El problema no está en que el Estado combata el crimen organizado, proteja a la población o fortalezca sus capacidades de investigación y justicia. La cuestión fundamental es qué concepción de seguridad orienta estas decisiones, qué diagnóstico territorial las sustenta y cuáles son sus límites jurídicos, políticos y humanitarios.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*
El anuncio del presidente Abelardo De la Espriella sobre la nueva estrategia de seguridad y orden público marca un giro significativo en el lenguaje y las prioridades de la política de seguridad colombiana. El Gobierno plantea tratar bajo una misma categoría de “terroristas” a las estructuras criminales y anuncia el fortalecimiento de la Fuerza Pública, nuevas operaciones contra grupos armados, medidas frente a la extorsión y un endurecimiento de la política migratoria.
El problema no está en que el Estado combata el crimen organizado, proteja a la población o fortalezca sus capacidades de investigación y justicia. La cuestión fundamental es qué concepción de seguridad orienta estas decisiones, qué diagnóstico territorial las sustenta y cuáles son sus límites jurídicos, políticos y humanitarios.
Una estrategia integral que simplifica la realidad. La primera contradicción aparece en el propio concepto de “seguridad integral”. Una estrategia que pretende ser integral debería partir de una lectura igualmente integral del país, reconocer la diversidad territorial, las distintas formas de violencia, las economías legales e ilegales que las atraviesan, las desigualdades históricas, la débil presencia institucional en determinadas regiones y las particularidades de los conflictos urbanos, rurales, étnicos y fronterizos.
Sin embargo, si el punto de partida es reducir esa complejidad a una única categoría “terroristas”, lo que se presenta como una estrategia integral termina evidenciando precisamente lo contrario, la ausencia de una estrategia capaz de comprender integralmente el problema.
Colombia no enfrenta un único fenómeno de violencia, coexisten conflictos armados de distinta naturaleza, organizaciones insurgentes, estructuras sucesoras del paramilitarismo, redes de criminalidad organizada, economías ilícitas, disputas por el control territorial, conflictos asociados a la tierra y los recursos naturales, además de múltiples expresiones de violencia urbana y rural. Sus causas, estructuras, capacidades y relaciones con las comunidades no son equivalentes.
Homogeneizarlas puede facilitar el discurso político y simplificar la comunicación gubernamental, pero difícilmente constituye una política pública eficaz. Una estrategia de seguridad comienza por diferenciar aquello que es diferente para poder intervenir de manera adecuada sobre cada fenómeno, denota inteligencia activa, lo contrario, especulación política.
La experiencia colombiana ofrece suficientes evidencias de los límites de las respuestas exclusivamente coercitivas. La fragmentación de organizaciones armadas después de operaciones militares o procesos de desmovilización, la recomposición de mercados ilegales y la disputa posterior por territorios y rentas muestran que golpear militarmente una estructura no necesariamente elimina las condiciones que producen y reproducen la violencia. Por ello, el desafío no consiste únicamente en aumentar la capacidad operativa del Estado, sino en comprender qué poderes ocupan los territorios, qué economías los sostienen, qué poblaciones están sometidas a ellos y qué vacíos institucionales permiten su reproducción.
Presidente De La Espriella anuncia estrategia integral de seguridad: todos los
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 25, 2026
grupos criminales serán tratados como terroristas. pic.twitter.com/HV5dJcog7K
“Terrorismo” no sustituye la clasificación jurídica
Uno de los aspectos más preocupantes del nuevo discurso gubernamental es la decisión de tratar indistintamente a los grupos armados ilegales como “terroristas”. Políticamente, un gobierno puede emplear esta denominación; jurídicamente, sin embargo, una etiqueta no sustituye la clasificación de las situaciones de violencia.
El Derecho Internacional Humanitario establece criterios objetivos para determinar la existencia de un conflicto armado no internacional, entre ellos el nivel de organización de las partes y la intensidad de las hostilidades. La motivación política, económica o criminal de un grupo no determina por sí sola la aplicación del DIH. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha insistido en que la clasificación de los conflictos debe realizarse a partir de los hechos sobre el terreno y no de las denominaciones políticas utilizadas por los gobiernos.
Esta precisión es fundamental, qe un grupo sea denominado “terrorista” no elimina la aplicación del DIH cuando objetivamente existe un conflicto armado, ni convierte automáticamente todas las situaciones de violencia en jurídicamente equivalentes. Tampoco significa otorgarle legitimidad política a una organización armada. El DIH no reconoce legitimidad a las partes, limita los medios y métodos de guerra y protege a quienes no participan directamente en las hostilidades. Por eso, incluso frente a organizaciones responsables de graves violaciones, las obligaciones humanitarias continúan siendo aplicables.
