Por Milagros Salazar. IPS

El juicio oral que acaba de abrirse a 52 indígenas y mestizos por la masacre de 2009 en la noroccidental ciudad peruana de Bagua pone a prueba la independencia y la capacidad de impartir justicia de los tribunales de este país.

La fase oral comenzó el miércoles 14 en la Sala Penal de Apelaciones y Litigadora Transitoria de Bagua, en el norteño departamento de Amazonas, y la próxima audiencia será el día 26.

Los acusados son dirigentes indígenas y pobladores que tuvieron alguna participación en el enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y manifestantes el 5 de junio de 2009, que derivó en la muerte de 34 personas, 24 policías y 10 civiles, y unas 200 heridas.

Alberto Pizango (de pie) habla en una actividad de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) que preside. Crédito: Milagros Salazar/IPS

Los indígenas de esa región amazónica llevaban 60 días ocupando una vía para exigir la derogación de decretos del segundo gobierno de Alan García (2006-2011), que violaban derechos consagrados en la Constitución y amenazaban la propiedad de sus territorios.

Varios de esos decretos fueron derogados más tarde. Pero los incidentes ocuparon los títulos de la prensa nacional y tuvieron resonancia internacional.

Las actuaciones se iniciaron contra 53 nativos y mestizos. Uno de ellos falleció el año pasado. El resto enfrentan cargos penados desde seis años de reclusión hasta cadena perpetua, según explicó a IPS uno de los abogados defensores, Juan José Quispe, del no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL).

Hasta ahora, la fiscalía no ha formulado acusación contra 12 policías imputados también por los enfrentamientos, dijo Quispe.

Cadáveres de algunos de los muertos indígenas en Bagua. Crédito: Cortesía Fedepaz

Algunos de los indígenas muertos en Bagua. Crédito: Cortesía de Fedepaz

Pero sí llegó a solicitar prisión perpetua para siete de los 52 civiles, entre ellos el dirigente indígena Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que convocó la movilización amazónica.

“Nosotros acatamos el mandato de los pueblos”, dijo Pizango a IPS días antes del inicio del juicio oral.

Después de la masacre, Pizango se exilió en Nicaragua, pero regresó en mayo de 2010. Los otros acusados que se juegan la posibilidad de ser condenados de por vida son Santiago Manuim, Héctor Requejo, Ronald Requejo, Danny López, Feliciano Cahuasa y Joel Shimpukat.

Según el abogado Quispe, desde el inicio se evidenciaron irregularidades en el proceso. La justicia no aceptó el pedido de la defensa de interrogar al expresidente García y a varios de sus entonces ministros.

“La Sala dijo que no los citaban porque no eran testigos presenciales de los hechos”, dijo Quispe. “Pero este es un caso que tiene implicancias políticas”, aseguró el abogado.

Un aspecto clave es indagar si el gabinete de ministros sabía que, un día antes de la masacre, los dirigentes indígenas enviaron una carta a la comisaría de Bagua informando que se retirarían pacíficamente de la zona denominada Curva del Diablo, agregó Quispe.

Los indígenas aducen que había un acuerdo previo con los jefes policiales de que, si llegaba de Lima la orden de desalojo, habría un aviso para permitir que los manifestantes se fueran en paz.

Pero a las cinco de la mañana del 5 de junio, 600 policías emprendieron el desalojo por la fuerza de la Curva del Diablo, el tramo de la carretera que une la costa con las principales localidades selváticas del norte de este país.

Enterados de que la represión estaba causando muertos en la Curva del Diablo, los nativos awajún que ocupaban la cercana Estación de Bombeo de Petróleo Número 6, decidieron tomar represalias contra un grupo de policías apostados en el lugar.

En la primera audiencia del juicio, la Sala Penal no facilitó intérpretes de la lengua awajún.

“Se necesitaba registrar los nombres completos, lugar de nacimiento, cuántos hijos tienen, cuándo dinero ganan…”, dijo Quispe a IPS. Al final, uno de los dirigentes nativos, Merino Trigoso, “tuvo que hacer las veces de intérprete”, agregó.

Pero la falta de intérprete determinó que se suspendiera la lectura de la acusación fiscal, pues los casi 14 defensores –facilitados por el IDL, el católico Vicariato de Jaén y Aidesep— exigieron que ese documento escrito fuera traducido al awajún.

Según Quispe, el presidente del tribunal, Gonzalo Zabarburu, incurrió en otra falta al fijar el arresto domiciliario de uno de los acusados, Feliciano Cahuasa, en una ciudad distinta de la que ya le había establecido otro juez.

“Esta arbitrariedad afecta al procesado, que ya había hecho sus trámites para acatar la orden del otro juez y ahora debe buscar un nuevo domicilio donde cumplir su arresto”, explicó Quispe.

Cahuasa, acusado de la muerte del mayor Felipe Bazán durante los hechos de Bagua, pasó casi cinco años detenido sin sentencia, cuando la ley dice que nadie puede permanecer más de tres años en esa condición. La defensa logró que pasara a prisión domiciliaria.

El tribunal también incurrió en una decisión riesgosa al ordenar que se trasladara a uno de los acusados, Trigoso, hasta la comisaría durante un receso de la sesión, en lugar de dejarlo en alguna sala de los juzgados hasta la reanudación de la audiencia.

Trigoso salió custodiado por varios policías mientras fuera de los tribunales una multitud de indígenas aguardaba ansiosa.“Pudo haberse ocasionado un hecho lamentable por una absurda disposición de los jueces”, dijo Quispe.

Pero no hubo incidentes.

Una de las primeras lecciones que Bagua dejó a los indígenas es la necesidad de “pasar de la gran protesta a la gran propuesta, y de la gran propuesta a la gran acción, que consiste en el ejercicio pleno de la libre determinación de los pueblos”, aseguró Pizango a IPS.

“Los pueblos ya nunca más tomarán carreteras, porque ahora conocen la trampa del Estado peruano. Si sales a defender la voz de los pueblos, lo que recibes es agresión, bala y todo un sistema de desinformación”, añadió.