Por: Sebastián Delgado* DesdeAbajo
La puesta en marcha de la Ley de Educación Superior granjeó diversas consecuencias para la buena marcha de las universidades públicas, en especial en términos presupuestales. Hoy aparece en el escenario político la posibilidad de construir una nueva Ley de Educación Superior, y la oportunidad no debe ser desaprovechada por parte del estamento estudiantil y profesoral.
La puesta en marcha de la Ley de Educación Superior granjeó diversas consecuencias para la buena marcha de las universidades públicas, en especial en términos presupuestales. La crisis recurrente de la educación superior y de la universitaria no ha dejado de estar presente en el escenario nacional, suscitando grandes movilizaciones, debates y exigencias por parte del estudiantado. Hoy aparece en el escenario político la posibilidad de construir una nueva Ley de Educación Superior, y la oportunidad no debe ser desaprovechada por parte del estamento estudiantil y profesoral.
Hace más de 30 años que las universidades públicas del país se encuentran inmersas en una profunda crisis estructural como consecuencia, entre otras cosas, de la Ley 30 de 1992 que respondiendo a la fase neoliberal del capitalismo reorganizó el sistema educativo para responder al modelo internacional, que en el caso de la educación superior prioriza la rentabilidad y autofinanciación de las instituciones educativas y la producción de profesionales adaptados a las necesidades del mercado, limitando de manera profunda el derecho humano a la educación consagrado en la Constitución de 1991, consolidando, al mismo tiempo, el proceso de mercantilización de la educación que hoy tiene tras las cuerdas a las 32 universidades públicas con que cuenta el país.
Ante ese panorama, la sociedad colombiana ha sido testiga de grandes movilizaciones del movimiento estudiantil y universitario en demanda del fortalecimiento de la universidad pública, proceso en el cual las movilizaciones del 2011, en cabeza de la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes1 (Mane), lograron detener una reforma a la Ley 30 del entonces presidente Juan Manuel Santos que buscaba darle paso a la financiación de las universidades mediante la búsqueda de recursos por propia mano, es decir, vendiendo servicios y disponiendo sus instalaciones para el capital privado –laboratorios y otra infraestructura–, en desmedro del buen funcionamiento de los propios centros universitarios.
Aquellas masivas movilizaciones coparon con creatividad las calles del país y lograron detener la reforma, no obstante, el desgaste ejercido desde el gobierno nacional y las fracturas al interior del movimiento estudiantil impidieron concretar una reforma desde los actores universitarios que lograra superar las condiciones precarias de estos centros de estudio, ampliar su capacidad de integrar un mayor número de estudiantes y dejar abierta la construcción de otros de estos centros de estudio en regiones del país que no cuentan con ellos o donde se requieren otros que complementen los existentes.
Pese a la protesta y la propuesta estudiantil, la crisis siguió su rumbo, y la permanencia de la Ley 30.
llevó a un callejón sin salida a las universidades de la mano de un déficit que superaba los 17 billones de pesos en 2018, razón por la cual los estudiantes se volcaron a las calles nuevamente exigiendo mayor presupuesto para la educación superior, articulados alrededor de la Unión Naciones de Estudiantes de Educación Superior (Unees), logrando unas inyecciones presupuestales durante el periodo presidencial de Iván Duque, inyecciones insuficientes pues no fueron a la raíz de la problemática –la Ley 30–. Ahora, el denominado como el gobierno del cambio, tiene en los cajones de la burocracia un acumulado de demandas sociales entre las que se encuentran la exigencia de una universidad pública fortalecida y al servicio de las necesidades sociales del país.
El gobierno que encabeza Gustavo Petro ha recogido la demanda de los actores que integran las universidades públicas, expresando su compromiso para satisfacerlas. Al mismo tiempo, esperando en el Congreso de la República, o por entrar a ser tramitados, están varios proyectos de ley entre los cuales se encuentra una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 2. En algunos casos, los anuncios gubernamentales se van materializando de modo parcial y en otros están por tomar forma, suscitando satisfacción en los actores sociales de la educación superior, ya que sienten que sus demandas, enmohecidas en pliegos reivindicatorios a lo largo de las últimas décadas, por fin son valoradas y consideradas para su ejecución3. Sin embargo, es necesario que el compromiso del gobierno nacional, con el acompañamiento y debate social del movimiento universitario, logre materializar de una vez y por todas la anhelada reforma a la Ley 30.
