quinto estado del país con más desapariciones en México y su capital, Monterrey, también concentra el mayor número de desapariciones, con 2,029 personas desaparecidas, considerando estimaciones a mayo de 2025. El Estadio BBVA, donde se llevarán a cabo también 4 partidos del mundial, se encuentra en el municipio de Guadalupe, que aparece en segundo lugar estatal, con 534 personas desaparecidas. Le siguen los municipios General Escobedo, con 424 desapariciones, Apodaca, con 415, y Juárez, con 325. A una hora del Estadio están los municipios de Hidalgo y Sabinas Victoria, donde se encontraron fosas clandestinas con cientos de miles de restos por identificar. Lo mismo ocurrió al norte, a una hora y media de la capital, en Sabinas Hidalgo. Algo llamativo respecto a esta entidad es que tiene datos superiores a la media nacional respecto a la incidencia en la desaparición de mujeres, con General Escobedo teniendo una proporción del 30.22 % respecto al total, pero con los otros municipios señalados entre el 23.10% (Monterrey) y el 27.43% (Guadalupe).
Mapa de Monterrey
Cartel intervenido de la sede mundialista
Ciudad de México, la capital del país con más de 20 millones de habitantes, ha oscilado entre el séptimo y octavo lugar respecto a las cifras de desaparición forzada y cometida por particulares, aunque algo notable de la dinámica es la agudización del proceso durante los últimos años, así como la proporción de mujeres desaparecidas respecto a los varones. En el Estadio Banorte (conocido por todxs como Estadio Azteca) se tienen proyectados 5 partidos de la copa, entre los que destaca la inauguración, uno de los momentos con más atención mundial. En la capital del país, las delegaciones administrativas que concentran el fenómeno de desaparición forzada son Iztapalapa (911 personas desaparecidas), Gustavo A. Madero (766 personas desaparecidas) y Cuauhtémoc (698 personas desaparecidas). Sin embargo, el fenómeno de la desaparición y la búsqueda de personas ha estado también asociada a los corredores del Ajusco, Magdalena Contreras o Álvaro Obregón que conectan la ciudad por el surponiente con el Estado de México (segundo lugar nacional en el fenómeno de desaparición) y Morelos. Además de ser una zona porosa por el cruce hacia ambas entidades, cuenta con áreas boscosas y aisladas en las que se han reportado desapariciones y hallazgos de restos de personas. Es por ello que en estos sitios, en especial en el Ajusco, se realizan desde hace años búsquedas ciudadanas de personas desaparecidas. Respecto a las cifras del RNPDNO ofrecen el dato de que la proporción entre varones y mujeres desaparecidas acorta su brecha en la capital del país con entre 30 y 35 por ciento en las delegaciones de mayor incidencia y con más de 41% en las delegaciones Tlalpan y Coyoacán, esta última donde se encuentra el Estadio Azteca.
Mapa de la Ciudad de México
Cartel intervenido de la sede mundialista
En el espejo de Río
Hace casi diez años realicé una estancia de investigación en Río de Janeiro para documentar el proceso de militarización que se anticipaba como elemento central de la realización de la olimpiada y paralimpiada de 2016. Era un fenómeno que para ese entonces ya había estudiado durante varios años y en el caso de la capital carioca se había adelantado un modelo policiaco incrustado en áreas populares (favelas) conocido como Unidades de Policía Pacificadora (UPP) consistente en la edificación de fortificaciones dentro de las propias comunidades. El principio de intervención estaba relacionado con la realización de lo que en esa ciudad se concretó como un ciclo de más de diez años de megaeventos (inició en 2007 con los Juegos Panamericanos), que culminaba con los Juegos Olímpicos y que incluso unos meses antes había hecho decretar a la sede en un estado de calamidad financiera. Para poder implantar las UPP en distintas favelas de la ciudad, se llevaron a cabo grandes operativos donde participaron Fuerzas Armadas y la Policía Militar de la ciudad. Pero para intervenir en los complejos de favelas de mayor tamaño como Alemão/Penha y Maré se realizaron las operaciones militares Arcanjo (2011) y São Francisco (2014-2015) de manera respectiva.
