Norosí, Ituango y la cordillera nariñense registran en pocos días ataques con drones y explosivos, combates entre estructuras armadas, afectaciones a bienes civiles y desplazamientos. Las alertas de la Defensoría exigen pasar de la reacción a una política efectiva de prevención y transformación territorial.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez* REDIPAZ
Entre el 19 y el 23 de agosto, distintos territorios de Bolívar, Antioquia y Nariño volvieron a quedar atrapados en dinámicas de confrontación armada. Los hechos tienen características particulares y no permiten hablar, por sí solos, de una ofensiva nacional coordinada. Sin embargo, su simultaneidad evidencia una tendencia preocupante: la disputa por el control territorial continúa trasladando sus costos a las comunidades rurales.
La propia Defensoría del Pueblo ha documentado y advertido sobre estos escenarios. En Ituango, por ejemplo, confirmó la instalación de un artefacto explosivo y una bandera atribuida a disidencias de la línea de alias “Iván Mordisco” y señaló que los enfrentamientos entre estructuras armadas provocaron el desplazamiento de población rural.
En Nariño, la Defensoría expresó preocupación por confrontaciones entre el Frente Comuneros del Sur, las Autodefensas Unidas de Nariño y disidencias asociadas a alias “Iván Mordisco”, con ataques explosivos y afectaciones a la población y sus medios de subsistencia.
Norosí: la escuela a pocos metros de la guerra
El 19 de agosto, en Norosí, sur de Bolívar, un ataque contra la estación de Policía, atribuido al ELN, habría utilizado drones con explosivos y ráfagas de fusil, dejando varios uniformados heridos. La gravedad trasciende la afectación a la Fuerza Pública: la estación está ubicada a pocos metros de una institución educativa, lo que obligó a suspender las clases y expuso a niños, niñas y adolescentes. El DIH exige extremar las medidas de distinción y precaución para reducir al mínimo los riesgos sobre la población civil. La ubicación de instalaciones militares o policiales junto a bienes civiles sensibles, como escuelas, incrementa esos riesgos y demanda medidas preventivas específicas por parte del Estado. No se trata de afirmar que su proximidad sea, por sí misma, una violación del DIH, sino de reconocer que la protección efectiva de la población debe orientar la planeación y disposición de la infraestructura de seguridad en contextos de conflicto armado.
Este tipo de hechos revela una transformación preocupante de las formas de confrontación, el uso de drones y artefactos explosivos en entornos poblados aumenta el riesgo de afectaciones indiscriminadas y exige extremar las medidas de precaución. La población civil no puede convertirse en escudo, escenario ni costo previsible de la confrontación.
En la tarde del miércoles 19 de agosto, el ELN atacó la estación de Policía de Norosí, Bolívar, con drones y ráfagas de fusil. El ataque dejó ocho integrantes de la fuerza pública heridos, seis de los cuales fueron evacuados del municipio. Manifestamos nuestra solidaridad con la… pic.twitter.com/5bvUzXwdCE
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) August 23, 2026
Ituango: territorio disputado, población desplazada
El 20 de agosto fue reportada la instalación de un artefacto explosivo en Agualinda, vereda Los Galgos, Ituango, acompañada de una bandera atribuida a disidencias de la línea de alias “Iván Mordisco”. Durante las labores de despeje resultó herido un integrante de la Fuerza Pública. Pero el episodio se inscribe en una disputa territorial más amplia. Entre el 20 y el 22 de agosto se intensificaron los enfrentamientos en la vereda La Filadelfia, corregimiento El Aro, entre estructuras armadas que disputan el control territorial.
El resultado más inmediato volvió a recaer sobre la población, cerca de un centenar de personas se desplazaron hacia la cabecera municipal de Ituango ante el temor y la zozobra. El dato es particularmente doloroso en un territorio como El Aro, marcado por una historia de violencia que debería impedir cualquier normalización del conflicto.
Enfrentamientos armados en Ituango, Antioquia, generan desplazamiento de población rural.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) August 23, 2026
Hacemos un llamado:
- A los actores armados ilegales involucrados, para que respeten estrictamente las normas del Derecho Internacional Humanitario, en particular los principios de… pic.twitter.com/l4eYe4j5gm
Nariño: fuego, confrontación y medios de vida amenazados
En Linares y Los Andes, Nariño, las confrontaciones entre estructuras armadas han generado afectaciones sobre comunidades rurales, sus cultivos y otros medios de subsistencia. La Defensoría pidió garantizar el ingreso de organismos de socorro y proteger a la población. No se trata solamente de contabilizar enfrentamientos. Cuando la violencia impide el ingreso de bomberos, personal sanitario o misiones humanitarias, la confrontación termina ampliando sus efectos sobre derechos fundamentales que nada tienen que ver con quienes participan directamente en las hostilidades.
