Afectados por el "Intercambio Víal de la 80", presentan Acción Jurídica ante constante vulneración de derechos. Medellín.

Linea Formación, Género y luchas populares

Por: Vecinos de la 80 - Clínica Jurídica Unaula.

Ciudadanos afectados por la obra pública "Conexión víal de la 80" interponen Acción Juridica como medida para defender sus derechos, alegan que el Municipio de Medellín atenta contra la Moralidad Pública y vulnera su integridad y derechos. El Juzgado 15 Administrativo Oral del Circuito de Medellín decidió mediante Auto 164 del 5 de agosto de 2020 que la Acción idónea es la Acción de Cumplimiento por cuanto la pretensión principal es la exigencia de la aplicación y el cumplimiento de los alcances de una norma, en este caso la Política Pública de Protección a Moradores.

 

 

 

0 80M

"Si bien la comunidad afectada por la obra de la Av. 80 con la Calle Colombia con el apoyo de la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad Autónoma Latinoamericana presentó la acción judicial que exige la aplicación de la Política Pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas de Medellín mediante una acción popular, el Juzgado 15 Administrativo Oral del Circuito de Medellín decidió mediante Auto 164 del 5 de agosto de 2020 que la Acción idónea es la Acción de Cumplimiento por cuanto la pretensión principal es la exigencia de la aplicación y el cumplimiento de los alcances de una norma, en este caso la Política Pública antes mencionada. Lo interesante de esto, entre otros asuntos, es que por ley (Ley 393 de 1997), la decisión de primera instancia debe proferirse en 20 días hábiles después de la admisión de la demanda que ya ocurrió"

Reproducimos dicha Acción Popular en tanto instrumento útil en el largo proceso de defensa del territorio, de derechos individuales y colectivos de las comunidades afectadas por el Desarrollo en Medellín. 

El Municipio de Medellín insiste en seguir desarrollando una intervenciones basada en dilaciones, desinformación y sin la debida garantía y protección de los derechos individuales, ambientales y colectivos. Un reiterado fenómeno en la ciudad que deja múltiples victimas del Desarrollo

La presente demanda de acción popular es coadyuvada por el colectivo Clínica Juridica de Interés Público de la Universidad Autónoma Latinoamericana conformada por: Hernán Darío Martínez Hincapié, Yurani Estefani Saldarriaga Salas, Valeria Rincón, Luis Alfonso Carreño Montes, Stephania Gómez Sierra y Sebastián Londoño Valle.

 

 

 

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ACCIÓN POPULAR CON MEDIDA PROVISIONAL – CAUTELAR

Medellín, 02 de julio de 2020
Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN (reparto)
Ciudad

Ref.: ACCIÓN POPULAR de JORGE VIVIESCAZ Y OTROS contra la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y Alcaldía de Medellín

Jorge Viviescaz, Daniel Toro A., Jacobo Viviescaz Alzate, Sergio Andrés Gómez Cardona, Lus Elena Escobar P., Ermilec Perea Murillo, Daniela Giraldo Hoyos, Mariana Hoyos Zuluaga, Luis Gonzaga Giraldo Salazar, Leonel Gutiérrez Montoya, identificados como aparecen al pie de nuestras correspondientes firmas, residentes en la ciudad de Medellín, con fundamento en el artículo 88 de la Constitución Política de 1991 y la Ley 472 de 1998, con el fin de garantizar la protección de los derechos e intereses colectivos amenazados y vulnerados, por medio del presente escrito, nos permitimos interponer acción popular en contra de la Empresa de Desarrollo Urbano representada por Wilder Echavarría Arango y la Alcaldía de Medellín, representada por Daniel Quintero Calle.

La presente demanda de acción popular es coadyuvada por el colectivo Clínica Juridica de Interés Público de la Universidad Autónoma Latinoamericana conformada por: Hernán Darío Martínez Hincapié, Yurani Estefani Saldarriaga Salas, Valeria Rincón, Luis Alfonso Carreño Montes, Stephania Gómez Sierra y Sebastián Londoño Valle.
La presente demanda se soporta en atención y con fundamento en los siguientes:

I. FUNDAMENTOS DE HECHO

A continuación se hará un relato de los hechos y del contexto que rodea la presente situación con un esquema y estructura diferente.

1. El corredor vial de la avenida 80 ha venido siendo objeto de especulaciones sobre su posible intervención desde que en el Acuerdo Municipal 048 de 2014, “Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín, y se dictan otras disposiciones complementarias”, en el apartado V sobre las “Disposiciones finales” Anexo 4, “Listado y clasificaciones de los elementos del sistema de movilidad-sistema vial urbano, vías troncales de transporte colectivo/masivo”, apareció listado como una vía troncal de transporte colectivo/masivo.

2. Partiendo de la anterior consideración, dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2016- 2019 denominado “Medellín cuenta con vos” (acuerdo municipal 003 de 2016) se estableció el reto 5.2. nombrado “Medellín por una mejor movilidad”, cuyo objetivo es planificar el sistema de movilidad y en donde además se anuncia el diseño y la
construcción del intercambio vial de la 80 para la implementación de un corredor de transporte masivo.

3. La administración municipal el nueve de agosto de 2016 a través del Decreto Municipal 1189 “Por medio del cual se anuncia el proyecto del corredor urbano de transporte de la avenida 80 y se dictan otras disposiciones” anunció la construcción de la primera fase de intervenciones al corredor vial de la Avenida 80.

4. Con la intención de iniciar las gestiones pertinentes para la construcción de la obra del intercambio vial de la Avenida 80 la Secretaría de Infraestructura Física del Municipio de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-, suscribieron el contrato interadministrativo N° 4600071130 de 2017 cuyo objeto es “contrato interadministrativo de mandato sin representación para la ejecución de proyectos viales priorizados en el municipio de Medellín”. este contrato, de acuerdo con la información suministrada en respuesta al derecho de petición con radicado EDU 201920019130 del 15 de octubre de 2019, ha presentado cinco modificaciones, la última fue el 17 de julio de 2018, en donde se “incluyó el proyecto de los intercambios viales en la av. 80, hasta la etapa de avalúos”.

5. Posteriormente, con la intención de seguir adelantando los procesos posteriores a los avalúos de la Gestión Predial, la Secretaría de Infraestructura Física del Municipio de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-, suscribieron el contrato interadministrativo N° 4600077225 de 2018 cuyo objeto es “contrato interadministrativo de mandato sin representación para culminar las actividades inherentes a la adquisición de los predios y mejoras para los intercambios viales del proyecto corredor de la avenida 80”.

6. La Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- consideró pertinente contratar otra empresa para encargarle la realización y cálculo de los avalúos e indemnizaciones de los predios que serían adquiridos para poder dar viabilidad a la construcción del intercambio vial de la Avenida 80, así el 21 de diciembre de 2018 se firmó el contrato de prestación de servicios N° 3302-763 de 2018 entre la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- y la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia cuyo objeto es “Realización de avalúos corporativos y cálculo de compensaciones económicas de conformidad con el Decreto 1420/98, Resolución 620/08 IGAC, Resolución 898/2014 IGAC, Resolución 1044/2014 IGAC y Decreto Municipal 1091/2017”.

7. Seguidamente, y ante la necesidad de acelerar las gestiones necesarias para la construcción de la obra, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal
expidió la Resolución N° 201950062447 del 8 de julio de 2019 “Por medio de la cual se  declara la existencia de motivos de utilidad pública y especiales condiciones de urgencia para el proyecto de diseño y construcción de intercambios viales en la Avenida 80 y se derogan las resoluciones 201850072558 de 2018 y 201950021705 de 2019”. En esta nueva Resolución se incluyeron más predios que fueron identificados y que debían ser adquiridos para la construcción de la obra.

8. Por otro lado, Mediante Resolución N° SEC 201950066982 del 23 de julio de 2019 “Por la cual se modifica parcialmente el parágrafo del artículo primero de la resolución del censo y diagnostico socioeconómico N° SEC 201950009181 del 8 de febrero de 2019 como línea base que identifica la población a intervenir del área de influencia del proyecto de utilidad pública e interés general de la construcción de los intercambios viales en la avenida 80” expedida por la Subsecretaria de Ejecución de la Contratación de la Secretaria de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín, se adoptó el censo y diagnóstico socioeconómico como línea base que identifica a la población a intervenir del área de influencia del proyecto de utilidad pública e interés general “Construcción de los intercambios viales en la avenida 80” de la ciudad de Medellín.