La desfinanciación por Ley
La Ley 30 de 1992 dictaminó los términos de financiación de las universidades públicas mediante los artículos 86 y 87, así como el incremento del presupuesto de estas instituciones, especificando la cantidad necesaria para el funcionamiento y el cumplimiento de su objetivo misional, investigativo y de servicios a la sociedad civil 4. Sin embargo, desde 1993 la cobertura de las universidades ha aumentado en un 253 por ciento, mientras su presupuesto solo ha crecido el 150 por ciento, debido a que el mismo solo se actualiza con el fin de conservar el valor del dinero (Costo de vida o inflación) sin contemplar el incremento en los costos derivados del crecimiento y evolución de las universidades, es decir, el presupuesto actual de ellas es idéntico al que tenían en los años 90 (SUE, 2012)5.
Sumado al deprimente presupuesto de las universidades públicas, con todo lo que ello acarrea, la Ley 30 también afecta la dignificación laboral de los docentes, para la muestra un botón: el artículo 74, que define al docente ocasional afirma que “Los docentes ocasionales no son empleados públicos ni trabajadores oficiales, sus servicios serán reconocidos mediante resolución y no gozarán del régimen prestacional previsto para estos últimos”.
Bajo ese argumento, para el año 2004 la cantidad de docentes de planta en las 32 universidades públicas alcanzaba un número total de 10.027, poca diferencia con los 12.586 que existen al año 2019, coincidente con el congelamiento de la nómina de docentes de planta. Situación contraria a los de tiempo ocasional, que para el año 2004 sumaban 4.537 y quince años después –2019– casi duplican su número –8.756. Igual sucede con los docentes de hora cátedra, quienes pasaron de 8.388 en 2004 a 15.290 en 20196 . En el escenario planteado por la Ley 30, lo que se impone es la precariedad laboral de los docentes de la educación superior.
Por otro lado, la Ley 30 ha sido la herramienta de los gobiernos representantes de los grupos económicos para integrar la visión tecnocrática y alcanzar la formación de mano de obra, enfocando la cobertura de la educación superior hacia la educación técnica y tecnológica, y enrutando la poca cobertura de la educación universitarias hacia las necesidades del mercado.
En este marco, lo que está a la orden del día es una reforma a los mecanismos, los modos de financiación y el presupuesto de las universidades. Sin embargo, la reforma a los dos artículos que rigen su marco financiero y presupuestal no parece ser suficiente para fortalecer la universidad pública, entre otras cosas porque la Ley 30 en su artículo 2 define que “La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado”, borrando el Derecho a la Educación consignado en la Constitución Nacional.
Por ello, si queremos una salida real a la crisis de las universidades, debe plantearse al gobierno nacional una reforma que supere el carácter de servicio de la educación superior, pasando a considerarla como un derecho fundamental, universal y popular, democrático, plural y crítico.
¿Autonomía presupuestal o autonomía política?
Otro elemento de la Ley 30/92 fue el reconocimiento a la autonomía universitaria, levantado como bandera desde 1916 con el Manifiesto de Cordoba –Argentina–, autonomía brindada a la par de la crisis financiera, mercantilización y privatización de la educación superior. Como plantea Boaventura de Souza Santos: “Se trató entonces de una autonomía precaria y hasta falsa: porque obligó a las universidades a buscar nuevas dependencias, de mucho mayor costo que la dependencia del Estado y porque la concesión de autonomía quedó sujeta a controles remotos estrictamente calibrados por los Ministerios de Hacienda y Educación” 7. De ahí que al 2019, la participación de los ingresos de la Nación en el presupuesto de las universidades solo alcanzaba el 50,1 por ciento mientras que el restante 45,1 por ciento era obtenido mediante recursos propios y el 4,7 por ciento por medio de aportes de entidades territoriales8.
Es decir, la autonomía de las universidades públicas iba encaminada al elemento financiero –autofinanciación–, mientras que organizativamente las decisiones descansan en actores externos, toda vez que el artículo 64 de la Ley 30 establece al Consejo Superior Universitario como el escenario de decisión universitario, integrado mayoritariamente por actores designados por el gobierno de turno 9.