La situación tampoco aparece de la nada, la Defensoría ya había advertido en Nariño sobre disputas territoriales entre el Frente Franco Benavides, Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño, así como sobre el uso de drones y explosivos en zonas urbanas y centros poblados. La Alerta Temprana de Inminencia 005 de 2026 identificó, además, riesgos asociados con desplazamiento forzado, contaminación por minas y artefactos explosivos, restricciones a la movilidad, ataques y enfrentamientos con interposición de población civil. La advertencia existía. El desafío ahora es impedir que la alerta se convierta en tragedia.
#Nariño Expresamos nuestra profunda preocupación por los hechos ocurridos en las veredas La Cocha, Parapetos, Bella Florida, Tambillo de Bravos y El Estanque, en el municipio de Linares, así como en las veredas Arenal y Villanueva, en el municipio de Los Andes (Nariño).
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) August 23, 2026
En esta… pic.twitter.com/81tShgj8fz
No son solo hechos de seguridad, es una crisis territorial.
Leer estos acontecimientos exclusivamente como problemas de orden público sería insuficiente, detrás de las confrontaciones aparecen disputas por corredores estratégicos, control poblacional, economías ilícitas, rentas territoriales y capacidad de regulación sobre comunidades. En Nariño, por ejemplo, la propia Defensoría ha señalado que la disputa por corredores de movilidad está vinculada con el control de tropas y rentas ilícitas.
Esto obliga a superar una respuesta centrada exclusivamente en la presencia militar, la pregunta no puede ser únicamente qué actor controla determinado territorio, sino también por qué estos territorios continúan siendo escenarios de disputa armada, qué economías sostienen esas estructuras y qué condiciones institucionales permiten su reproducción.
El DIH no puede ser negociable. Todos los actores armados deben respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario. La población civil debe ser protegida y las partes tienen obligaciones frente a los principios de distinción, precaución y proporcionalidad. Esto implica, entre otras cosas, evitar ataques que puedan afectar indiscriminadamente a civiles, proteger bienes civiles, facilitar la labor humanitaria y abstenerse de utilizar a las comunidades como parte de las hostilidades.
Pero también implica una responsabilidad estatal: prevenir, proteger, investigar y responder oportunamente ante los riesgos advertidos. Las alertas tempranas no pueden convertirse en documentos que circulan entre oficinas mientras las comunidades esperan la llegada de la violencia.
¿Qué debe hacer el Estado?
La respuesta inmediata debe garantizar asistencia humanitaria, protección de las comunidades desplazadas, ingreso seguro de organismos de socorro, atención sanitaria, continuidad educativa y condiciones seguras para el retorno. Pero la respuesta estatal no puede limitarse a contener la emergencia.
Se requiere una estrategia territorial integral que articule: Prevención efectiva, utilizando las Alertas Tempranas para anticipar los riesgos y actuar antes de que la tragedia ocurra; protección integral, con especial atención a niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas y étnicas y liderazgos sociales; garantías para la misión humanitaria, asegurando el ingreso de personal de salud, rescate y atención de emergencias; investigación y control, frente a las conductas de todos los actores armados, sin excepciones; presencia integral del Estado, que no se reduzca al despliegue militar; transformación territorial, mediante acceso a tierra, infraestructura, educación, salud, economías campesinas, justicia y alternativas dignas frente a las economías ilegales; cumplimiento integral del Acuerdo de Paz, particularmente de las medidas orientadas a transformar las condiciones territoriales que alimentan la violencia.
La experiencia demuestra que más tropas no resuelven por sí solas disputas territoriales de raíces sociales, económicas y políticas. Si las condiciones que reproducen la confrontación permanecen intactas, la violencia cambia de actor, nombre o modalidad, pero vuelve.
La alerta es para todo el país
Norosí, Ituango y Nariño no son territorios condenados a convivir indefinidamente con la guerra. Lo que allí ocurre interpela al conjunto de la sociedad colombiana. Cuando una escuela debe cerrar por un ataque, una familia abandona su vereda, los cultivos quedan atrapados en el fuego cruzado o los socorristas no pueden ingresar, no estamos ante simples cifras de seguridad: estamos ante derechos fundamentales vulnerados. La Defensoría ha advertido. Ahora corresponde al Estado convertir esas alertas en decisiones, prevención y protección efectiva, y a la sociedad exigir que así ocurra.
No basta contener la violencia, hay que transformar las condiciones que en los territorios la reproducen. La salida no puede ser una nueva carrera por el control armado de las periferias, sino una política centrada en la vida, el cumplimiento estricto del DIH, la prevención, la transformación territorial y el cumplimiento cabal del Acuerdo de Paz.
Porque cuando las comunidades son quienes siempre pierden, queda claro que la guerra puede estar disputando territorios, rentas y poder, pero no está resolviendo los problemas de quienes los habitan.
*Docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, parte de REDIPAZ. Colombia.
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