Por: Alfonso Insuasty Rodriguez* / La alerta de la Defensoría del Pueblo de Colombia sobre Guainía revela una creciente disputa armada por corredores estratégicos amazónicos. ELN y disidencias buscan controlar rutas fluviales, minería ilegal y narcotráfico, afectando gravemente a pueblos indígenas y comunidades locales.

Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*/ La región del Catatumbo vuelve a situarse en el centro del conflicto armado colombiano. En las últimas semanas se han registrado nuevos ataques con drones, desplazamientos de población civil y una expansión territorial de distintos grupos armados que buscan controlar uno de los corredores estratégicos más importantes del país: la frontera entre Colombia y Venezuela.

RECHAZAMOS de manera categórica los señalamientos y estigmatizaciones publicadas el día miércoles 4 de marzo en la red social X contra CINEP/PPP y las comunidades que acompaña. Estas acciones buscan generar miedo y zozobra entre quienes defienden la paz, la justicia social y la permanencia en los territorios, y obstaculizan el ejercicio legítimo del derecho a defender los derechos humanos.

Como resultado de estos graves ataques se presenta en este momento un nuevo desplazamiento de familias del corregimiento de Filo Gringo hacia la cabecera del municipio de El Tarra. Se presume como autores de estos hechos a miembros del autodenominado “Frente 33” de las extintas FARC.

Las organizaciones que hoy nos dirigimos a usted, mantenemos la búsqueda definitiva y materializada a través de planes y programas que, con enfoque de reforma agraria de manera decidida, aportan a la transformación y cambios de las causas estructurales del conflicto; Con fuerza resaltamos los esfuerzos y agendas titánicas que se desarrollan en distintas zonas del País, que luchan por el derecho a la tierra, la protección de lo ambiental y la construcción de la paz.

Por: Alfonso Insuasty Rodriguez* Desinformemonos / En este siglo se ha consolidado un patrón de uso unilateral de la fuerza, coerción económica y apoyo militar con fuerte impacto en población civil. Ante la inacción del sistema multilateral, los tribunales de conciencia resurgen como espacios éticos de denuncia. El Tribunal Permanente de los Pueblos retoma ese legado para juzgar moralmente lo que el poder deja impune.

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