El despliegue anunciado de operativos militares y policiales en zonas urbanas evidencia una preocupante tendencia a criminalizar la protesta social y proteger intereses corporativos por encima de los derechos humanos.
El crecimiento de la militarización en los centros urbanos plantea un grave dilema ético e institucional sobre el rol de las fuerzas de seguridad del Estado. Cuando la fuerza pública, diseñada para la protección de la ciudadanía, es desplegada masivamente en las calles para contener movilizaciones, sindicatos o comunidades, se quiebra el principio de neutralidad estatal.
Rechazamos de manera enfática el uso desproporcionado de la fuerza, las tácticas de amedrentamiento militarizado y la intervención policial abusiva que legitima a las empresas vulneradoras de derechos, mientras desprotege a las poblaciones locales y a los trabajadores organizados. La seguridad urbana no puede ser sinónimo de represión ni de subordinación de la fuerza pública a intereses de grandes multinacionales.
Militarización de espacios cotidianos: Uso de escuadrones armados, vehículos blindados e intervenciones tipo operativo de guerra dentro de sectores urbanos y de trabajo.
No al sesgo institucional de la Fuerza Pública: Actuación parcializada de la Policía y escuadrones de control de disturbios (ESMAD/UNDMO), actuando como esquema de seguridad de empresas privadas que violan derechos laborales y humanos.
No a la inoperancia de los organismos de control: Complacencia o inacción por parte de entes garantistas (como la Personería o personeros delegados de DD.HH.) durante el desarrollo de los operativos coercitivos.
No a la afectación a la comunidad urbana: Creación de entornos de tensión, hostigamiento psicológico y riesgo físico para familias, trabajadores y transeúntes en sectores de alto flujo en la ciudad.
Control social y contención de la protesta: Criminalización de la exigencia ciudadana mediante tácticas de cerco militar para disuadir la libre manifestación e invisibilizar las problemáticas de fondo.
En este sentido la Cumbre Urbana Nacional y Popular advierte:
ABELARDO DE LA ESPRIELLA CON MÁS ANUNCIOS QUE PROPUESTAS, COMUNICA SU INTENCIÓN DE FORMALIZAR LO QUE POR AÑOS HEMOS DENUNCIADO: EL PARAMILITARISMO URBANO.
La propuesta de crear un “Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana”, presentada como una estrategia para enfrentar la criminalidad, busca institucionalizar mecanismos que reproducen las lógicas del paramilitarismo en las ciudades. Lejos de resolver la inseguridad en los barrios, representa un rencauche de las Convivir, que bajo el discurso de la seguridad facilitaron el fortalecimiento de estructuras armadas responsables de la persecución contra organizaciones sociales y sectores populares, así como de graves violaciones a los derechos humanos, documentadas por la CIDH y el CNMH.
Esta iniciativa encuentra eco en las nefastas alcaldías de Bogotá y Medellín, que han impulsado estrategias como los Frentes de Seguridad Ciudadana, Guardianes del Orden, Primera Línea de Seguridad y Gestores de Seguridad y Control.
Aunque fueron presentadas como soluciones a la inseguridad, durante estos gobiernos aumentaron delitos como las amenazas (44,3 % en Bogotá y 12,9 % en Medellín entre 2025 y 2026) y las extorsiones (1.798 casos en Bogotá y 919 en Medellín en lo corrido del año).
AHORA, MEDIANTE TRES DECRETOS, SE BUSCA CONSOLIDAR EL BLOQUE DE DEFENSA PARA LA SEGURIDAD URBANA, HABILITANDO LA PARTICIPACIÓN DE CIVILES —ESPECIALMENTE RESERVISTAS DE LA FUERZA PÚBLICA— EN FUNCIONES QUE CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE AL ESTADO.
Estas medidas abren la puerta a mayores escenarios de arbitrariedad, impunidad y violencia contra la población civil al promover la participación de actores civiles en funciones de seguridad que corresponden exclusivamente al Estado.
CON ELLO, SE DESDIBUJAN LOS LÍMITES ENTRE LA INSTITUCIONALIDAD Y LAS ESTRUCTURAS PARAESTATALES, REEDITANDO LA DOCTRINA DEL ENEMIGO INTERNO, HISTÓRICAMENTE UTILIZADA PARA PERSEGUIR Y CRIMINALIZAR A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y A QUIENES DEFIENDEN LOS DERECHOS HUMANOS.
RECHAZAMOS TODA INICIATIVA QUE PROFUNDICE LA MILITARIZACIÓN DE LA VIDA URBANA.
La seguridad no puede construirse sobre la persecución, el control social y la estigmatización de las comunidades, sino sobre la garantía efectiva de los derechos, la justicia social, el cuidado y el fortalecimiento de la organización popular.
¡ES URGENTE CONSTRUIR SEGURIDAD ALTERNATIVA Y POPULAR!
CUMBRE NACIONAL POPULAR
¡LA CIUDAD PARA QUIÉN!
SOMOS EL FUEGO QUE CUIDARÁ EL SUEÑO COLECTIVO:
CIUDADES EN LLAMAS DE DIGNIDAD.
EQUIPO NACIONAL DE DDHH
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