La cuestión central, entonces, no es si el Gobierno puede utilizar la palabra “terrorista”, sino qué consecuencias prácticas tendrá esa categorización sobre el uso de la fuerza, la protección de la población civil y el respeto de las garantías constitucionales y humanitarias.
Seguridad no es sinónimo de militarización
Una política verdaderamente integral tampoco puede reducir la seguridad a la capacidad de fuego de la Fuerza Pública. La seguridad de una comunidad campesina no depende únicamente de la presencia militar si continúa sin acceso efectivo a justicia, salud, educación, vías, tierra, protección de sus liderazgos y alternativas económicas frente a las rentas ilícitas. Del mismo modo, la seguridad urbana no puede abordarse únicamente mediante operaciones policiales si permanecen estructuras económicas y territoriales capaces de reproducir extorsión, control social y violencia.
La seguridad integral debería significar precisamente lo contrario de la simplificación, combinar protección de la población, justicia, prevención, inteligencia, presencia institucional civil, garantías de derechos, transformación territorial y capacidades diferenciadas frente a cada forma de violencia. El verdadero desafío para Colombia no es solamente derrotar militarmente a determinados actores, sino impedir que, después de cada operación, el territorio vuelva a quedar disponible para que otra estructura ocupe el espacio dejado por la anterior.
Por eso, una doctrina que reduce la complejidad territorial a una guerra contra “terroristas” corre el riesgo de confundir contundencia discursiva con estrategia. La seguridad no se vuelve integral porque así se denomine un documento gubernamental; lo es cuando comprende integralmente las causas, actores, territorios y poblaciones involucradas y actúa sobre ellos sin sacrificar los derechos que el Estado tiene precisamente la obligación de proteger.
Una Colombia que no cabe en una sola categoría de violencia
La realidad territorial colombiana contradice cualquier intento de homogeneización. En el país coexisten estructuras con capacidades militares y control territorial sostenido, organizaciones vinculadas históricamente con insurgencias, redes paramilitares y mafiosas, estructuras urbanas dedicadas a la extorsión y el control de mercados ilegales, y organizaciones cuya principal racionalidad está asociada a economías ilícitas. Estas diferencias no son meramente académicas, determinan el marco jurídico aplicable, las instituciones competentes, los objetivos de intervención y los instrumentos necesarios.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha documentado la coexistencia de varios conflictos armados no internacionales en Colombia y ha señalado que su clasificación exige valorar las condiciones concretas de cada territorio. En consecuencia, una política que coloca bajo una misma categoría a actores y fenómenos sustancialmente diferentes corre el riesgo de sustituir el diagnóstico por la consigna. La seguridad, en efecto, no se fortalece cuando el Estado deja de distinguir, sino cuando comprende mejor las diferencias y actúa con mayor precisión. De ahí surge una primera contradicción de la denominada “seguridad integral”, si su punto de partida es la simplificación de una realidad territorial compleja, su carácter integral resulta, cuando menos, cuestionable.
El retorno de una lógica de guerra
Esta nueva orientación debe leerse también en perspectiva histórica. Desde comienzos del siglo XXI, Colombia incorporó progresivamente el lenguaje internacional de la “guerra contra el terrorismo” a su política de seguridad. En determinados momentos, la cooperación con Estados Unidos articuló las agendas de lucha contra las drogas, insurgencia y terrorismo, consolidando una matriz de seguridad fuertemente militarizada. La comparación con la doctrina estadounidense contemporánea no implica afirmar una subordinación automática de la política colombiana. Sí permite advertir, sin embargo, una convergencia discursiva, la presentación de organizaciones criminales y carteles como amenazas a la seguridad nacional y la combinación de inteligencia, persecución financiera y operaciones de fuerza.
Colombia, históricamente vinculada a estas arquitecturas de cooperación, debe preguntarse hasta qué punto la adopción de tales categorías responde a necesidades propias y hasta qué punto reproduce agendas geopolíticas externas. La cooperación internacional puede ser necesaria; la definición de las prioridades nacionales de seguridad no puede dejar de responder a la Constitución, a la historia del conflicto y a las realidades de los territorios. La fuerza, sin transformación territorial, una vieja paradoja.