Por ello, para avanzar hacia un verdadero cogobierno y autonomía universitaria no basta con la reforma de los artículos 86 y 87, sino que es necesaria una nueva Ley de Educación Superior que logre dar respuesta a la totalidad de la crisis universitaria, a partir, de la consideración de una Asamblea Universitaria General como el escenario máximo de toma de decisiones por parte de la comunidad universitaria, delegando al Consejo Superior Universitario como el órgano colegiado de dirección y gobierno encargado de desarrollar y ejecutar las políticas trazadas por la Asamblea General Universitaria.
Así mismo, la nueva Ley debe considerar el descongelamiento de la planta profesoral, permitiendo su ampliación y terminando con la contratación precaria de docentes ocasionales y cátedra. Como parte ello, el gobierno debe avanzar en la formalización docente y en incentivos que fortalezcan la inventiva pedagógica al interior de los campus, evitando el posicionamiento de las llamadas vacas sagradas, quienes a partir de su condición de planta acosan, plagian y justifican su salario a partir de la mediocridad pedagógica.
Lo anterior evidencia que una reforma a unos artículos en especifico no solucionan otras problemáticas como, por ejemplo, la democracia y el cogobierno, la dignificación laboral y el enfoque de la educación, que se requieren para el bienestar del triestamental universitario (docentes, estudiantes y trabajadores), logrando consolidar una educación superior al servicio de las necesidades del país y de la transformación social.
Por ello, ¿De qué sirve avanzar en un aumento presupuestal mientras las decisiones de la universidad siguen sin ser tomadas por la comunidad que la habita y reconoce los problemas que la aquejan? ¿De qué sirve aumentar el presupuesto mientras la educación superior se direcciona como servicio y no como derecho? Estas y otras preguntas más deben ser abordadas en los diferentes espacios de discusión, que cada universidad, institución universitaria e instituto técnico, convoquen con el fin de construir unas decisiones alrededor de la apuestas por la reforma.
Reforma a la Ley 30: más allá de las universidades
La Ley 30 no solo rige a las universidades públicas y otros centros de educación superior, ya que dentro de su manto jurídico también se encuentra el funcionamiento del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) y el Instituto Colombia para la Evaluación de la Educación (Icfes), razón por la cual una reforma a la Ley 30 en su totalidad brindaría una solución a otras problemáticas presentes en la educación superior colombiana, más allá de las universidades, en este caso, una salida a la crisis de endeudamiento que atraviesan miles de familias, quienes vieron en los créditos educativos el recurso para poder cursar sus estudios.
De ese modo, de llevarse acabo la reforma integral a la Ley 30, debe ponerse en juicio la función del Icetex, su financiamiento y el mismo sentido del crédito, pues todo evidencia que los gobiernos han apostado priorizarlo. De hecho, en el año 2000 el 82,9 por ciento del presupuesto general de educación superior iba a las universidades públicas, mientras que en el 2016 era de un 59,4 por ciento, es decir un 23 por ciento menos en solo 16 años. Por otro lado, el Icetex tuvo un aumento del 18 por ciento en la participación dentro del presupuesto de educación superior, pasando del 2,1 por ciento en el año 2000 al 20,1 en 2016. Lo anterior debe tenerse en cuenta debido a que la mayorí a de créditos educativos, en el marco del subsidio a la demanda, terminan financiando programas educativas en universidades privadas, con un costo de matrícula mucho más alto que las universidades públicas.
Debido a lo anterior, y teniendo en cuenta que el Icetex no es una entidad bancaria, y que su misionalidad va en contravía del derecho a la educación, una reforma integral a la Ley 30 debe considerar que todos los préstamos del Icetex tendrán tasa de interés corriente igual a cero y debe considerarse un establecimiento público del orden nacional, entidad sin ánimo de lucro. De esa forma, también debe solventarse a los deudores que ven crecer su deuda ante un entidad que supuestamente permitía aumentar la cobertura. Por otro lado, debe acabarse con programas como “ser pilo paga” y “Generación E”, que en el proceso de desfinanciamiento de la educación superior pública estuvieron orientados a fortalecer a las universidades privadas, entregándoles dineros que debían estar dirigidos a mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas.
