Por Mesa Internacional por el Derecho a la Salud
Bogotá, mayo 9 de 2014. Está circulando un cuadro comparativo entre el proyecto de reforma a la salud aprobado en la plenaria del Senado en 2013 y lo que sería la ponencia positiva para tercer debate, preparada por el equipo del Ministerio de Salud y Protección Social.
Esto quiere decir que el gobierno Santos decidió, en plena reelección, avanzar en la Reforma a la Salud para ajustar el negocio, disfrazándolo de “derecho fundamental a la salud”. La Mesa Nacional por el Derecho a la Salud hace un llamado a la sociedad colombiana para evitar otro atropello contra la salud de todos y todas.
Dicho cuadro muestra con toda claridad lo que anunció el ministro Alejandro Gaviria: unos cuantos artículos que mantengan lo esencial de la reforma son los que quedarán. Pero ¿qué es lo esencial para el gobierno Santos? Precisamente ajustar el negocio por medio de la “alineación de incentivos” para todos los agentes, en especial, las EPS.
El criterio esencial de esta perjudicial reforma es el de la “sostenibilidad fiscal” en la estructura del presupuesto de la nación. De esta forma, se aplicará rigurosamente la “regla fiscal” para pagar la deuda pública, para garantizar el gasto en seguridad nacional y lo que quede repartirlo en la política social de subsidios para pobres. El resto, debe ser pagado por las familias, según su capacidad de pago.
A partir de ese criterio se organizó el proyecto de ley estatutaria en salud (que aprobó el Congreso a ‘pupitrazo’ en junio de 2013 y que revisa la Corte Constitucional) para limitar el derecho de los usuarios.
En este nuevo proyecto queda claro que el “derecho fundamental a la salud” es un paquete de servicios de salud pero con “exclusiones” que no pagará el Estado. Es decir, el No POS de hoy será pagado por las familias según su capacidad de pago y no habrá cabida para la acción de tutela.
Es así que solo después de que un paciente acuda a los reclamos administrativos podría actuar un juez de tutela. En este sentido, si lo que usted, su hijo, hermano, padre o cualquier familiar necesita quedó excluido, tendrá que acudir al Ministerio o al Consejo de Estado antes que a la tutela.
La Mesa Nacional por el Derecho a la Salud denuncia a la opinión pública estas artimañas del presidente Santos para garantizar el negocio de los intermediarios de la salud, mientras limita el derecho fundamental a la salud de la población colombiana.
Asimismo la MNDS hace un llamado a la sociedad colombiana, a todos los sectores sociales en conflicto, para movilizarse en contra de este proyecto de reforma a la salud del gobierno Santos y exigir su retiro del Congreso, en la Gran Movilización Nacional por el Derecho a la Salud, en todas las regiones y ciudades, el próximo 15 de mayo. Para el caso de Bogotá la concentración en la Plaza de Bolívar de Bogotá en horas del mediodía.
La Reforma y su prelación por el negocio
Para el proyecto de ley ordinaria, cuyo debate iniciará pronto en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el aspecto más importante que quiere “solucionar” el ministro Gaviria es “resolver” de una vez por todas el tema del carácter público de los recursos de la salud y entregárselos a los nuevos intermediarios, llamados “Gestores de Servicios de Salud” (GSS). Esto significa privatización total de los recursos de la salud.
Por otra parte, el gobierno pretende hacer la “alineación de incentivos” de los GSS por medio de “Salud Mía”, que será una empresa industrial y comercial del Estado, del sector financiero y de derecho privado, es decir un banco, constituirá unas cuentas de “reservas” de los nuevos GSS, sean públicos, privados o mixtos, a su nombre (Art. 13).
Al convertirse estas reservas en potenciales “ingresos” de los “gestores” (Art. 32), se privatizan estos recursos públicos y no serán objeto de control por parte de organismos como la Contraloría, la Procuraduría o la Fiscalía. Así, el señor Carlos Palacino, dueño real de Saludcoop, quien disfruta de plena libertad y de miles de millones de pesos embolsillados, podrá ganar el pleito y liberarse de la saliente Contralora, mientras Santos, reelegido, le nombra un Contralor complaciente.
Para liberar estas “reservas” de los nuevos gestores, el banco acudirá a varios mecanismos de “pago”: una parte de administración, el pago de las facturas que “auditen” y “autoricen” los gestores por los servicios prestados a sus afiliados, un reaseguro para el alto costo, un fondo de garantías, un sistema de “pago por resultados” y, finalmente, los “excedentes” o “utilidades” podrán ser retirados cada año por cada gestor, como pago por su buena “gestión del riesgo en salud”. Mientras tanto, continuarán las barreras, las autorizaciones, las demoras, las inequidades y el paseo de la muerte.
Temas como el laboral, el régimen especial del Magisterio y el de la formación en salud, quedan para que el Presidente las defina por facultades extraordinarias o para una nueva ley. Aunque, obviamente, deberán ser acordes con lo esencial de la reforma.
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