Otro problema aparece cuando la eficacia de la política se reduce a resultados operacionales. Capturas, incautaciones, decomisos y operaciones contra estructuras armadas pueden ser necesarios, pero no constituyen por sí mismos una estrategia de seguridad integral. La experiencia colombiana muestra que el debilitamiento de una organización puede producir fragmentaciones, disputas internas y nuevas estructuras cuando permanecen intactas las economías ilegales y las condiciones territoriales que permiten reproducirlas.
El riesgo aumenta cuando el éxito institucional vuelve a medirse fundamentalmente mediante indicadores cuantitativos. La experiencia documentada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los llamados “falsos positivos” muestra las consecuencias que pueden producir sistemas de incentivos militares cuando el número de bajas se convierte en un criterio privilegiado de éxito. La lección es clara, una política que premia resultados operacionales sin controles suficientes puede terminar generando nuevas violencias, víctimas y pérdida de legitimidad estatal. La seguridad sostenible requiere resultados, pero también legalidad, protección de civiles, rendición de cuentas y transformación de las condiciones que alimentan el conflicto.
¿Dónde quedan las causas territoriales de la violencia?
En buena parte de las regiones afectadas persisten concentración de la tierra, pobreza rural, economías ilícitas, débil presencia estatal, corrupción, despojo, precariedad de servicios y disputas por los recursos naturales. Los actores armados no se reproducen únicamente por su capacidad militar, sino porque existen territorios, economías y relaciones de poder que sostienen su permanencia. Combatirlos sin transformar esas condiciones puede producir una victoria táctica y una derrota estratégica.
Colombia cuenta además con capacidades institucionales para perseguir las rentas criminales. La UIAF, por ejemplo, desarrolla funciones de inteligencia financiera frente al lavado de activos y otras economías ilícitas. El desafío no es simplemente crear nuevas facultades, sino articular las capacidades existentes, desmantelar las redes económicas y políticas que sostienen las violencias y cerrar las vías de legitimación de las rentas ilegales.
Una política integral debe diferenciar seguridad, defensa, convivencia y política social. La migración, la protesta, la convivencia urbana y la prevención del delito no pueden abordarse bajo lógicas propias de la guerra. Preservar las funciones constitucionalmente diferenciadas de las instituciones de seguridad y defensa constituye una garantía frente a la expansión de la excepcionalidad sobre la vida civil.
El endurecimiento de las operaciones contra la población migrante irregular merece especial vigilancia. Asociar migración y criminalidad puede convertir a poblaciones vulnerables en **sujetos permanentes de sospecha**. Una democracia segura no puede construirse criminalizando al migrante, al campesino, al joven de periferia, al líder social o al opositor.
¿Seguridad para quién y para qué?
El debate no debe plantearse entre seguridad y paz: esa oposición es falsa. La cuestión es qué entendemos por seguridad y qué sociedad queremos proteger. Una política democrática debe garantizar la vida y los derechos, recuperar los territorios para sus comunidades, desmontar las economías criminales, fortalecer la justicia y asegurar condiciones de vida digna. La Fuerza Pública es necesaria, pero no puede sustituir al Estado social ni la inversión, la reforma rural y la participación ciudadana.
La experiencia colombiana demuestra que la militarización puede contener determinadas violencias, pero difícilmente transforma las condiciones que las reproducen. El riesgo es volver a una concepción de seguridad que, bajo la “guerra contra el terrorismo”, termine absorbiendo la política social, territorial y ciudadana, debilitando las garantías constitucionales y reeditando la lógica del enemigo interno.
Colombia necesita un Estado fuerte por su capacidad de garantizar derechos, justicia, protección y dignidad, no por la cantidad de fuerza que despliega. La seguridad debe ser humana, territorial y democrática: proteger la vida, los bienes comunes, la soberanía y la autonomía de las comunidades.
Y aquí aparece una certeza histórica: la construcción de paz volverá, es cuestión de tiempo. Porque la paz no puede reducirse a una política de gobierno ni desaparecer por decreto. Está arraigada en las comunidades y en sus territorios, en sus luchas por participación real, vida digna, inversión pública efectiva, autonomía, equidad, defensa de los bienes comunes y cuidado de la Madre Tierra. Frente a la persistencia de las causas estructurales de la violencia, tarde o temprano volverá a imponerse la necesidad de construir una paz desde los territorios, con las comunidades y no contra ellas.
*docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, parte de REDIPAZ.
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