POR: Carlos Medina Gallego
Al cierre de otra ronda en las conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC- EP, en La Habana- Cuba, a través del comunicado Conjunto No.27 las delegaciones han dado a conocer al país y a la comunidad internacional un importante y significativo paquete de acuerdos sobre el segundo tema de la agenda centrado en la participación Política.
Lo anunciado en el extenso comunicado ha sido recibido por los sectores democráticos del país y en general por la ciudadanía como una muy buena noticia para el proceso de paz, que venía sufriendo de amañados señalamientos por grupos que han sido ideológica, obstinada y ciegamente críticos no sólo de la derecha, la "centro derecha" uribista, sino de sectores radicales de la izquierda tradicional que no logran colocarse en la perspectiva de los nuevos tiempos.
Los acuerdos de La Habana no sólo están refundando las formas de hacer la política, sino, le están mostrando a los sectores más escépticos el avance de la decisión de las FARC- EP de marchar de manera definitiva hacia la lucha política democrática sin abandonar sus imaginarios de lucha revolucionaria y de transformación significativa de la sociedad colombiana en el momento histórico por el cual esta atraviesa.
Los logros alcanzados en materia de participación política en las últimas rondas de conversaciones, construyen una agenda de transformaciones institucionales y políticas que conducen de manera necesaria hacia la ampliación y profundización de la democracia, en donde no sólo los partidos y el sistema político electoral se ve favorecido, sino, de igual manera, se aspira a hacer de la democracia un vehículo de la participación social en los escenarios del poder gubernativo. Es la democracia, más allá de la democracia política, incursionado en los espacios de la participación social en los escenarios de la gobernabilidad local, regional y nacional.
La posibilidad de construir entre todos una sociedad pluralista, implica poder aceptar y reconocer la diferencia como parte fundamental del ejercicio democrático y a la oposición como un baluarte del mismo. Poder cambiar las prácticas excluyentes que dieron origen a la guerra, en experiencias incluyentes sobre las cuales se edifique la Paz a través del ejercicio elemental de reconocimiento de los derechos civiles ciudadanos y el ofrecimiento de las garantías para su ejercicio pleno. Resulta esperanzador saber que gobierno y FARC se ponen de acuerdo en torno a la urgencia de construir una sociedad pluralista, incluyente y participativa con la cual se fortalece un nuevo modelo de democracia, que no es la que tenemos, sino la que se debe construir con el concurso de todos colombianos y en la cual seguramente tendrán un lugar los opositores del actual proceso de paz. De ahí, la pertinencia de lo acordado en la necesidad que todas las fuerzas políticas coadyuven de manera decidida en la formulación de un concertado y amplio estatuto de oposición, en el entendido que esta condición no es sólo de la izquierda o de la derecha sino de las posibilidades democráticas de ser de una sociedad en paz.
Los acuerdos tienen un explícito reconocimiento de la exigencia de empoderar a la ciudadanía en las vivencias de la democracia y del ejercicio del poder público, donde también se contempla el ejercicio amplio y profundo de la movilización social, de sus formas de organización y su legítimo derecho constitucional a la protesta. Para decirlo de manera más clara, sin equívoco alguno: el ejercicio de la protesta pacífica ciudadana es parte constitutiva esencial de la construcción de un régimen auténticamente democrático, de un modo de democracia que reconoce el conflicto como elemento dinamizador de los cambios sociales y políticos. Así que todo intento de judialización y criminalización de la movilización y la protesta social es contrario a la democracia que busca construirse al margen de la guerra. No es sano pensar que la democracia es una conquista del desarrollo de la guerra entre el gobierno y la insurgencia, es mejor aceptar que es la superación de una forma equivocada de gobernar al país desde la exclusión que condujo hacia la guerra.
Desde luego, como lo plantea lo acordado en La Habana es necesario construir mecanismos y pedagogías para que la ampliación y profundización de la democracia se comience a construir en un escenario de reconciliación y convivencia entre los colombianos, en eso juegan un papel determinante los medios de comunicación, la escuela, la familia y la iglesia unidos a un decidido cambio del discurso del gobierno frente al proceso y a la vida democrática de la nación.
La lucha contra la corrupción, la posibilidad que veedurías y observatorios ciudadanos hagan seguimiento a la implementación de los planes de desarrollo y a la ejecución presupuestal, son importantes, pero insuficientes, debe complementarse con una decidida participación de las comunidades y ciudadanos en los asuntos de gobierno. Comunidades participes con más capacidad de decisión y posibilidades de ejecución y gestión de programas. Por eso resulta tan significativa la propuesta de aumentar la participación ciudadana en los escenarios de planeación del desarrollo local y regional.
La generación de una etapa de transición que posibilite el surgimiento de nuevos partidos y los acompañe hasta que hayan adquirido el desarrollo suficiente para cumplir con un decidido e importante papel en el fortalecimiento de la democracia, es otro de los logros de los acuerdos alcanzados. Así cómo la posibilidad de contar, en ese periodo de transición. con circunscripciones de paz que brinden la oportunidad de que se exprese el mayor pluralismo posible en la vida política de la nación. Aspectos que deben ampararse, desde luego, de una revisión, ajuste y modernización del sistema electoral que anule toda posibilidad de fraude.
Es obligatorio prestar una especial atención a los mecanismos de seguridad que han de ofrecerse a los miembros de la insurgencia que se decidan a participar en política, a partir de la firma de los acuerdos y la creación del movimiento político en que se ha de constituir las FARC. Este es uno de los aspectos que más preocupa a las insurgencias por las amargas experiencias que se han tenido al respecto, en relación con la institucionalización de los miembros de la guerrilla y su participación en política. No puede ser la zozobra, el señalamiento, la persecución y la muerte lo que deben esperar los miembros de la guerrilla, por el contrario, deben encontrarse con una sociedad que garantiza sus derechos ciudadanos y proteja su ejercicio en amplitud.
La posibilidad de acceder a los medios de comunicación es otro de los logros fundamentales, de los acuerdos alcanzados, que se extiende al reconocimiento y protección de los medios alternativos.
Por último, es cardinal resaltar la importancia que los acuerdos atribuyen a la participación de la mujer y la exigencia que la participación política esté cruzada por un marcado enfoque de género.
Lo dado a conocer por la mesa de conversaciones resulta sin duda en un muy importante y decisivo paso en la culminación de la guerra, para la construcción de la Paz en el país. Esperemos que cada vez haya menos escépticos y más gente optimista acompañando este proceso que poco a poco se acerca a cumplir con el clamor nacional de paz.
8 Noviembre de 2013
Carlos Medina Gallego
Docente Investigador
Universidad Nacional de Colombia
Nota: La Universidad Nacional de Colombia, esta urgida que el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, el sector privado y la sociedad en general, presten especial atención a su difícil situación de infraestructura y presupuesto, para que pueda seguir con su misión de ayudar a construir la nación colombiana.