El fallo de segunda instancia sobre el caso Dilan Cruz constituye un precedente para el derecho a la protesta y el control del uso de la fuerza, reconoce la responsabilidad del Estado, cuestiona el uso letal de la fuerza contra la protesta y obliga al Estado a revisar doctrinas, protocolos y prácticas que pusieron en riesgo la vida de la ciudadanía.