El Ejército sigue violando olímpicamente la sentencia de la Corte Constitucional C-879 de 2011, mediante la cual se prohíben las detenciones arbitrarias, más conocidas como batidas, en las que las Fuerzas Militares capturan y retienen a jóvenes de las clases populares para obligarlos a ir a la guerra a defender los privilegios y las riquezas de las oligarquías nacional y extranjera, con el cuento de “prestarle el servicio militar a la patria”.
La protesta, que reunió a seis mil personas, marcha por el centro de Madrid encabezados por una pancarta en la que se podía leer su lema 'la sanidad no se vende se defiende'
de personas, muchos ellos médicos y enfermeras, se manifestaron este domingo en Madrid en contra los recortes en la Sanidad y la privatización de la gestión de varios hospitales en la región madrileña.
A partir de la incorporación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos a la Constitución Política, sus principios se convierten en parámetros vinculantes de interpretación de los derechos y deberes constitucionales. Por lo tanto, bajo esa consideración se deben apreciar los postulados básicos del derecho penal interno sobre los cuales se ha construido la legitimidad del derecho de penar – entre ellos el de legalidad e irretroactividad de la ley –, y las normas de derecho internacional que se refieren a los compromisos materiales de justicia, verdad y reparación ante graves infracciones contra derechos humanos fundamentales".
Luis Jorge Garay se ha aproximado a la criminalidad y la corrupción en Colombia desde un enfoque muy diferente al tradicional. Primero, abordó el concepto de la captura del Estado, para analizar cómo los grupos de poder aprovechaban su influencia para lograr leyes y regulaciones a favor suyo y no del interés general. Después, comenzó a aplicarlo para analizar cómo los grupos ilegales habían capturado el Estado y comenzado a reconfigurarlo.
El capitalismo nos ha impuesto sus políticas de desarrollo, las cuales, bajo el supuesto del progreso continuo, lo inagotable de la naturaleza y la imposición de la cultura y forma de ser de los países imperiales, dejan despojo, miseria y fragmentación social.
A raíz de una acción de tutela interpuesta hace aproximadamente 2 meses debido a la sobrepoblación que hay actualmente en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín, antes Cárcel Bellavista y en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Medellín Pedregal, se prohibió el ingreso de imputados a los que los Jueces de Contro de Garantías les han proferido Medida de Aseguramiento de Detención Intramural , se determinó además el traslado de los condenados recluidos en Pedregal. Pero como no hay un establecimiento penitenciario que los reciba, los que han ido evacuando son llevados a los calabozos de paso del Centro Administrativo La Alpujarra, donde actualmente se encuentran hacinados.
En vez de defenderlas, militares y funcionarios de la alcaldía se limitaron a ayudar a 40 familias a salir de sus casas ante las amenazas de los violentos. El caso, que no es único, desató un fuerte debate sobre quién manda en ciertas zonas de Medellín.
El lunes pasado, 40 familias de un barrio rural, cercano a la comuna 13 de Medellín, tuvieron que salir de sus casas para refugiarse en donde familiares y amigos. Militares y funcionarios de la Alcaldía terminaron ayudándoles a sacar sus bártulos. Se ha desatado la polémica. ¿Debían, más bien, reducir a la banda que los amenaza?