Millones de personas sostienen la vida urbana desde la informalidad, entre la precariedad y la exclusión. Esta carta interpela al poder político desde la dignidad del trabajo popular y exige que la promesa de derechos se traduzca en cambios reales y estructurales.
Por : Kavilando.org
En Colombia, la economía informal no es una anomalía, sino una condición estructural del modelo económico. De acuerdo con cifras oficiales del DANE, cerca de un millón de personas se registran como vendedores informales; sin embargo, organizaciones del sector estiman que entre 5 y 7 millones de personas dependen directamente de esta actividad para sobrevivir.
Se trata de trabajadores y trabajadoras que sostienen la vida cotidiana en las ciudades, pero lo hacen en condiciones de alta precariedad, jornadas extensas, ingresos por debajo del salario mínimo, ausencia de seguridad social y vulneración sistemática de derechos fundamentales como la vivienda, la salud y la educación.
La llegada de un gobierno progresista abrió expectativas legítimas de transformación, reconocimiento y garantía de derechos para la economía popular.
No obstante, en la práctica persisten el incumplimiento normativo como el de la Ley 1988 de 2019 y el Decreto 801 de 2022, la débil articulación institucional y políticas públicas insuficientes.
Estas limitaciones no son solo de voluntad política, sino expresión de un sistema económico que reproduce la informalidad como mecanismo funcional de acumulación, haciendo cada vez más complejas las posibilidades de cambios reales y estructurales.
Desde este lugar de exclusión, pero también de lucha y organización, la siguiente carta dirigida a los Candidatos a la presidencia, al Senado y a la Cámara de Representantes de Colombia, constituye un llamado ético y político, reconocer a los vendedores y vendedoras informales como sujetos de derechos, y asumir la transición hacia el trabajo digno no como promesa electoral, sino como una tarea urgente de justicia social, relacionamos la carta completa escrita por John Saúl Rivera:
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Estimados Candidatos a la Presidencia, al Senado y a la Cámara de Representantes de Colombia,
26.12.2025
Espero que este mensaje les encuentre bien. Me dirijo a ustedes como vendedor informal y ciudadano preocupado por la difícil situación que enfrentamos nosotros, los trabajadores de este sector, en Colombia.
Según el DANE, aproximadamente un millón de personas se encuentran ejerciendo la venta informal. Sin embargo, la realidad es que estimamos que entre 5 y 7 millones de colombianos dependemos de esta actividad para sobrevivir. Muchos de nosotros no contamos con acceso a un empleo digno. Nuestras jornadas laborales son extensas y, en muchas ocasiones, nuestros ingresos no alcanzan ni el salario mínimo. Además, carecemos de acceso a vivienda digna, salud, educación y otros derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política.
Apreciamos las iniciativas y el compromiso que han mostrado hacia los vendedores informales. No obstante, las ofertas dirigidas a este grupo por parte de diferentes entidades a nivel nacional son escasas y no son efectivas. Asimismo, es crucial mencionar que no se ha dado cumplimiento a la Ley 1988 de 2019 y su decreto reglamentario 801 de 2022, y consideramos que no ha habido un seguimiento adecuado por parte del Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de Planeación. Las condiciones en este sector poblacional requieren urgentemente mayor atención y compromiso.
Es fundamental entender cómo garantizarán el acceso a un trabajo digno y la transición de la informalidad a la formalidad. Nos gustaría conocer sus propuestas para asegurar nuestros derechos y mejorar nuestras condiciones laborales.
La situación de los vendedores informales requiere una atención urgente y un enfoque estructural que permita no solo reconocer nuestra labor, sino también proporcionar las oportunidades necesarias para vivir con dignidad. Esperamos que esto se vea reflejado en sus agendas, en su plan de gobierno y en su propuesta política.
Atentamente,
John Saúl Rivera
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