9. Se advierte finalmente que el 19 de septiembre de 2019 se firmó el contrato de obra número 3302-500.

10. Mediante el acuerdo muncicipal 145 de 2019 se expidió la Política Pública de protección a moradores y actividades económicas y productivas (en adelante PPPMAEP) que tiene como objeto, En desarrollo del artículo 5', numeral 8, se busca posibilitar la protección a moradores como una política que contemple enfoques, estrategias e instrumentos para llevar a cabo la identificación y seguimiento a poblaciónes y territorios impactados por efectos de las intervenciones físico espaciales en el marco del POT, en relación con aquellos aspectos vitales afectados, relativos al morador y a su ejercicio de morar.

Sus principios son:

Articulo 2. Principios y acciones de la protección a moradores, actividades económicas y product¡vas dentro del POT. En título ll de la parte lV del POT, el
capítulo denominado Vulnerabilidad y Riesgo social y Económico se encuentra establecido el derrotero básico de la política pública de protección a moradores,
actividades económicas y productivas estructurado a partir de los principios, acciones y alcances de la misma, constituyéndose en la base del cuerpo principalista de la politica y complementados con aquellos que contribuyen hacer posibie la implementación de la politica, según lo establecido en el capítulo ll del presente acuerdo.

11. Esta norma vigente y con fuerza vinculante para los responsables de la obra ya referenciada es fundamental para el presente caso porque permite proteger a los
moradores cuando se ven afectados por las intervenciones de obra pública. Igualmente permite espacios de participación directa y con más incidencia que las simples
reuniones informativas que hasta el momento ha ofrecido la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

12. Como moradores hemos identificado que existen los siguientes hechos como afectaciones para nuestra condición de moradores:

• Se ha afectado la salud de los moradores, hay un alto grado de contaminación auditiva y de contaminación del aire. El polvo y el humo de los carros ha afectado
negativamente la salud de las personas, toda vez que no se han adquirido todos los predios y no obstante las obras comenzaron constituyendo una acción arbitraria y
autoritaria que tiene como finalidad presionarnos para desocupar bajo cualquier condición que ofrezca la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

• Se han hecho excavaciones que han tenido como consecuencia la subida de aguas subterráneas con fuertes olores y que han facilitado el aumento de las humedades
de las casas aledañas a la obra.

• También se ha afectado el espacio público que se ha convertido en el lugar donde se han estacionado las maquinarias e implementos requeridos para las obras.

• Dadas todas las anteriores consideraciones, todos los negocios que había en el área aledaña al proyecto fueron presentando pérdidas económicas que los obligó a cerrar sus actividades económicas. 

• Hay gente que ha vivido en el sector durante toda su vida para los cuales tener que salir del mismo representa una afectación psicológica grave. Son impactos que la
obra no ha considerado. 

• También la socialización del proyecto fue escaza, la amenaza de la expropiación estuvo siempre presente, no se dio la oportunidad de una participación y
consensuada de los residentes con la administración municipal. 

• La indemnización del lucro cesante que se hace con base en el Decreto 1091 es una nimiedad, no alcanza para resarcir las pérdidas económicas de las personas que aquí
tienen sus actividades económicas y productivas.  

• Les están desconociendo a grandes negocios su situación económica entregándoles indemnizaciones que no se corresponden con sus actividades económicas.
Las afectaciones son de tipo no solo patrimonial, sino también social, política y cultural.

Estas dimensiones se entienden protegidas por la PPPMAEP. 

13. Por este motivo, consideramos que la PPPMAEP es definitiva y esencial para la atención que requerimos en nuestra condición de moradores.

II. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS AMENAZADOS O VULNERADOS

Conforme con el artículo 4 de la ley 472 de 1998 la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y la Alcaldía de Medellín con la construcción de la obra Intercambio Vial de la av. 80 con la calle Colombia (obra identificada en la Resolución N° 201950062447 del 8 de julio de 2019 “Por medio de la cual se declara la existencia de motivos de utilidad pública y especiales condiciones de urgencia para el proyecto de diseño y construcción de intercambios viales en la Avenida 80 y se derogan las resoluciones 201850072558 de 2018 y 201950021705 de 2019) pone en riesgo de violación inminente los derechos colectivos de:

1. b) Moralidad administrativa

De la misma manera el inciso final del artículo 4 de la ley 472 indica: Igualmente son derechos e intereses colectivos los definidos como tales en la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de Derecho Internacional celebrados por Colombia.

En tal sentido, se pone en riesgo de violación inminente también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 de las Naciones Unidas (PIDESC) por vía de la Observación General N° 7 sobre desalojos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. El PIDESC ha sido ratificado por Colombia el día 29 de octubre de 1969, por ende asume como mandato interpretativo de alcance jurídico las Observaciones Generales del Com.DESC conforme con la sentencias T-568 de 99, T-642 de 04, T-666 de 04, T-697 de 04 y T-827 de 04 (entre otras) el PIDESC hace parte del Bloque de Constitucionalidad y por ende vincula constitucionalmente a los agentes del Estado.

III. PRETENSIONES

1. Que se declare la responsabilidad de la Empresa de Desarrollo Urbano y la Alcaldía de Medellín conjuntamente o por separado, según lo considere el juez, por la
violación del literal B del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 por cuanto desconoció de manera arbitraria la aplicación obligatoria del Acuerdo 145 de 2019 “Política Pública
de Protección a Moradores y Actividades Económicas y Productivas” (PPPMAE).

2. Que se ordene implementar de manera plena y concertada el Acuerdo 145 de 2019 (PPPMAE).

3. Que se elabore conforme con la PPPMAEP un diagnostico de las afectaciones y los medios y modos de vida que se ven afectados por la obra pública ya mencionada
desde el inicio de la presente demanda.

4. COMO MEDIDA CAUTELAR que se ordene la suspensión de los procedimientos de notificación (y los términos que actualmente corren para quienes hayan sido
notificados) de ofertas de compra en el sector afectado por la obra en cuestión, e igualmente se suspenda las labores de construcción de la misma obra, hasta tanto
no se implemente de manera previa, integral y concertada la ejecución del Acuerdo 145 de 2019.

IV. PRUEBAS

1. Resolución N° 201950062447 del 8 de julio de 2019 “Por medio de la cual se declara la existencia de motivos de utilidad pública y especiales condiciones de urgencia para el proyecto de diseño y construcción de intercambios viales en la Avenida 80 y se derogan las resoluciones 201850072558 de 2018 y 201950021705 de 2019
2. Copia derecho de petición presentado por Daniela Giraldo
3. Constancia de radicación de petición 202020005571
4. Respuesta EDU radicado 202030003729 del 26 de junio de 2020. Petición de requerimiento para proceder a interponer acción popular
5. Respuesta EDU radicado 202030173559 del 12 de junio de 2020
6. Respuesta a solicitud con radicado EDU 202020004564 del 19 de marzo de 2020
7. Comunicado Personería Medellín 2019030807586EE
8. Respuesta de la EDU radicado 202030084667 a integrante de Clínica Juridica Universidad Autónoma Latinoamericana
9. Acuerdo 145 de 2019
10. Respuesta solicitud con radicado EDU 202020001782 del 31 de enero de 2020
11. Grabaciones e imagen del señor Jorge Viviescas relacionado con el cerramiento de su antejardin en el mes de marzo de 2020 (videos 1, 2 y 3 e imagén 1)
Inspección Judicial:

Se solicita la Inspección judicial del lugar de los hechos, a fin de verificar la mencionada vulneración de los derechos colectivos denunciados en la presente demanda.

12. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Consideraciones Generales

En el municipio de Medellín desde el año 2004 se vienen implementando obras de interés general de gran magnitud como el intercambio vial de la Av. 80 con la Calle Colombia, entre otras, que han generado gran cantidad de desplazados. En ninguna de dichas obras ha existido un plan de reasentamiento pleno, previo y concertado con las comunidades afectadas en las condiciones que ya se han expuesto, por tal motivo, es necesario e imperioso que se haga un alto, en este caso de tipo judicial, para que la administración local ejecute las obras públicas de desarrollo con respeto por los intereses colectivos y por las comunidades afectadas, en este caso a través del acatamiento del Acuerdo 145 de 2019 (Política Pública de Moradores y Actividades Económicas y Productivas).

Violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa

Procedemos ahora a presentar la argumentación jurídica específica de la razón por la cual conectamos la violación de la moralidad administrativa derivado de la ausencia de aplicación de la PPPMAEP.

La moralidad administrativa puede ser entendida desde dos aspectos. El primero de ellos es; como principio de la función administrativa, fundamentado en el artículo 209 de la Constitución Política y la ley 489 de 1998 en su artículo tercero, entendiéndose como un percepto de fundamental aplicación en los actos administrativos; y, por otro lado, se entiende como un derecho colectivo, establecido en la ley 472 de 1998 en su artículo cuarto, literal b) derecho que cuenta con un mecanismo determinado para su protección que es la acción popular.

La moralidad administrativa es un concepto amplio, que principalmente se traduce en aquellas actuaciones administrativas que deben ser concordantes con el interés general desde el cumplimiento y acatamiento del principio de legalidad y, del otro lado, su desconocimiento puede entenderse como las conductas que realiza el agente diferente a aquellas a las que debe ceñirse para ejercer la función administrativa, sea desconociendo las obligaciones legales perjudicando intereses individuales y colectivos.

Concentrandonos en el escenario de violación como el objeto jurídico que constituye esta demanda popular es preciso establecer los marcos de comprensión del desconocimiento del derecho colectivo a la moralidad administrativa. Siguiendo al Consejo de Estado en sentencia 033 de 2007, se debe hacer alusión, además, a que la violación de la moralidad administrativa tiene dos elementos que deben concurrir necesariamente para hablar de su
desconocimiento.

Un primer elemento es el objetivo; que se refiere a el quebrantamiento de la ley, en conexidad con el principio de legalidad y la violación de los principios fundamentales del derecho. Y un elemento subjetivo, que básicamente se traduce en aquellas conductas antijurídicas o dolosas a partir de la intensidad del desconicimiento de la obligación legal eludida (omitida) y que se relaciona con conductas amañadas, arbitrarias y que se alejan del cumplimiento del interés general.

De esa forma, en el presente caso existe un desconocimiento del principio – derecho de la moralidad administrativa. Para argumentar esto es necesario seguir los precedentes judiciales que existen sobre dicho principio. Se hace necesario para poder esgrimir el riesgo de violación de la moralidad administrativa que se reunan varios requisitos conforme con el Consejo de Estado.

Por un lado, existe un autor de la violación que para el presente caso hablamos se trata de una autoridad administrativa (Alcaldía de Medellín y la EDU, este último como Empresa Industrial y Comercial del Estado (Decreto Alcaldía de Medellín 158 de 2012) pero que se rige por normas de derecho público y por ende en este caso con la gestión predial cumple funciones administrativas) tal y como lo exige el alto tribunal de lo contencioso administrativo. Posteriormente se debe establecer el desconocimiento de la disposición jurídica relevante; para este último el Consejo de Estado indica que debe confluir para acreditar el desconocimiento un elemento objetivo y otro subjetivo. 

[L]os elementos esenciales que permiten determinar la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa son: i) el desconocimiento de alguna
disposición jurídica; ii) que el ejercicio de la función administrativa no se haya encauzado hacia la satisfacción del interés general, sino en aras de favorecer un
interés particular, sea este, propio o de un tercero; y iii) que se realice una imputación directa, seria y real del proceder descrito en los numerales anteriores a
una persona en específico. (…) (CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO
SERRATO VALDÉS Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 52001-23-33-000-2015-00607-02(AP)

1. Elemento objetivo para alegar violación a la moralidad administrativa Inicialmente, el elemento objetivo se relaciona con el desconocimiento de la ley.

Para esto el Consejo de Estado ha indicado lo siguiente:

2.2.1. Elemento objetivo: Quebrantamiento del ordenamiento jurídico. Este elemento puede darse en dos manifestaciones: (i) Conexidad con el principio
de legalidad y (ii) violación de los principios generales del derecho. (i) El primero corresponde a la violación del contenido de una norma jurídica
por la acción (acto o contrato) u omisión de una entidad estatal o de un particular en ejercicio de una función pública. El acatamiento del servidor público o del
particular que ejerce una función pública a la ley caracteriza el recto ejercicio de la unción pública.

Con dicha claridad nos proponemos a explicar qué normas se desconocidas por la institucionalidad (Alcaldía y EDU). Por un lado, tenemos la ley 9 de 1989 en su artículo 39 que habla de la protección a moradores para planes de renovación urbana, no obstante, en el presente caso hablamos de obras públicas de infraestuctura, de esa forma, la norma plantea por primera vez la necesidad de avanzar hacia esta protección pero lo límita a la renovación urbana que se refiere a un escenario jurídico-fáctico diferente a este de la obra pública.

Igualmente tenemos la ley 388 de 1997 que determina en su artículo 3 como uno de los fines de la función pública de urbanismo el de: 3. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del patrimonio cultural y natural.
El artículo 38 de la misma ley indica: Artículo 38º.- Reparto equitativo de cargas y beneficios. En desarrollo del principio de igualdad de los ciudadanos ante las normas, los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los desarrollen deberán establecer mecanismos que garanticen el reparto equitativo de las cargas y los beneficios derivados del ordenamiento urbano entre los respectivos afectados. Las unidades de actuación, la compensación y la transferencia de derechos de construcción y desarrollo, entre otros, son mecanismos que garantizan este propósito.

Por su parte el artículo 128 menciona la importancia de la compesar a quienes se ven afectados por la construcción de obras públicas. Artículo 128º.- Compensaciones por obras públicas. Cuando con la construcción de una obra pública, se lesione el patrimonio de un particular habrá lugar a compensaciones siempre y cuando los particulares afectados sean vecinos colindantes de la obra, soliciten al municipio su compensación y demuestren que con ella se lesiona su patrimonio de forma permanente, en los términos que establece esta Ley y su reglamento.

De esa forma, la norma antes mencionada va dirigida, entre otras cosas a exigir acciones y decisiones de planificación que garanticen equilibrio y distribución equitativa de cargas. Pero también determina la necesidad de atender los efectos negativos de la transformación urbana de la mano de las administraciones municipales.
Por otra parte, está el Acuerdo 48 de 2014 del Concejo de Medellín (Plan de Ordenamiento Terrritorial – POT – vigente en el momento) que determina en su numeral 8 del artículo 5 sobre los principios del POT de Medellín lo siguiente:

La Protección a Moradores. Como fundamento de la intervención en el territorio para la protección de los habitantes de sectores en procesos de
transformación y a los demás actores económicos, sin detrimento del principio de prevalencia del interés general sobre el particular, promoviendo un ordenamiento
territorial democrático e incluyente, que le apueste a la población como el centro de sus decisiones, y a su bienestar, como el objetivo principal. Con una sociedad que
asume la corresponsabilidad como modelo de gestión desarrollando el principio de precaución de la ley 1523 de 2.012 Igualmente los artículos 573 y siguientes la protección a moradores como un elemento esencial de la planificación y ondeamiento del espacio en la ciudad de Medellín. No se trata de un principio y de unos objetivos vacios, sino que por el contrario es la traducción de una  insatisfacción histórica que se viene convirtiendo en tendencia en el proceder de la
administración y es el fenomeno de desplzamiento por obras públicas y proyectos de renovación que se ejecutan con total ausencia de participación ciudadana y generando destrucción de arraigo, emprobrecimiento y segregación territorial, dichas situaciones pretenden ser atendidas ahora por este nuevo principio del POT de la protección a moradores.

Artículo 573. Protección a moradores y actividades productivas y económicas. En cumplimiento y desarrollo del modelo de ocupación establecido en el presente Plan, los macroproyectos, los programas de Renovación Urbana y Mejoramiento Integral y demás proyectos de infraestructura, se establece la política de Protección a Moradores y actividades productivas y económicas con base en la política de responsabilidad social definida en la Ley 9 de 1.989, en el artículo 2 de la Ley 388 de 1.997 y demás normas que lo dispongan, a fin de atender las complejidades socio-económicas y socio-culturales presentes en el territorio.

Artículo 574. Beneficiarios de la política de protección a moradores. Son todos los moradores y habitantes de un territorio que por razones de las intervenciones dadas en los macroproyectos, los programas de Renovación Urbana y Mejoramiento Integral y demás proyectos de infraestructura de gran impacto, deban trasladar de manera involuntaria su lugar de residencia y/o laboral; deberán serán atendidos de manera tal, que se procure una minimización de los impactos de su traslado en términos económicos, sociales y culturales, de conformidad con las estrategias de gestión, programas y proyectos determinados en cada uno de los instrumentos de planificación y gestión establecidos dentro del presente Plan.

La calidad de beneficiario se reconocerá independiente de la condición jurídica que ostente frente a la tenencia del lote en mención (propietarios, poseedores,
tenedores o residentes) o de la actividad productiva, ya sea formal o informal. Los beneficiarios deberán estar incluidos en el censo, diagnóstico socioeconómico o
cualquier otro mecanismo definido dentro del instrumento de planificación, que para cada caso se efectúe.

Como consecuencia de las normas anteriores se expide el Acuerdo 145 de 2019, que para el caso concreto es la norma local más importante y la que configura un marco de acción institucional inaplazable y de imperativo cumplimiento que resultó del principio del POT antes mencionado (es, precisamente la norma violada que constituye el elemento objetivo de la violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa); se trata de la “Política Pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas” que configura la obligación jurídica de las entidades que ejecuten proyectos de obra pública y programas de renovación urbana a implementar medidas participativas y reparatorias que cumplan con la función de restablecer derechos y de eliminar la tendencia historica de generar desplazamentos masivos generando graves afectaciones sin la debida reparación en obras como el tranvía de Ayacucho, Metrocable el Picacho, Puente Madre Laura, Parque Bicentenario, Plan de Renovación Urbana de Naranal (quizas uno de los casos más patéticos de violación de derechos y que es gestionado por la EDU) entre otros.

Queremos explicar ahora porque el desconocimiento de este Acuerdo 145 de 2019 constituye el elemento objetivo de la violación del derecho colectivo a la moralidad
adminstrativa. En primera medida y aunque parece obvio, el Acuerdo es, como se dijo anteriormente, una norma jurídica de tipo acto administrativo general sancionado y
adoptado (vigente) que rige con todos sus efectos a partir del momento de su publicación.

Para el caso concreto lo primero que queremos explicar es que el término “ley” se debe entender en su sentido más amplio de “norma” y por ende los actos administrativos, especialmente los de carácter general son normas en sentido jurídico y constitucional. Los  actos administrativos como objeto de regulación legal (específicamente Ley 1437 de 2011), adquieren su fuerza vinculante a partir la presunción de legalidad de la que gozan los actos generales y los particulares. De esa forma el artículo 88 de la ley 1437 indica, ARTÍCULO 88. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO.

Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo...
De esa forma, entrar a jugar con el resto del ordenamiento jurídico en su relación de jerarquía con todas las normas superiores pero que despliega en sí mismo (el acto
administrativo) todos sus efectos vinculantes.

Retomemos el asunto central de la norma que aquí se exige su cumplimiento. Inicialmente reconoce desde el artículo 1 que la PPPMAE pretende atender los efectos negativos que soportan los moradores de las intervenciones en el territorio.

Artículo 1. Objeto del Acuerdo. En desarrollo del artículo 5', numeral 8, se busca posibilitar la protección a moradores como una política que contemple enfoques, estrategias e instrumentos para llevar a cabo la identificación y seguimiento a poblaciones y territorios impactados por efectos de las intervenciones físico espaciales en el marco del POT, en relación con aquellos aspectos vitales afectados, relativos al morador y a su ejercicio de morar. 

En el mismo sentido, en el artículo 1o, en la línea 10.1.1 y 10.10.4 indican: 

1.1 Restitución y mejoramiento de la vivienda digna y adecuada. Teniendo como presupuesto la obligación del Estado de garantizar la vivienda digna y adecuada y el principio de restablecimiento y mejoramiento de condiciones iniciales, a partir de- los subsidios de vivienda de interés social y prioritario del nivel local y nacional, deberá existir un programa para el cumplimiento de esta responsabilidad en el contexto de un proceso indemnizatorio, que brinde cobertura a todos los impactados con la pérdida de la vivienda. 

1.4 Fortalecimiento de las actividades económicas y productivas para la sostenibilidad de los modos de vida y asequibilidad de los medios de vida. Este programa permitirá fortalecer las unidades productivas para el aprovechamiento de las oportunidades generadas por los proyectos de intervención, planeación y ordenamiento y establecer estrategias que mitiguen los impactos temporales, ocasionados durante el desarrollo de la obra. 

El Acuerdo menciona en el artículo 7 el alcance y los beneficiarios y las intervenciones en los cuales la institucionalidad debe aplicar íntegramente la PPPMAE. 

Artículo 7o. Alcance y beneficiarios de la política pública: Tendrá un alcance municipal y se deberá implementar en las actuaciones urbanísticas y operaciones urbanas enmarcadas en los macroproyectos y planes parciales de renovación urbana, programas y planes de regularización, Iegalización y mejoramiento integral de barrios, así como en las obras públicas de infraestructura, el plan municipal de gestión del riesgo de desastres y la estrategia de respuesta a emergencias, con el fin de minimizar los movimientos involuntarios de los moradores y los impactos económicos, sociales y culturales, generados en razón de tales intervenciones.

Se consideran beneficiarios de la presente política a todos los sujetos de derechos y obligaciones con relación al territorio que ocupan y que es impactado por una obra
o intervención y/o la materialización de un fenómeno amenazante de origen natural o antrópico.

Escenario de obras de Infraestructura: Son intervenciones sobre el territorio que sirven para dotarlo de elementos físicos: vías, redes de servicios, equipamientos, etc. que proveen beneficios locales, zonales, municipales, regionales o nacionales para el disfrute o bienestar de los habitantes y pueden ser desarrolladas por el Estado o por el sector privado, o mixto, pero tienen como finalidad el uso o aprovechamiento colectivo.

Como se puede apreciar, la norma indica claramente que los proyectos de obra pública son intervenciones físicas que generan impactos negativos en los moradores que son desplazados y por ende se requiere la aplicación de la política pública para reparar esos impactos económicos, sociales y culturales y restablecer los modos y medios de vida de los moradores afectados. Igualmente, la norma no establece limitaciones o restricciones en el tiempo, es decir, al Acuerdo 145 debe ser aplicado a todas las intevenciones allí descritas que esten generando los efectos negativos y deban ser tratados y atendidos por esta norma.

La lógica manda que no habría porque excluir de los efectos de la política pública a los moradores afectados de la intervención del intercambio vial de la av. 80 con la Calle Colombia porque el acto de declaratoria de utilidad pública fueron anteriores a la expedición de la política pública por cuanto sus efectos no son pasados y actualmente están, bajo la vigencia del Acuerdo 145 de 2019, generando efectos negativos tan palpables como los siguientes:

• Se ha afectado la salud de los moradores, hay un alto grado de contaminación auditiva y de contaminación del aire. El polvo y el humo de los carros ha afectado negativamente la salud de las personas, toda vez que no se han adquirido todos los predios y no obstante las obras comenzaron constituyendo una acción arbitraria y autoritaria que tiene como finalidad presionarnos para desocupar bajo cualquier condición que ofrezca la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

• Se han hecho excavaciones que han tenido como consecuencia la subida de aguas subterráneas con fuertes olores y que han facilitado el aumento de las humedades
de las casas aledañas a la obra.

• También se ha afectado el espacio público que se ha convertido en el lugar donde se han estacionado las maquinarias e implementos requeridos para las obras.

• Dadas todas las anteriores consideraciones, todos los negocios que había en el área aledaña al proyecto fueron presentando pérdidas económicas que los obligó a cerrar
sus actividades económicas.

• Hay gente que ha vivido en el sector durante toda su vida para los cuales tener que salir del mismo representa una afectación psicológica grave. Son impactos que la
obra no ha considerado.

• También la socialización del proyecto fue escaza, la amenaza de la expropiación estuvo siempre presente, no se dio la oportunidad de una participación y
consensuada de los residentes con la administración municipal. 

• La indemnización del lucro cesante que se hace con base en el Decreto 1091 es una nimiedad, no alcanza para resarcir las pérdidas económicas de las personas que aquí
tienen sus actividades económicas y productivas. 

• Les están desconociendo a grandes negocios su situación económica entregándoles indemnizaciones que no se corresponden con sus actividades económicas.
Las afectaciones son de tipo no solo patrimonial, sino también social, política y cultural.

Estas dimensiones se entienden protegidas por la PPPMAEP.

Aquí queremos destacar de forma breve un comunicado de la personería de Medellín que solicita que se suspendan las obras (especialmente del carril central) por los perjuicios que se han causado a los moradores y comerciantes del sector (se adjunta sta respuesta con radicado 2019030807586 del 18 de diciembre de 2019).
Precisamente en un derecho de petición que presenté a la Personería de Medellín, se cuestiona sobre el cumplimiento del artículo 573 del POT en lo referente de la protección moradores, en el cual se le responde que “no se encontraron hallazgos administrativos ni disciplinarios en el presunto incumplimiento”. Lo cual resulta incongruente, en cuanto a que en ningún documento se hace referencia a esta protección y aún menos a la Política Pública, es decir, esta ausencia demuestra el desconocimiento que hay de la norma. En la Política Pública en su art 7 se encuentra el “Alcance y beneficiarios de la política pública:

“Tendrá un alcance municipal y se deberá implementar en las actuaciones urbanísticas y operaciones urbanas enmarcadas en los macroproyectos y planes parciales de renovación urbana, programas y planes de regularización, legalización y mejoramiento integral de barrios, así como en las obras públicas de infraestructura, el plan municipal de gestión del riesgo de desastres y la estrategia de respuesta a emergencias, con el fin de minimizar los movimientos involuntarios de los moradores y los impactos económicos, sociales y culturales, generados en razón de tales intervenciones. Se consideran beneficiarios de la presente política a todos los sujetos de derechos y obligaciones con relación al territorio que ocupan y que es impactado por una obra o intervención y/o la materialización de un fenómeno amenazante de origen natural o antrópico”.

Se aplica a la perfección a la comunidad afectada, no se encuentra un argumento legal para la inobservancia e inaplicación de esta política.

Por otra parte, la política pública (PPPMAEP) trae unas “Líneas estratégicas y programas de  la política pública (…) que básicamente contiene la restitución de tangibles e intangibles de los cuales fueron despojados los habitantes de este sector y se puede constatar en el listado de afectaciones que antes se mencionó. No se tiene conocimiento alguno de la aplicación de estas líneas estratégicas para estos moradores, es decir, ¿se les comprará o expropiará y luego se desentenderán de estos? La política en todo su articulado trae disposiciones que les garantiza a estos volver a condiciones parecidas a las iniciales.

Prueba de ello es el artículo 9 de la política pública consagra los “hechos de reconocimiento y protección” Estos son aquellos aspectos a partir de los cuales y según la magnitud de los impactos se identifican oportunidades para la creación de soluciones integrales que  mejoren los modos y medios de vida de las comunidades. En el #9 se habla de “las unidades económicas y productivas formales e informales para la sostenibilidad de los modos y medios de vida”, teniendo en cuenta lo anterior, se hace hincapié en las unidades económicas de la zona, estas unidades son en su mayoría barberías. Desde la administración no se les ha dado un manejo adecuado, ¿qué sucederá con estas? ¿se reubicarán estas unidades? La política pública los protege y les da un trato, pues dentro de las líneas estratégicas está el “fortalecimiento de las actividades económicas y productivas para la sostenibilidad de los modos de vida y asequibilidad de los medios de vida” Estas actividades económicas no se pueden atacar su existencia sin por lo menos plantear un programa que procure la afectación más mínima de estos.

Es importante mencionar que la PPPMAEP propone un trato equitativo entre trabajos formales e informales, el hecho de que una actividad económica informar no posea
formalidades, no puede ser justificación para desconocer una afectación real que se le está produciendo a estos moradores. El concepto de moradores se define en general, no hay distinciones. El artículo 9 de la Política Pública, el cual menciona los hechos de  reconocimiento y protección, en su #5 abarca la protección a las unidades económicas y productivas formales e informales para la sostenibilidad de los modos y medios de vida.

No obstante, no solo se han afectado a actividades económicas, por supuesto que también a estructuras dedicadas a la vivienda, para esto también dentro de la línea estratégica de “restablecimiento, mejoramiento, sostenibilidad de los modos y medios de vida” está el programa de “restitución y mejoramiento de la vivienda digna y adecuada”. Teniendo como presupuesto la obligación del Estado de garantizar la vivienda digna y adecuada y el principio de restablecimiento y mejoramiento de condiciones iniciales. Con esto se da una crítica a la mera oferta de compra del bien o a la expropiación, los moradores tienen el derecho al restablecimiento de sus derechos, el cual no es en lo absoluto solo sacar al morador de su vivienda con una simple oferta de dinero. Además, que tampoco se puede limitar al otorgamiento de compensaciones del decreto 1091 del 2016, ya Medellín cuenta con una Política Pública que reglamenta todas las afectaciones que pueden tener los
moradores.

7- En las respuestas a los derechos de petición se mencionó que la administración se había encargado de sensibilizar y socializar el proyecto a la comunidad, esta misma responde a que esto no fue así, es por esto que hacemos precisión del artículo 13 de la política pública, que tiene el sistema de actores, roles y relaciones: relaciones. Este parte del reconocimiento de todos los actores que harán parte de las áreas de intervención territorial. De acuerdo con lo anterior, su materialización en cada proceso de intervención debe prever la presencia articulada y coordinada de los siguientes actores:

o El morador individual y colectivo
o El sector privado
o La institucionalidad Pública
o Actores de acompañamiento a la protección.

Igualmente queremos destacar algunos apartes del informe técnico de la Universidad Nacional sede Medellín (Formulación de la política pública de protección a moradores, actividades económicas y productivas: proceso y resultados Formulación de la política pública de protección a moradores, actividades económicas y productivas: proceso y resultados Libro I: Diagnóstico del problema público: impactos en los modos y medios de vida del morador, 2017) que sirvió de base para la formulación y adopción del Acuerdo 145 de 2019 (PPPMAE). Hacemos la salvedad que al exhibir apartes de este informe no queremos argumentar que esto vincula de la misma forma que una norma, pero creemos oportuno que el juez conozca lo que animo tecnicamente y jurídicamente la elaboración de la PPPMAEP En su introducción acepta que la planificación y el ordenamiento territorial genera impactos negativos que suponen la acción y la puesta en marcha de mecanismos para restablecer y
reparar esas afectaciones. 

Se entiende que el ordenamiento territorial genera impactos positivos sobre los habitantes de la ciudad, pero a su vez puede provocar afectaciones sobre grupos de población y actividades económicas y productivas que producen contextos inequitativos de acceso al suelo y al desarrollo urbano e impactan modos y medios de vida que han desarrollados los moradores como condiciones de sobrevivencia, existencia o sostenibilidad (P2).

Sin embargo, la PPPMAEP, debe establecer acciones no solo de reconocimiento y protección sino también de restablecimiento, mejoramiento y sostenibilidad de los modos y medios de vida, como se plantea a lo largo del marco estratégico y programático y a través de las actuaciones operativas e instrumentales propuestas (P 4).

Especificamente acepta que en Medellín estos efectos negativos en los modos y medios de vida (relación con el territorio, ausencia de participación efectiva, desplazamiento,  empobrecimiento, tratamiento desigual a los afectados) han sido una realidad que hasta ahora se pretende atender con el Acuerdo 145 de 2019 con el fin de reconocer los capitales jurídico, social, política, ambiental y económico.

Es una realidad reconocida por el mismo Estado que la formulación de la PPPMAEP tiene como principal motivación minimizar y evitar la generación de impactos negativos derivados de las intervenciones físico-espaciales en los territorios. Experiencias pasadas generaron desconfianza en la ciudadanía con relación a varios actores institucionales. Construir una política pública en medio de este contexto constituyó un reto para este proceso participativo (P 38).

Efectivamente nos encontramos en la situación de quienes exigimos la aplicación de la PPPMAE (moradores y habitantes afectados) y quienes se resisten a su aplicación integral y efectiva (institucionalidad – EDU y Alcaldía de Medellín). Queremos destacar que hace poco el constructor generó un daño importante en la red de acueducto del sector afectado por las obras y destruyó un muro de un local ocupado por un centro de atención pediátrico.

Esto es una manifestación más de que las obras se deben implementar pero siempre bajo un proceso previo de participación y respeto por los derechos de los moradores afectados.

Si ya se reconoció que las intervenciones estaban generando efectos negativos que debian ser atentidos con la política pública de moradores y actualmente evidenciamos las afectaciones quiere esto decir que de continuar por el camino que lleva la institucionalidad que no acepta sus errores y la aplicación del Acuerdo 145 este reconocimiento del problema no sirvió para nada efectivamente y la PPPMAE es más una fachada que pretende entregar una sensación de equidad y respeto por los derechos, pero que no tiene ninguna intención de ser materializada como lo esperan miles de moradores que tanto lucharon por esta
política pública.

2. Elemento subjetivo para alegar violación a la moralidad administrativa. Como segundo elemento necesario para argumentar el riesgo de violación o la violación
de la moralidad administrativa esta el subjetivo. No se puede considerar vulnerado el derecho colectivo a la moralidad pública sin hacer el juicio de moralidad de la actuación del funcionario para establecer si incurrió en conductas amañadas, corruptas o arbitrarias y alejadas de los fines de la correcta función pública.
Aquí es donde se concreta el segundo elemento. Consiste en que esa acción u omisión del funcionario en el desempeño de las funciones administrativas debe
acusarse de ser inmoral; debe evidenciarse que el propósito particular del servidor se apartó del cumplimiento del interés general, en aras de su propio
favorecimiento o del de un tercero.

Este presupuesto está representado en factores de carácter subjetivo opuestos a los fines y principios de la administración, traducidos  en comportamientos deshonestos, corruptos, o cualquier denominación que se les dé; en todo caso, conductas alejadas del interés general y de los principios de una recta administración de la cosa pública, en provecho particular. 

Para este caso el Consejo de Estado ha dicho que este (el elemento subjetivo) se refiere a actuaciones arbitrarias y ausentes de todo sustento legal con intención malintencionada de desconocer el orden normativo. Igualmente el Consejo de Estado ha dicho que no deben reunirse en una misma situación todos esos calificativos, es más bien una lista de ejemplos para demostrar ese elemento subjetivo.

“[…]. En efecto, sobre el papel del juez al analizar el concepto de moralidad administrativa, es importante que la determinación de su vulneración, o no, no
dependa de la concepción subjetiva de quien deba decidir, sino que debe estar relacionada con la intención o propósito que influye el acto frente a la finalidad de la
ley. En esa dirección y para la comprensión del motivo del actuar del funcionario, sirven como parámetros la desviación de poder; el favorecimiento de intereses
particulares alejados de los principios que fundamentan la función administrativa;

la inobservancia grosera, arbitraria y alejada de todo sustento legal; la conducta antijurídica o dolosa, en el entendido de que el servidor tiene la intención manifiesta y deliberada de vulnerar el mandato legal que rige su función. Se trata entonces de una concepción finalista de la función administrativa, siempre reglada y de la que siempre se espera esté al servicio del interés general y para el cumplimiento de los fines del Estado. 

Sin embargo, es importante dejar claro que el elemento subjetivo no implica una carga de la prueba para los demandantes en el sentido de evidenciar o exhibir un comportamiento de mala fe en sentido de demostrar dolo o culpa.

74. Sin embargo, esta Corporación, respecto del elemento subjetivo, ha precisado que no se trata de un juicio de responsabilidad personal del agente frente a una conducta dolosa toda vez que “[…] ese elemento subjetivo debe entenderse en los términos y para los efectos de la acción popular, cuyo objetivo no es juzgar la responsabilidad personal del servidor en los distintos ámbitos en los que esta puede verse comprometida como el fiscal, penal o disciplinario –para lo cual existen procedimientos específicos previstos en el orden jurídico–, sino determinar si se ha transgredido o amenazado una garantía colectiva […]”[54]; en esta condiciones concluyó que “[…] el análisis de la conducta del servidor y demás personas involucradas en la actuación que se cuestiona no requiere del alcance de certeza exigida en los juicios sobre la responsabilidad personal y debe acompasarse con las finalidad que le son propias a la acción prevista en el artículo 88 Superior […]”[55] (CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 23001-23-33-000- 2010-00475-01(AP)

En el presente caso consideramos que se configura un acto ARBITRARIO de la institucionalidad (Alcaldía de Medellín y EDU) el desconocimiento de la aplicación de la
política de protección a moradores por las razones que a continuación presentamos:

1. En primera medida es importante hacer una pequeña explicación de lo que se considera arbitrario, La arbitrariedad (desde el elemento subjetivo como la conducta en la cual se enmarca la presente situación) se entiende según Siches como «obrar sin arreglo a ninguna norma ni criterio objetivo y estable, el obrar sin apoyo en un fundamento dado, sólo porque sí, sólo en virtud del capricho o antojo subjetivo del momento» (Adiciones a la Filosofía del Derecho de G. Del Vecchio, cit., p. 524) Bajo la apreciación de la Corte Constitucional, “la actuación de las autoridades administrativas debe desarrollarse bajo la observancia del principio de legalidad, marco dentro del cual pueden ejercer sus atribuciones con la certeza de que sus actos podrán producir efectos jurídicos. De esta manera, se delimita la frontera entre el ejercicio de
una potestad legal y una actuación arbitraria y caprichosa. Ahora bien, en los casos en los que la actuación de las autoridades respectivas carezca de fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud  arbitraria y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de las personas.” 

Entendido ello se concibe como arbitrario aquella actuación caprichosa, sin fundamento objetivo o jurídico que debidamente la respalde.

Por ende, la arbitrariedad se relaciona con ausencia de razones para una acción ejecutada o una omisión. Se trata de un acto institucional que carece de motivos y que sus razones son amañanadas o por fuera de la razonabilidad en casos en los que se ven implicados derehcos colectivos e individuales y el Estado debe esgrimir claramente por qué una norma que protege a una población no fue aplicada conociendo que no hay restricciones para su aplicación.

2. La arbitrariedad la deducimos concretamente de la respuesta a derechos de petición donde una persona en uso del derecho de petición de interés general (estudiante
que pertence a la Clínica Jurídica de Interés Público de la Facultad de Derecho de UNAULA – grupo que coadyuva esta acción popular) pide la aplicación de la PPPMAE.
En la respuesta, la EDU y la Alcaldía (en comunicados separados) argumentan que no se aplicará porque la PPPMAEP.

Con respecto a lo anterior tenemosla respuesta de la EDU a derecho de petición de interés general con radicado 100.3.1 – 202030002112 configura el hecho arbitrario (elemento subjetivo) al no acatar y aplicar la Política Públcia de Moradores y Actividades Económicas y Productivas a partir de los siguientes argumentos:
En primer lugar las acciones a las que hace referencia la entidad son de tipo informativo y en ningún momento se generan espacios o protocolos de diálogo e interlocución que prevean posibilidades concertadas y democráticas de gestión predial y protección integral a los moradores como lo contempla la PPPMAEP. De esa forma, la política de moradores es el escenario adecuado para poder gestionar los impactos negativos tanbgibles y no tangibles de las intervenciones por obra pública o que estén generando efectos negativos a partir de la vigencia del Acuerdo 145 (Diciembre 2019).

Si bien a las reuniones asisten personas de la comunidad, la reunión se límita a informar los trámites legales para la gestion predial y no implementa mecanismos de reparación y concertación a partir de la política de moradores. Se ha reiterado de manera constante en toda la historia de las afectaciones por obras públicas de renovación que las reuniones informativas nunca será sinonimo de participación efectiva. Porque si fuera así que la EDU indique que acciones o peticiones han implementado efectivamente que correspondan a lo que los moradores han solicitado. La política pública de moradores permite escenarios de diálogo incidente que ahora pretenden ser omitidos arbitrariamente por la EDU porque significan obstaculos para la obra en detrimento de los derechos colectivos de los
moradores. 

En el apartado que se refiere a los barberos solamente se remiten al asunto normativo de los requisitos que deben cumplir para ser concedidas indemanizaciones/compensaciones, pero no desmienten que se está ejerciendo presión para desocupar los locales comerciales. De esa forma, parece interpretar la EDU que además de ejercer la repsión para que desocupen está en riesgo el reconocimiento de indemnizaciones para estos comerciantes.

Por último, en el penúltimo párrafo de la página 6 de la respuesta dan respuesta a la solicitud principal del derecho de petición. Allí se indica que la EDU no aplicará la PPPMAEP porque está no está reglamentada. Lo anterior es nuestro objeto de reclamación mediante la presente acción popular.

Por un lado, la EDU no da razones de fondo o explicaciones adecuadas de la improcedencia política y jurídica para omitir su aplicación aún reconociendo que el Acuerdo 145 está vigente y con efetos jurídicos. De esa forma, la omisión constituye una arbitrariedad por cuanto no existen razones eficientes para no aplicar la norma y sus efectos vinculantes son sometidos a la discrecionalidad de la institucionalidad. Igualmente la EDU no expone razón normativa para argumentar que para este caso es necesaria la potestad reglamentaria y en cabeza de qué autoridad recae esta potestad.

Consideramos que no procede la potestad reglamentaria el Acuerdo 145 de 2019 con el fin de suspender su vinculatoriedad jurídica, se trata más de un sofisma de la EDU para desconocer sus obligaciones legales.