A luchar y organizarse por una nueva reforma a la educación superior
Desde la ejecución de la Ley 30, la reiterante crisis de la universidad pública no ve luz al final de túnel. Crisis que enfrentaron diferentes procesos estudiantiles, como los enunciados en este artículo los que, pese a su fortaleza no lograron concretar sus propósitos. Recogemos sus banderas y las izamos, somos continuidad y como tal no partimos de cero. Su fortaleza es la nuestra.
Con esos insumos, más los de nuestra propia cosecha, nos paramos ante el nuevo gobierno que coloca como centro de su mensaje el cambio. Tenemos espacio y luz para organizar nuestras fuerzas y exigir en las aulas y las calles una anhelada reforma integral que alivie no solo presupuestalmente, sino que garantice integralmente, el derecho a la educación superior, con universidades públicas que garanticen la universalidad, la gratuidad, la autonomía política y financiera y que se conviertan en contextos de una educación reflexiva, crítica y autónoma para la transformación de la sociedad colombiana.
De ahí que la tarea que tenemos como estudiantes no es otra que construir escenarios de formación al interior de la universidad sobre la historia del movimiento universitario, las luchas históricas y sus reivindicaciones, así como la educación superior que necesita el país, todo ello como insumo para construir el proyecto de universidad y educación superior que requerimos como sociedad. Un reto en el cual los proyectos de comunicación alternativos como desdeabajo son esenciales para poder llevar a cabo la politización deseada de las y los estudiantes.
De esa forma, las manos y mentes darán abasto para construir un encuentro nacional de estudiantes por la reforma integral a la Ley 30, en la cual se construya una agenda de movilización, se plantee un debate de cara al país y se organicen las fuerzas para de una vez por todas dar la última estocada al monstruo del neoliberalismo que no ha parado de acechar la educación pública desde hace más de 30 años.
1 La Mane alcanzó durante el 2013 la sistematización de una propuesta alternativa a la Ley 30, de dicho documento se rescatan varias propuestas aquí presentes. Para más información y para el debate recomiendo su lectura:
Mane. (2013). Elementos preliminares de articulado para la propuesta de Ley alternativa de educación superior. Recuperado de: http://manecolombia.blogspot.com/2013/10/a-lasociedad-colombiana-elementos.html
2 En el año 2022 se presentó para la discusión el proyecto de Ley 084/2022C encabezado por los representantes Ariel Ávila, Aída Avella, Gabriel Becerra, entre otros, con el objetivo de reformar los artículos sobre financiación. Ese mismo año, el 25 noviembre, el entonces Ministro de Educación Alejandro Gaviria, instaló la mesa técnica para la reforma a la Ley 30, con base en el proyecto de Ley presentado por lo congresistan antes relacionados. https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Comunicados/412730:Ministerio-de-Educacion-Nacional-instalo-una-Comision-para-la-Reforma-a-los-articulos-86-y-87-de-la-Ley-30-de-1992
3 ¿La hora de la cosecha? Periódico desdeabajo. ed. 298, 2023.
4 Congreso de la República. Ley 30 de 1992.
5 Sistema Universitario Estatal. (2012). Desfinanciamiento de la educación superior en Colombia. La realidad de la crisis en el sistema de financiación de las Universidades Estatales.
6. Sistema Universitario Estatal. (2021). Sostenibilidad y financiación de las universidades públics en Colombia.
7 De Sousa Santos, B. (2007). La universidad del siglo XXI, p. 25© cides-umsa, asdi y Plural editores.
Recuperado de http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/universidad_siglo_xxi-.pdf
8 Sistema Universitario Estatal. (2021). Sostenibilidad y financiación de las universidades públics en Colombia.
9 Integrantes del Consejo Superior universitario: el Ministro de Educación Nacional o su delegado; el Gobernador, quien preside en las universidades departamentales; Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido vínculos con el sector universitario;un representante de las directivas académicas, uno de los docentes, uno de los egresados, uno de los estudiantes, uno del sector productivo y un ex-rector universitario, además del Rector quien tendrá voz y voto.
* Estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, Bogotá.
