Durante la madrugada del sábado 20 de julio, fue atacada la Casa de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (REDHER) en Bogotá. Desconocidos entraron al lugar y se llevaron computadores, grabadoras y cámaras fotográficas de la entidad organizadora de la audiencia hacia el Juicio Ético y Político a la Pacific Rubiales, y de la delegación canadiense -país de origen de la multinacional- que acompañó las denuncias de la Unión Sindical Obrera USO y las organizaciones sociales de Colombia.
Las conversaciones de paz entre la Insurgencia, -que responde al sentido de una organización con carácter político-militar, alzada en armas contra el estado- y; el Estado, representado por el gobierno actual en cabeza del presidente J.M. Santos, constituyen una posibilidad abierta para acercar puntos de vista distantes, antagónicos, sobre lo que debe ser la organización política, social y democrática del Estado en cada una de sus partes y las relaciones de este con la sociedad. La sociedad, que no corresponde a un todo unificado y homogéneo, espera desde la clase social excluida del poder y de algunos sectores relacionados con él, que allí se concluya con acuerdos que tracen caminos para derrotar las causas de la guerra en Colombia, es decir que se selle un pacto de paz con reales garantías. Esos acuerdos tocan necesariamente todas las estructuras del poder y los sistemas de producción y distribución de la riqueza material, en cuanto son en ultimas los lugares concretos en los que anidan las causas tanto del alzamiento armado, como de los levantamientos sociales que al reclamar por dignidad están reclamando por un modo de ser humanos con existencia política, de ser, tener y hacer parte del gran proyecto llamado Colombia.
Señores obispos reunidos en la Conferencia Episcopal.
Un cordial saludo de parte del Ejército de Liberación Nacional y les deseamos éxitos en sus actividades.
Esta carta abierta la motiva valoraciones recientes hechas por su representante a los medios de comunicación haciendo un llamado al desarme de la guerrilla como elemento condicionante para lograr la paz de nuestra patria.
Cada clase social, cada Estado, cada Gobierno, cada Partido Político, cada Gremio –para no caer en individualismos- tiene su concepto de paz. Y es la paz que trata de establecer, no la de sus adversarios. Lo que sucede es que hay una realidad histórica inobjetable y en la cual se desenvuelve el mundo –en general- y cada nación –en particular- y se pudiera decir igual o semejante para cada Clase, Estado, Gobierno, Partido y Gremio y que no existe fórmula posible –por ahora- de evitarla, salírsele por la tangente o darle la espalda: la lucha de clases.
Después de más 10 años de estar fuera del escenario político, esta semana la Unión Patriótica (UP) volvió a convertirse como una opción electoral para el año 2014, luego de que el Consejo de Estado le devolviera su personería jurídica.
Sin embargo el retorno de la UP alborotó el ambiente político, en especial porque en su origen, en 1985, estuvo integrada por dirigentes de las Farc entre ellos el hoy negociador de esa guerrilla en La Habana, Luciano Marín, alias "Iván Márquez", cuando se había desmovilizado en virtud del proceso de paz que firmó el gobierno de Belisario Betancur con esa insurgencia.
Hace 20 años se estableció que el 20% de los bachilleres reclutados debían incorporarse para trabajar por el medio ambiente.
“¿Es cierto que uno puede prestar servicio militar ambiental? ¿Usted me está diciendo que yo hubiera podido tener la libreta militar haciendo actividades ambientales? ¿Porque nadie nos dijo?”. Quien hace las preguntas es un joven caleño que en este momento presta su servicio militar obligatorio en la Policía, vigilando algunas cuadras cercanas a la peligrosa zona del Bronx en Bogotá. Como él, muchos se sorprenden cuando escuchan del tema y creen que se trata de una propuesta nueva, pero el servicio militar ambiental es una norma de vieja data que al parecer nadie leyó.
Por primera vez un alto oficial reconoce públicamente cómo participó en una de las más sangrientas incursiones de los paramilitares. Su declaración, justo una década después de sucedidos los hechos, involucra a altos comandantes de la Fuerza Pública, algunos de ellos aún activos.
"El Ejército abrió el Catatumbo a los paras". En el primer año de la incursión paramilitar al Catatumbo, Norte de Santander, dejó más de 20.000 desplazados, un número incierto de desaparecidos y 800 civiles asesinados, la mayoría de ellos en masacres. Fueron seis años de barbarie, sin mayor control estatal.