No obstante la EDU no menciona explicitamente el artículo 20 de la PPPMAEP, consideramos que es relevante que el juez conozca esta disposición donde aparentemente
se menciona esa posible necesidad de reglamentación. No obstante, la EDU no exhibe dicha disosición normativa para justificar la no aplicación del Acuerdo 145.
Articulo 20'. Reglamentación de la Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas: En ejercicio de su potestad reglamentaria, el alcalde regulará el seguimiento y evaluación, los instrumentos, herramientas, el sistema de actores, roles y relaciones con sus respectivas instancias de la presente Política Pública y demás reglamentación vigente y que requieran complementarse o modificarse para la puesta en marcha de la Política de Protección a Moradores. Así mismo, podrá modificar el protocolo, atendiendo a las dinámicas poblacionales, territoriales y diferenciales, de cada intervención.

Es importante entonces interpretar y darle alcance a este artículo. Acudimos primero al tenor literal del artículo antes mencionado para argumentar que aunque al inicio de la disposición normativa indica que el Alcalde “regulará” asuntos del contenido de la política pública también agrega que esto ocurrirá cuando se “requieran” complementarse o modificarse la norma, siendo la facultad reglamentaria una compentencia que esta dirigida a facilitar una mejor aplicación de la política, pero que no condiciona la exigibilidad y aplicabilidad directa de la norma, en este caso el Acuerdo 145 (PPPMAE).

De esa forma, si entendemos la facultad reglamentaria como la competencia para precisar los alcances y darle mejor aplicación a una norma es necesario entonces entender que la aplicación de la norma como política pública no puede someterse a condicionamientos en cuanto a sus efectos protectores por cuanto la política pública perdería cualquier efecto material y jurídico en detrimento de la población afectada. De ser exigida una reglamentación como requuisito para la aplicación efectiva del Acuerdo 145 su existencia como norma (la PPPMAE) en nada contribuye a la solución de la problemática porque dependen absolutamente de la buena voluntad del alcalde que no tiene ningún interés en ejercer esta potestad. Por su parte, el POT ya evidencia la necesidad de avanzar hacia la adopción de la PPPMAE y en ningún momento exige o implementa una reglamentación necesaria posterior a la adopción de la política pública.

Para reafirmar lo anterior, el artículo 576 del POT de Medellín indica: 

Artículo 576. Alcance de la Política de Protección a Moradores. Esta política tendrá un alcance urbano o rural y se deberá implementar en los macroproyectos,
los programas de renovación y mejoramiento integral y demás proyectos de ciudad de gran impacto, de forma individual o colectiva De esa forma, es posible entender que la política de moradores una vez se adopté “deberá implementar”, por si misma, las acciones y mecanismos de protección e forma perentoria para todos los escenarios allí dispuestos, entre ellos la obra pública.

Las disposiciones normativas que regulan las facultades o funciones de los alcaldes aparecen contenidas en el artículo 315 de la constitución política, sin embargo, allí no existe una mención expresa a su facultad reglamentaria, la cual solo aparece en el artículo 91 de la ley 136 de 1994 que fue modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012, que establece en su numeral 6 la potestad de los alcaldes de “reglamentar los acuerdos municipales”.

Ahora bien, con respecto a esta facultad reglamentaria no existe mayor desarrollo normativo, es decir, no existe claridad en torno a cuándo, dónde y cómo puede el alcalde
ejercer esta potestad, solo algunos desarrollos jurisprudenciales dan luces sobre el asunto, y en todo caso es insuficiente, obligando entonces a un ejercicio de analogía con respecto a la potestad reglamentaria del presidente de la república mucho más desarrollada en el ordenamiento jurídico interno.

A través del Fallo 348 de 2009 del Consejo de Estado se realizó un análisis del objeto y el alcance de la potestad reglamentaria del presidente de la república. El análisis acierta al iniciar trayendo a colación el numeral 11 del artículo 189 de la constitución política, en donde se establece que “corresponde al presidente de la república […] ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”. Ahora bien, de la consecuente lectura del fallo es posible establecer lo siguiente; primero, que estos actos reglamentarios se encuentran subordinados a la ley que pretenden reglamentar; segundo, que deben estar encaminados a explicitar y complementar las disposiciones legales y; finalmente, garantizar su cumplida y estricta ejecución. Así entonces, y tal cual lo plantea el Consejo de Estado “los actos reglamentarios no son más que unas normas jurídicas secundarias, inferiores y
complementarias de la ley”. 

Por otro lado, dice el Consejo de Estado, que “la sumisión del acto administrativo reglamentario a la ley es absoluta y por lo mismo, se trata de decisiones necesitadas de
justificación” y que, además, no puede “suplir la ley allí donde esta es necesaria para producir un determinado efecto o regular cierto contenido”.

Reiteramos que este fallo del Consejo de Estado se hace con respecto a la potestad reglamentaria del presidente de la república, sin embargo, ante la ausencia de disposiciones normativas y jurisprudenciales con respecto al alcance de la potestad reglamentaria de los alcaldes municipales, hemos decidido emprender este ejercicio de analogía que, como conclusión, y en consonancia con el caso que nos atañe, arroja las siguientes conclusiones:

1. Deben existir motivos suficientes que permitan inferir que es necesaria la reglamentación de un acuerdo municipal, esto es, cualquier pretendido acto de
reglamentación debe contener una justificación lo suficientemente válida que amerite su existencia jurídica.

2. Los pretendidos actos reglamentarios de los alcaldes tienen posibilidades restringidas, es decir, no pueden ni ampliar ni restringir el alcance de los acuerdos
municipales. 

3. Estos actos solo tienen como finalidad dar vida práctica a ciertos acuerdos municipales, pero no se justifica su nacimiento allí donde estos han sido lo
suficientemente explícitos. En todo caso, la política pública de protección a moradores expedida a través del acuerdo municipal 145 de 2019 es lo suficientemente clara en cuanto a su ámbito de aplicación y su  alcance, esto considerando además que incluye un protocolo que regula la protección a moradores, actividades económicas y productivas en donde, entre otras cosas, están especificadas las actividades, los productos y los respectivos responsables, esto es, es suficientemente explicita en cuanto a los requerimientos para su puesta en marcha por lo que, desde cualquier punto de vista, no es necesario el uso de la potestad reglamentaria del alcalde municipal en este caso, es decir, no se justifica alegar una supuesta necesidad de reglamentación para descartar la necesaria aplicación del acuerdo municipal en
mención.

Por su parte, el Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta en Sentencia del 29 de noviembre de 2012 (Magistrada Ponente Martha Teresa Briceño de Valencia). Expediente No. 17062 indico al respecto:

Sea lo primero precisar que lo que se predica, sobre la facultad reglamentaria del gobierno nacional, se predica también, a nivel regional. Por eso, la Sala parte de
reiterar que la facultad reglamentaria, que la Constitución Política le reconoce al poder ejecutivo sea nacional o regional, es una facultad gobernada por el principio
de necesidad, que se materializa justamente en la necesidad que en un momento dado existe de detallar el cumplimiento de una ley que se limitó a definir de forma
general y abstracta determinada situación jurídica. Entre más general y amplia haya sido la regulación por parte de la ley, más forzosa es su reglamentación en cuanto
que este mecanismo facilitará la aplicación de la ley al caso concreto. 

Aquí el Consejo de Estado nos está diciendo que, aunque esa potestad reglamentaria a priori le compete al gobierno en un nivel nacional, esta también se ejerce en el nivel
regional, pero solo en los casos en donde haya una necesidad real, cuando una ley definió una situación jurídica de una manera abstracta y general, no por nada se menciona el principio de necesidad. Lo cual no ocurre en la Política Pública de Protección a Moradores.

En la sentencia Nº 1 del Juzgado Veintiuno (21) Administrativo Oral del Circuito, Medellín, de julio 29 del 2015, Se habla de las facultades reglamentarias de los Acuerdos, establecida en el artículo 91, literal a, numeral 6, de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012, aunque en realidad ambos artículos dicen exactamente lo mismo.

ALCALDES.

ARTÍCULO 29. Modificar el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el cual quedará así: Artículo 91. Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la
Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo.
Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes: 

a) En relación con el Concejo. 6. Reglamentar los acuerdos municipales “Existen leyes que han sido formuladas por el Legislador de manera tan detallada y los temas en ellas contenidos han sido desarrollados en forma tan minuciosa, que prima facie no habría espacio para una regulación ulterior. La facultad reglamentaria
no es absoluta y debe ejercerse dentro de las fronteras que marcan la Constitución y la Ley, teniendo por objeto contribuir a la concreción de la ley, encontrándose, por
consiguiente, subordinada a lo dispuesto por ella sin que sea factible alterar o suprimir su contenido ni tampoco reglamentar materias cuyo contenido esté
reservado al Legislador”. 