No existen datos del todo precisos sobre el número de personas asesinadas (se habla de decenas antes y durante la implantación de las UPP) y desaparecidas durante los meses en que se realizaron estas operaciones, pero hay testimonios sobre distintos episodios de violencia durante el periodo. Incluso durante mi estancia de seis meses en la ciudad expresiones diversas de violencia armada (incluyendo masacres) se realizaron ante la mirada de todxs. En ese contexto, había una consigna que sintetizaba las contradicciones de un momento así: la fiesta en los estadios no vale las lágrimas en las favelas (A festa nos estádios não vale as lágrimas nas favelas).
¿Qué seremos en 2026?
Además de una inversión público-privada millonaria en las sedes, se espera que en el marco del Mundial de Fútbol arriben al país 5.5 millones de turistas y se estima una derrama económica en el orden de los 60 mil millones de pesos. En el horizonte se espera una exaltación de símbolos nacionales, lo que incluye desde los llamados Pueblos Mágicos, o el mundo maya reconvertido en una mercancía (marca Grupo Mundo Maya) mientras se profundiza la devastación ambiental a través del también mal llamado Tren Maya y del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
En México, tenemos antecedentes funestos respecto al vínculo entre represión, anestesia social y realización de megaeventos deportivos. En 1968, a sólo 10 días de la inauguración de las Olimpiadas, se llevó a cabo una masacre en la Plaza de Tlatelolco que marcó la segunda mitad del siglo XX mexicano. Dos años después y todavía teniendo como jefe del ejecutivo a Gustavo Díaz Ordaz y su estela represiva, se realizó la primera Copa del Mundo de Fútbol en México, recordada por el “partido del siglo” o la consagración de Edson Arantes do Nascimento, Pelé. En 1986 y después de la renuncia de Colombia para albergar el evento, entre otras cosas por los requerimientos logísticos y financieros que impone la FIFA, México resultó nuevamente seleccionado (en 1983) para la organización del Mundial de Fútbol. El campeonato recordado por la actuación de Diego Armando Maradona y en especial por los dos goles anotados a Inglaterra, ocurrió sólo un año después del sismo más devastador en el país y que había desestabilizado al régimen de partido de Estado, el PRI.
En 2026 se cumplirán 20 años del inicio de un periodo histórico en México que ha marcado la vida de millones de personas y del cual no se vislumbran salidas en el horizonte cercano. Además de las cifras que revelan lo cruento del proceso, se acumulan profundas transformaciones culturales y subjetivas que son las que persisten al cristalizarse en la sociedad. Al mismo tiempo, se realizará un mega evento deportivo que, en las condiciones actuales, implicará el reforzamiento de los procesos de militarización del espacio público y de los mecanismos de vigilancia y control. Es difícil saber con precisión si la disputa territorial por la extracción ilícita de bienes naturales, acceso y control de rutas de trasiego, extorsiones, comercialización de estimulantes ilegales, la trata de personas con fines de explotación laboral/sexual, o el tráfico de personas migrantes dará una tregua, un respiro a la población. Al comportarse como un espejo de la economía formal, resulta poco probable que las estructuras de la economía criminal renuncien a la ventana de oportunidad que se abre con la realización de un evento de esas características.
No dudo que en 2026 habrá resistencias contra la profundización del modelo de ciudad como mercancía, el despojo del agua a la población o contra la militarización del espacio público. Estoy seguro de que las madres y colectivos que buscan a sus seres queridxs seguirán removiendo con sus herramientas, creatividad y tenacidad, las capas del olvido y la impunidad. Pero, como país, ¿habrá oportunidad para procesar socialmente lo ocurrido en estos 20 años?, ¿seguiremos de manera indefinida en la misma trayectoria?, y ¿qué será de la demanda de justicia, memoria y reparación?, ¿qué será del trabajo de memoria en medio de tanta catástrofe?
Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos