Por: Análisis Urbano
¿Cómo afecta el pacto del fusil en el panorama de los DDHH y el modelo de ciudad que se quiere plantear?. El porqué del Pacto: El 25 de julio del año 2013, Analisisurbano.com y la ONG CORPADES anunciaron públicamente que se había iniciado una tregua criminal entre las estructuras paramafiosas que operan en Medellín y el Área Metropolitana.
En esta participaron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) conocidas como los “Urabeños” y bautizadas erróneamente por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, como el “Clan Úsuga David”, estructura de carácter nacional e internacional con un centro de poder unificado en las regiones de Urabá y Córdoba, con presencia en 20 departamentos y países como Venezuela, Perú, Honduras, Panamá, además de algunas islas del Caribe; y “La Oficina del Valle de Aburrá”, que es, desde la muerte de Pablo Escobar, la fachada del “Cartel de Medellín” la cual maneja dos espacios: los “Jefes gatilleros”, quienes tienen influencia directa sobre las bandas paramilitarizadas del Valle de Aburrá; y la Junta Directiva que es la representante de los intereses de la mafia y el paramilitarismo en esta subregión.
Estas dos estructuras han sido hereditarias del proceso de reingeniería paramilitar y mafiosa que se ha venido construyendo en Colombia por más de tres décadas. En otras palabras, son herederas de la escuela del crimen organizado del país y del fallido proceso de “Desmovilización parcial” del paramilitarismo, impulsados por gobiernos de turno, con una mezcla de intereses particulares en juego.
Son precisamente estas estructuras las que llegan a la “tregua criminal” y al desarrollo de acuerdos que para entonces, desde nuestra organización social y nuestro medio de comunicación, denominamos el Pacto del fusil .
Éste, de acuerdo a fuentes oficiales y extraoficiales, inicialmente se concretó el 13 de julio del 2013, luego de una reunión clandestina en el Valle de Aburrá a la que acudieron los delegados de dichas estructuras y los coordinadores de las bandas zonales, las cuales agrupan bandas barriales y de corregimientos. No obstante, este acuerdo contó con posteriores encuentros: el segundo fue en una trocha del municipio de Santa Fe de Antioquia, más o menos entre el 23 y 24 de julio, en donde se acordó el fortalecimiento de la tregua criminal y fue denominado como el “pacto de San Jerónimo”; el tercero ocurrió un mes después en Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, con la particularidad que involucró la presencia de la organización paramafiosa de los “Rastrojos”; el cuarto y definitivo se llevó a cabo en la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, a este asistieron la cúpula de la primera línea de mando de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o “Urabeños” y los jefes de la “Oficina del Valle de Aburrá”.
Es importante mencionar las reuniones posteriores porque de estas se puede deducir que esta tregua no se planteó sólo como una estrategia a nivel local, sino que tenía pretensiones de funcionamiento a nivel departamental y nacional, cuya prueba piloto sería el escenario del Valle de Aburrá.
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