Esta sentencia habla de que aquellos actos que han sido desarrollados de forma minuciosa no requieren una regulación, traducido aquí como una reglamentación, esta
reglamentación tiene un límite y es que debe contribuir realmente a la ley o acto y no se puede ver como un mero ejercicio burocrático que lo que hace es entorpecer el fin de la  ley, el cual en el caso en específico es proteger a aquella población que se ve afectada por las obras urbanísticas de la administración. Se está dejando a una parte de la población de Medellín sin una protección que ya se cuenta por un requisito sin fundamento alguno.

Reinteramos, el Consejo de Estado en referencia a la potestad reglamentaria ha indicado: 

A contrario sensu, cuando la ley ha detallado todos los elementos que se requieren para aplicar esa situación al caso particular, no amerita expedir el reglamento (SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA SECCIÓN CUARTA Consejero ponente (E): STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 05001-23 31 000 2006 03105 01(20464)

Es evidente que el control judicial que recae sobre el reglamento debe cuidar que la función reglamentaria no sobrepase ni invada la competencia del legislativo, en el sentido de que el reglamento no puede ni desfigurar la situación regulada por la ley ni hacerla nugatoria ni extenderla a situaciones de hecho que el legislador no contempló.

Al margen de lo anterior, debe decirse que la potestad reglamentaria es instrumental. Su ejercicio tiene como finalidad agregar los procedimientos, órdenes o circunstancias que permitan la cumplida ejecución de las leyes, con el fin de dar vida práctica a la ley, pero si ésta en sí misma contiene todos los pormenores necesarios para su ejecución, no nace para el ejecutivo el imperativo del reglamento.

Por lo anterior, no siempre la falta de reglamentación impide el desarrollo o práctica de un mandato legal (ección Segunda. Sentencia de 14 de mayo de 2009.Consejero Ponente: Luís Rafael Vergara Quintero. Radicación número: 11001-03-25-000-2006- 00090-00(1478-06). Actor: Jorge Mario Benítez Pinedo y otro) De acuerdo con lo anterior, queremos destacar que la potestad reglamentaria se justifica cuando la norma reglamentada es oscura, muy amplia o presenta vaguedades; igualmente procede la reglamentación siempre que no se invadan las competencias de los órganos que emiten la norma. De no presentarsen las circunstancias anteriores, la reglamentación no procede o es innecesaria, con la salvedad de que de condicionarse la aplicación de la norma  rincipal a dicha reglamentación se deriva en una violación del principio de legalidad por desconocimiento de la aplicación de la norma.

Reafirmando lo anterior, la ley 1437 de 2011 menciona lo siguiente:

ARTÍCULO 89. CARÁCTER EJECUTORIO DE LOS ACTOS EXPEDIDOS POR LAS AUTORIDADES.Salvo disposición legal en contrario, los actos en firme serán suficientes para que las autoridades, por sí mismas, puedan ejecutarlos de inmediato. En consecuencia, su ejecución material procederá sin mediación de otra autoridad. Para tal efecto podrá requerirse, si fuere necesario, el apoyo o la colaboración de la Policía Nacional. 

En ese sentido, los efectos de los actos administrativos exigen su aplicación integral. 

Si bien los antecedentes existentes sobre la potestad reglamentaria se ubican en el orden del gobierno nacional (central) es importante advertir que, por ejemplo, en sentencia C-248 de 2015 citando a Karl Larenz refiere a la analogía como aquella que “se infiere, de varias disposiciones que enlazan igual consecuencia jurídica a supuestos de hecho diferentes, (…)” (Ross, Alf. El concepto de validez y otros ensayos. Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política. 1997. Pág. 13.) En este caso es posible aplicar tal concepto, toda vez que las consecuencias jurídicas de la reglamentación son iguales bien sea de carácter nacional o municipal. En concepto 11001030600020160022000 (2318), Sep. 19/17, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado explicó el contenido y alcance de la potestad reglamentaria del gobierno, ubicando sus características. Además de señalar aquellas estructurales y los límites la reglamentación puntualiza cuándo se presenta la necesidad de reglamentar y cuál es el objetivo de la reglamentación al referir que la reglamentación “Tiene como propósito precisar y detallar la ley para que de esta forma pueda ejecutarse adecuadamente” La cuestión es que, si bien este concepto refiere a la reglamentación por parte del Gobierno, las consecuencias jurídicas que tendrá, serán las mismas que si se reglamenta a nivel municipal, siendo posible realizar una analogía al respecto para concluir que, en el presente caso, no existe ese propósito para brindar claridad o aplicabilidad a la PPMAEP y con ello que debido a la falta de reglamentación esta no puede aplicarse. La política pública no es
solo clara respecto a sujetos, objeto, objetivos generales y particulares, escenarios que cobija y demás, sino que adicionalmente cuenta incluso con su propio protocolo.

Con lo cual alegar tal reglamentación como indispensable se torna una apreciación infundada. En ese sentido, nuestra intención no es equiparar la función legislativa del Congreso de la República con la función de un Concejo Municipal; lo que pretendemos es evidenciar que el argumento de la pretendida reglamentación del Acuerdo 145 debe tener en cuenta si realmente existe la necesidad de darle mayor aplicabilidad a dicha norma cuando es  bastante clara en los mecanismos y estrategias para la protección de los moradores.

Por su parte, en la respuesta de la Alcaldía de Medellín con radicado 202030084667, podemos destacar como elemento relevante que confirma la respuesta central de la EDU en cuanto también indica que es necesaria la reglamentación de la PPPMAEP que como ya se explicó es improcedente y más una actuación para evadir la responsabilidad de aplicar el acuerdo 145 de 2019.

3. De esa forma, la ausencia de razones jurídico-constitucional de parte de la institucionalidad para aplicar el Acuerdo 145 de 2019 se considera un acto arbitrario toda vez que existe la obligación legal y constitucional para ser ejecutado en el presente caso. De qué sirve tener una política pública que pretenden atender un déficit de derechos de la población desplazada por obra pública o proyectos de renovación si cada que se exige su cumplimiento arbitrariamente desconocen su aplicación y rechazan la protección de derechos a conveniencia de la misma institucionalidad.

Reiteramos, el artículo 7 del Acuerdo 145 de 2019 indica que el alcance de la protección de la política pública se extiende, entre otros, a las afectaciones que generen obras de infraestructura y que los sujetos beneficiarios son quienes habitan el territorio impactado o intervenido sin condicionamiento a algún tipo específico de proyecto o al tiempo en que se debe aplicar restringiendo su efectividad.

En el caso del intercambio Vial de la 80, se denota un caso similar, desde diversos ápices, en este caso hecho un derecho de petición dirigido a la Empresa de Desarrollo Urbano se centrará principalmente en dos que son coyunturales, el primero sobre la participación y el segundo respecto a la aplicación de la Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas PPPMAEP y el reconocimiento de los trabajadores informales, argumentando entonces por qué es mejor aplicar la PPMAEP en lugar de las disposiciones en la resolución expuestas.

Respecto a la participación, si bien no se desconoce que hubo una información generalizada incluso más a modo de exposición respecto al proyecto y su ejecutoriedad, no existe una  real participación ciudadana con la especialidad que esta amerita, menos aún de manera desvergonzada atribuir como lo hace la EDU en la respuesta al derecho de petición 202020003274 del 25 de febrero de 2020 la carencia de participación a que la gente no presentaba inquietudes sin siquiera saber si al menos entendían de qué se trataba todo ello, se necesita una atención personalizada en la que no sólo se cuente que va a suceder sino que se tenga en cuenta el descontento externo a las mencionadas reuniones que incluso podrían significar la falta de interés de las personas, la certidumbre sobre qué pasaría con cada persona y su predio nunca existió, si bien como expone el derecho de petición se les dijo cómo sería la adquisición de predios y cómo sería la obra parece que existió una gran indiferencia respecto a la posición de las personas sobre la realización misma de esta.

La PPMAEP es la herramienta que debió asegurar esa especial atención al sentir de la comunidad, teniendo en cuenta que esta contiene dentro de sus enfoques la participación como uno de ellos, planteamiento que es primordial desarrollado en el artículo 6 numeral 2 del siguiente expresando:

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