Es difícil concebir algo peor que la reforma pensional propuesta por Rafael Pardo y Juan Manuel Santos. Porque se propone empeorarles, una vez más, sus derechos de pensión a más de un millón de familias que viven de sueldos superiores a dos salarios mínimos y están vinculadas a empresas privadas, convenciones laborales, el magisterio, el poder judicial, los servicios públicos, los organismos de control y el gobierno central, las gobernaciones y las alcaldías.